Ley Karin en el sector público suma más de 5 mil denuncias y más de 170 por acoso sexual

A más de cinco meses desde que entró en vigencia la Ley Karin -el 1 de agosto de 2024-, el balance de la implementación de esta legislación, que busca garantizar espacios seguros y libres de acoso en las diferentes áreas laborales, arrojó que se han realizado 5.214 denuncias en la administración pública centralizada.

De acuerdo a una presentación del Servicio Civil, de ese total, la mayoría de las denuncias corresponde a acoso laboral con 3.276, seguido por violencia en el trabajo con 1.666 y acoso sexual con 172 casos.

Al analizar el desglose por ministerio, los datos muestran que salud lidera en todas las causales: 1.396 de violencia en el trabajo; 1.822 de acoso laboral y 72 de acoso sexual. Todas ellas suman 173.873.

El segundo ministerio con más denuncias es el de Educación con 171 por violencia en el trabajo, 627 por acoso laboral y 19 de acoso sexual con un total de 27.360.

En la tercera posición se ubica el Ministerio de Justicia, donde hay 16 denuncias por violencia en el trabajo; 196 por acoso laboral y 16 por acoso sexual llegado a 228.955. Y el en cuarto lugar aparece Agricultura con 11 causas por violencia en el trabajo; 95 de acoso laboral y 10 de acoso sexual sumando así 116 denuncias.

Los datos muestran también que 207 instituciones del sector público, lo que equivale al 92,8% del total, tiene implementado un protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo. En la vereda contraria, 6,7% dice no tenerlo implementado.

Al analizar, el sexo de las personas que realizaron la denuncia, en todas las categorías lideran mujeres. En el caso de la violencia en el trabajo, el 77,1% lo realizaron mujeres; en las denuncias por acoso laboral el 75,4% es realizada por mujeres y en el caso de acoso sexual el 89,0% la denuncia es realizada por mujeres.

Los expertos critican que todavía existan servicios que no tengan implementado el protocolo de prevención y el proceso de investigación de acoso sexual, laboral y violencia.

Para la exdirectora del Trabajo y socia de GNP Canales, Lilia Jerez “se debe considerar que uno de los elementos innovadores de la ley, y que la hacen tan influyente, es su aplicación en el ámbito público, donde no existía regulación legal sobre la materia, solo instructivos, a diferencia del sector privado donde los conceptos de acoso sexual y laboral ya existían desde hace años”.

Esta misma apreciación tiene el también exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, quien enfatiza en el hecho de que existan servicios públicos que no han implementado la ley Karin, “aunque sea un bajo porcentaje no veo justificación para que todo el Estado no esté al día con esta ley”.

En cuanto a las cifras, Jerez añade que “podemos ver que resulta concordancia entre las denuncias recibidas entre en el sector salud. Si bien el número de trabajadores es alto, la incidencia de la violencia en el trabajo, es decir actos cometidos por terceros ajenos a la relación laboral, es más alta que en otros sectores.

Fernando Arab, exsubsecretario del Trabajo, afirma que “la Ley Karin en el sector público ha tenido sin duda una puesta en marcha más lenta que en el sector privado”. Asimismo, argumenta que “de las cifras entregadas por el Servicio Civil resulta importante destacar que los casos de violencia en el trabajo constituyen la segunda causa de denuncias por esta ley, después del acoso laboral, y superando las denuncias por acoso sexual, a diferencia del sector privado donde los casos de violencia en el trabajo son los menos denunciados”.

Arab puntualizó que “los casos más graves son los de acoso sexual, donde casi el 43% de las denuncias termina con la sanción de destitución”.

Para Albornoz, “son llamativas la cantidad de denuncias en los Ministerios de Salud, Educación y también Justicia. Están muy por sobre la media de las denuncias que en el resto de los servicios. Ello es un indicador en cuanto a la necesidad de efectuar planes de intervención que revisen la situación y propongan medidas para mitigar los problemas que se están dando”. En ese contexto, puntualiza que “son insuficientes las medidas que está implementando el Servicio Civil, puesto que se requieren programas educativos mucho más potentes de modo de afrontar la explosión de denuncias en algunos servicios en particular”.