Sobre la ley de plásticos de un solo uso, cuya última etapa entrará en vigor en el mes de agosto, sigue pesando la incertidumbre. Algunos sectores económicos, encabezado por el gastronómico, aseguran no estar preparados para su implementación. Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), afirma que las pequeñas y medianas empresas (pymes) no cuentan con la capacidad financiera para modificar su modelo de negocios, pero sobre todo señala que la ausencia de un reglamento para esta normativa, que debió ser publicado en 2023, les dejaría transitando a ciegas.
Su argumento es que la Ley 21.368 quedaría incompleta al no contarse con este reglamento que, entre otros aspectos, define qué es un plástico certificado. Para Picallo hubo un vuelco radical, porque la industria se había adaptado a materiales amigables con el medioambiente, como los compostables, biodegradables y reciclables: “Y aparece esta ley, que dice que todos esos elementos -en que se había invertido mucho tiempo y recursos- van a quedar al margen”.
Es una discusión que escala a otras instancias. El Congreso estudia la posibilidad de aplazar la entrada en vigor de la nueva etapa de la norma debido a la ausencia de un reglamento. Como contraparte, el Ministerio de Medio Ambiente explica que un anteproyecto de reglamento ya fue sometido a consulta pública, entre febrero y abril, dado que se solicitó ampliar el plazo por parte de sectores eventualmente regulados, a lo que se accedió para facilitar la participación.
Se recibieron más de 500 observaciones de organizaciones y de ciudadanos, por lo que se encuentran en proceso de análisis para que sean ponderadas e incorporadas en el reglamento. “Luego de ese trabajo, este reglamento será sometido al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, lo que ocurrirá en los próximos meses. Sin perjuicio de lo anterior, es relevante señalar que el mandato legal del que surge este reglamento es acotado a ciertas temáticas específicas y que la mayoría de las disposiciones que establece la ley 21.368 no dependen de definiciones reglamentarias, sino que están debidamente contenidas en dicha normativa”, respondieron desde la cartera.
Son diversas las posturas respecto a la propuesta de postergación. Para algunas organizaciones, entre ellas la coalición Supera el Plástico y Greenpeace Chile, no tiene sentido alargar la implementación. En una declaración difundida a inicios de junio, más de una docena de asociaciones señala que un aplazamiento de la obligación central de la ley, que prohíbe la entrega de desechables para el consumo dentro de los locales de expendio de alimentos, socava objetivos como la protección de ecosistemas de la amenaza que representa la contaminación por plásticos. “Las empresas tuvieron tres años para implementar estas medidas, por lo que su postergación constituiría un verdadero ‘perdonazo’ a su huella medioambiental”, recalcó el documento.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Centro de Envases y Embalajes (Cenem) tienen matices. “Nuestro gremio tiene una visión clara sobre la necesidad de avanzar hacia prácticas más sostenibles. Desde esa perspectiva, eliminar los plásticos es algo con lo que estamos totalmente de acuerdo y compartimos el espíritu original de la ley. Sin embargo, la norma no sólo prohíbe los plásticos, sino también aquellos productos que permiten su valorización y compostaje, lo que, a nuestro juicio, representa un retroceso en materia ambiental, tanto para el país como para un sector que ha avanzado significativamente en la adopción de envases y otras prácticas amigables con el medioambiente”, explicó José Pakomio, presidente de la CNC.
