En las próximas semanas será enviado al Congreso el proyecto de ley sobre Eficiencia Energética, iniciativa que busca, entre otras cosas, promover el uso eficiente de la energía, con un foco en los grandes consumidores (industriales y mineros), en la calificación energética de las viviendas y en el estándar de eficiencia de los vehículos.

Para algunos es una interrogante la razón por la cual la eficiencia energética ha de regularse, considerando que un buen uso de la energía tiene como consecuencias externalidades positivas, tales como disminución de gastos y emisiones, lo cual debiera llevar a que naturalmente seamos más eficientes.

En este sentido, si bien los actores y agentes debieran racionalmente inclinarse por medidas que promuevan el buen uso de la energía, existen una serie de barreras que dificultan y hacen más lento su desarrollo, y de ahí que sea necesaria la introducción de regulaciones en torno a la eficiencia energética, pero con una lógica que apunte más bien a la generación de la información necesaria para una mejor toma de decisiones, incentivando así el cambio de conducta.

Con la nueva ley también vamos a partir por casa, fomentando el buen uso de la energía desde el Estado. El año 2015 el gasto en energía del sector público llegó a los $200 mil millones. Se estima que se si se lograran ahorros anuales en un rango de 5 a 15%, se tendrían ahorros monetarios entre $5 mil a $15 mil millones al año, que podrían destinarse a otras políticas públicas.

Una decidida política de eficiencia energética contribuirá significativamente a aumentar la seguridad energética del país; reducir la dependencia energética de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad; reducir el uso de territorios y externalidades producto de la infraestructura y logística para la importación, generación y transporte de energía; reducir los costos de producción de los bienes y servicios; reducir drásticamente la contaminación local e intradomiciliaria y; reducir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en una reducción de la huella de carbono de nuestros productos, contribuyendo así al cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en torno al cambio climático.

Si bien los cambios culturales se desarrollan en el tiempo a través de políticas y estrategias educacionales, se trata de procesos lentos y que a veces pueden tardar años. En este sentido, una ley moderna debiera ser capaz de alinear los objetivos y visiones privadas con los de la sociedad en su conjunto, en el sentido de acelerar procesos, pero en que las decisiones surjan de la voluntad y conciencia de las personas y empresas.

Debemos tener presente que la eficiencia energética es una forma concreta de consumir menos energía manteniendo el mismo - o mejor - nivel de confort o de productividad, todo lo cual permitirá generar mayor crecimiento y competitividad para nuestra economía, y al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo las emisiones locales y globales de contaminantes para así contribuir al desarrollo sostenible del país.