Justo cuando se cumplen cuatro años de la promulgación de la Reforma Tributaria que, entre otras cosas, establece un "impuesto verde", y con millones de ojos de Chile y el mundo puestos en la denominada "zona de sacrifico" de Quintero-Concón-Puchuncaví, al alcalde de Renca, Claudio Castro (DC), se le ocurre plantear una idea: que la recaudación por este tipo de gravamen medioambiental se redistribuya de otra forma, donde la mayoría quede en las comunas más afectadas. Y además, el edil capitalino propone un nombre: Ley de Justicia Ambiental Local o simplemente, "Ley Renca".
Para entender un poco esta iniciativa -que ya tiene apoyo de congresistas y otros alcaldes-, la Ley 20.780 estableció un impuesto que grava a beneficio fiscal las emisiones al aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2) por parte de fuentes fijas. Salvo el caso de este último, para el cálculo del impuesto respectivo a todos los otros contaminantes gravados se utilizan fórmulas que dependen de la población de la comuna en la cual se ubica la fuente fija, esto como claro reconocimiento de que el impacto de dicha contaminación se percibe a nivel local.
La propuesta pasa por "corregir" una falencia de esta normativa, según indica Castro, ya que si bien los impactos de la mayoría de los contaminantes se sufren a nivel local o comunal, los impuestos son pagados a nivel fiscal central, "sin que exista línea de apoyo alguna para que las comunidades locales o circundantes a estas fuentes de emisión puedan nivelar sus herramientas o poder de negociación frente a las empresas que originan la contaminación", dice el edil.
¿Y por qué la iniciativa nace en Renca?
En esta comuna se ubican las centrales termoeléctricas Renca I y Renca II. Para hacerse una idea, sólo en 2017, esta fuente fija pagó más de US$800.000 por conceptos de contaminantes locales, y casi US$4 millones por CO2. Ahora bien, si miramos las comunas donde más se pagaron impuestos verdes el año pasado, tenemos en el top one a Mejillones, con US$47.525.438, seguida por Coronel y Puchuncaví.
La propuesta establece, además, afectar el impuesto a los tres contaminantes con dependencia de la población local (MP, NOx y SO2) para crear un fondo de proyectos medioambientales locales que, previa visación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), quede a disposición del municipio respectivo para ejecutar.
"Incluso, se puede utilizar para establecer centrales de monitoreo medioambiental. Es increíble, pero ni en Puchuncaví, ni en Quintero ni en Renca hay una. La población no sabe qué tan contaminado está su entorno", dice Claudio Castro.
Apoyo
La iniciativa, cuyo génesis y análisis técnico fue desarrollado por el ex jefe de División del MMA, Rodrigo Pizarro, buscará el apoyo de la Red Chilena de Municipios Ante el Cambio Climático, que tiene más de 50 miembros.
Pero, obviamente, concita el interés del alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco. "Cualquier tipo de tributación que permita dejar recursos en las comunas es bienvenido", dice Carrasco y agrega: "Si bien hay que estudiar con calma la propuesta, a primera vista se ve con buenas intenciones y por eso siempre estaremos abiertos a analizar con calma este tipo de ideas".
La diputada Catalina Pérez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya había escuchado la idea de parte de Castro. "Apoyamos repensar la lógica con la que los impuestos verdes funcionan en Chile.
Su implementación ha sido exitosa, pero hay espacio para mejorarlos, tanto en su monto (en particular el del C02, el cual es muy bajo al compararlo con otros países) como en su destino", indica Pérez. Con respecto a la "Ley Renca", la parlamentaria dice: "Estamos trabajando en levantar una propuesta en esa línea y dispuestos a construir las alianzas políticas necesarias para su aprobación".
Otra entidad que está participando en la idea es Adapt-Chile. Según su director nacional, Jordan Harris, "los fondos recaudados se pierden en la caja negra de los fondos fiscales, en vez de destinarse a reinversión en las comunidades locales más afectadas por la contaminación, o en obras de adaptación que las ayuden a aumentar su resiliencia ante el cambio climático".
Al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta del Ministerio del Medio Ambiente.
