Este martes la comisión de Hacienda del Senado retomará la discusión del proyecto de ley que establece un nuevo fraccionamiento pesquero entre el sector artesanal e industrial. La iniciativa, considerada como el corazón de la ley de Pesca propuesta por el Ejecutivo, está radicada en dicha instancia desde que en enero la comisión de Intereses Marítimos de la Cámara Alta lo aprobó en general y en particular. Pero como el proyecto plantea modificaciones que afectan los ingresos fiscales, antes debía pasar por la instancia que preside el senador Felipe Kast.

Aunque el Ejecutivo le puso urgencia de discusión inmediata en tres ocasiones durante febrero, fue puesto en tabla luego de diversas protestas que protagonizaron pescadores artesanales en diferentes puntos del país, y de presiones internas en la comisión para retomar el debate.

Con todo, el debate sobre el efecto fiscal contará con una controversia. Un estudio desarrollado por Econsult contradice directamente una de las premisas del proyecto: las nuevas cuotas para los sectores industriales, menores a las actuales, conllevarían una reducción de los ingresos fiscales provenientes de dicho sector. Ello, porque en pesquerías como la del jurel -la más relevante de todas a nivel agregado- el peso del sector artesanal sería mayor.

Además del impuesto a la renta, en Chile el sector pesquero enfrenta una serie de gravámenes, siendo el principal el recaudado a través de las Licencias Transables de Pesca clase A (LTP-A), que paga un impuesto específico, y representa el 85% del total de la fracción industrial. El 15% restante está asociado a los pagos por las subastas de LTP clase B (LTP-B), las que son otorgadas a través de licitaciones y pagan anualidades. Ambas son gravámenes que sólo pagan los industriales.

Según el informe financiero del proyecto, la recaudación del impuesto específico LTP-A caería en $11.455 millones el primer año de implementación del proyecto, aumentando las mermas hasta los $12.808 millones el año dos. Sin embargo, el proyecto tendría un aumento en las anualidades asociadas a las subastas LTP-B, de $17.504 millones el año uno de implementación, y de $20.645 millones el año dos. Así, en términos globales se estima una variación positiva de la recaudación de $6.050 millones el primer año, y de $7.836 millones en régimen.

Pero para compensar la potencial pérdida de ingresos fiscales del impuesto específico LTP-A, el proyecto propone subastar gran parte del aumento de la cuota global del jurel durante los próximos tres años.

El informe “Efectos económicos del Proyecto de Ley que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial”, desarrollado por encargo de de la entidad gremial Pescadores Industriales del Biobío, estuvo liderado por Andrés Osorio, socio de Econsult. El documento afirma que, aún en un contexto de reducción en la fracción industrial, el crecimiento proyectado de la pesquería de jurel permitiría aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de las subastas de cuotas de jurel.

“Incluso considerando el efecto del nuevo fraccionamiento, los ingresos fiscales por impuestos específicos y anualidades alcanzarían US$ 125 millones en 2027, siendo un 31,1% superior al monto recaudado en 2024. De esta forma, no sería necesario incorporar las subastas de cuotas de jurel para alcanzar el ingreso fiscal actual de los gravámenes específicos pesqueros”, dice una minuta de resumen del informe.

La estimación se da luego que la cuota de jurel asignada para Chile en 2025 alcanzara un aumento récord de 25% en la última reunión de Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), lo que permitirá a Chile capturar hasta las 1.024.000 toneladas de jurel este año.

Así, la posible pérdida fiscal por el nuevo fraccionamiento del proyecto se vería compensada por los mayores ingresos fiscales derivados del crecimiento del recurso.

Según detalla el informe de Econsult, la recaudación tributaria asociada a los gravámenes del sector industrial pesquero ha aumentado significativamente, en línea con la recuperación de la pesquería del jurel, que representa alrededor de un 80% de la recaudación. De hecho, cifra la recaudación proveniente del sector industrial de 2024 en US$ 95 millones, la que se ha casi triplicado desde los US$ 36 millones de 2014. Desde entonces, la recaudación total del sector pesquero ha alcanzado US$ 680 millones.

El informe agrega que, al considerar que los gravámenes específicos a la actividad pesquera industrial representan hasta el 13,2% del valor bruto de los desembarques en Chile -frente al 7,5% en Nueva Zelanda y 3,5% en Perú- los efectos combinados de un menor fraccionamiento y una subasta de las licencias clase A para el jurel “aumentarían significativamente la carga tributaria específica del sector pesquero industrial, subiéndola a 20,9% de las ventas”.

Así, el informe advierte que “los informes financieros del proyecto de ley podrían estar subestimando tanto los ingresos fiscales como la carga tributaria del sector. Esto se debe a que no se tiene en cuenta el efecto de las nuevas licitaciones en el impuesto específico que pagan los titulares de LTP-A, ni se considera que la mayor recaudación por licitaciones se acumularía anualmente en los próximos tres años”.