La iniciativa fue aprobada por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para pasar a la discusión en la Sala en su segundo trámite legislativo. Dicha iniciativa busca la creación de un organismo único para el cuidado de los sectores protegidos del país y su diversidad biológica.
El plan es administrar las áreas protegidas terrestres y marinas que equivalen al 21% de la superficie del territorio nacional y a las áreas protegidas marinas, que llegan al 43% de la zona económica exclusiva, según se explica en el proyecto de ley.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación del proyecto en la Comisión de Hacienda. “Estamos muy contentos de que este proyecto ya esté terminando su segundo trámite legislativo. Es una enorme satisfacción que haya sido tan transversal la aprobación”, sostuvo la autoridad.
Rojas enfatizó en la importancia de que significa para el Ejecutivo aprobar una iniciativa como esta, ya que “es un compromiso central del plan de gobierno que materializa nuestro desafío de ser un gobierno ecologista. Para esto se proyecta aumentar el presupuesto medioambiental en un 58% para crear esta institucionalidad”.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que “existe una oportunidad de diversificación, pero en una dimensión que no la teníamos en nuestro radar y que Chile, a raíz de la energía limpia y la protección del medio ambiente y la naturaleza, podría generar una ventaja comparativa que nos permita reimpulsar el desarrollo futuro del país”.
El avance del proyecto se da luego de que en agosto del 2022 la iniciativa fuera visada por la Comisión de Agricultura de la Cámara, instancia en la que estuvo durante casi dos años. El proyecto ingresó el 2011 al Congreso.
Estructuración de la ley
El proyecto se fundamenta en cuatro pilares que dependen del Ministerio del Medio Ambiente. El primero es crear un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile y que su foco esté en la protección de la naturaleza. También es crear un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que permita fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado.
En tercer lugar, figura asegurar que el SNAP promueva e incentive la conservación de la naturaleza también fuera de las áreas protegidas, incluyendo la creación de una serie de instrumentos que permitirán hacer frente a las principales amenazas que hoy enfrenta nuestra flora y fauna.
Otro pilar es dotar al Servicio de recursos humanos y financieros adecuados que sean capaces de cubrir el financiamiento en las áreas protegidas del país y la protección del patrimonio natural del país.
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