Una serie de medidas están tomando las isapres en medio del momento financiero más difícil por el que ha pasado la industria, según ha dicho el mismo gremio.

Comenzaron reuniéndose con autoridades del gobierno anterior para manifestar su inquietud, y han continuado con la actual administración. Dos isapres, Colmena y Consalud, este año interpusieron millonarias demandas de indemnización de perjuicios contra el Fisco por la dictación e implementación de la ley que creó la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP) en pandemia.

Isapre Cruz Blanca, controlada por Bupa, solicitó en marzo activar el mecanismo de solución de controversias, según lo establece el TLC firmado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de Chile. Colmena anunció la semana pasada que demandaría a los afiliados que han judicializado para dejar sin efecto la tabla de factores, aunque recientemente informó que por ahora suspendió las demandas.

Banmédica pidió reunión con el embajador de Chile en EEUU, y también se juntaron este martes con el encargado de Negocios y Jefe de Misión de la embajada de EEUU en Chile, Richard Glenn. La Asociación de Isapres también ha hecho lo suyo, y hace un par de días continuó subiendo el tono de sus declaraciones: “Las isapres ya no tienen margen de operación, hoy funcionan únicamente con aportes de capital de sus dueños y el cierre puede producirse en solo meses. Afirmar lo contrario es arriesgado”, alertaron al gobierno.

Pero no solo han iniciado acciones judiciales y reuniones con autoridades. En paralelo, las isapres también están buscando hacer más eficientes sus procesos. “Para mitigar el impacto de estos cambios regulatorios, reestructuramos nuestro negocio y redujimos costos (...) Permanecemos enfocados en este negocio en 2022 mientras el entorno normativo y político en curso continúa siendo desafiante”, dijo en marzo el CFO de Bupa, James Lenton, en su conference call con inversionistas sobre el ejercicio 2021.

Son principalmente tres los frentes en que las isapres están tomando medidas de manera más intensa en el último tiempo. Primero, iniciaron acciones por el explosivo aumento de licencias médicas que se ha observado. Según cifras de la Asociación de Isapres, el valor de las licencias médicas que se cursaron a abril de este año llegó a $ 447.777 millones, lo que significa un alza de $ 91.206 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. Ello se traduce en un incremento del 25,6%, el mayor para un primer cuatrimestre en al menos tres años.

Es por esto que la industria se ha reunido con diversas autoridades para poder manifestar su preocupación por el tema, pero también han iniciado causas judiciales contra aquellos médicos que, según han argumentado, presuntamente estarían emitiendo licencias fraudulentas. Desde Consalud señalan que en los últimos meses la isapre controlada por ILC “ha interpuesto más de 200 querellas a médicos que emiten licencias médicas irregulares ante los tribunales de justicia contra médicos que poseen gran volumen de emisión de licencias médicas posiblemente irregulares, para controlar el aumento del costo en licencias médicas”.

Esta situación no solo afecta a las isapres, sino que también al sector público. De hecho, ya prácticamente la totalidad de la cotización del 7% que debería ir a Fonasa, se destina al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).

Es en este contexto que la Fiscalía Nacional encargó a la Fiscalía Metropolitana Oriente llevar adelante una investigación contra médicos que presuntamente podrían estar emitiendo licencias fraudulentas. La fiscal regional designó para ello a los fiscales de alta complejidad Miguel Ángel Orellana y Constanza Encina.

Como segundo elemento para reducir costos, las isapres han intensificado las conversaciones con prestadores para fortalecer convenios, les han solicitado a las clínicas una mejor utilización de recursos, ya sea en alternativas de medicamentos, más soluciones ambulatorias, entre otros. Todo ello en un momento en que el costo de la salud sube a tasas de dos dígitos.

Por ejemplo: si las isapres ven que frente a una misma patología hay prestadores que deciden hospitalizar al paciente, mientras otras optan por un tratamiento ambulatorio, les comentan que pueden ahorrar un día cama con este último procedimiento. Durante la pandemia las isapres manifiestan que han sido más escuchadas por las clínicas, dada la necesidad.

El exgerente general de Colmena, Felipe Galleguillos, dijo la semana pasada que entre las medidas de eficiencia que estaban implementando “nos sentamos con los prestadores para conseguir mejores condiciones y asegurarnos de que el uso de recursos son los racionales”.

Desde Consalud señalan que, “conscientes del aumento de costo en salud que están teniendo sus beneficiarios”, han generado nuevos convenios con prestadores, tanto para atenciones quirúrgicas, potenciando los paquetes con valores preconocidos; como para atenciones ambulatorias y exámenes más comunes con copagos máximos, “permitiendo que los clientes accedan a soluciones integrales de manera más accesible, lo que a su vez redunda en una mayor eficiencia de su operación”.

Algunas isapres también han puesto foco en mejorar los canales de atención a sus afiliados para entregarles la información sobre los lugares de atención que les salen más a cuenta en cada tratamiento.

El tercer factor que están impulsando las isapres, y que es completamente interno, es un proceso de digitalización. Consalud señala que “en los últimos años el foco de trabajo es la digitalización de los procesos, lo que ha permitido hacer nuevas licitaciones de proveedores que antes entregaban servicios físicos o manuales, eficientando de esta forma el servicio de cara a los clientes y la eficiencia en costos y procesos”.

Pero al igual que en otras industrias, este proceso de digitalización también ha implicado cerrar sucursales y bajar dotación. Según cifras de la Superintendencia de Salud, desde que inició la pandemia y hasta julio de este año, las isapres abiertas han solicitado al regulador cerrar 85 sucursales. De ellas, la Superintendencia ha autorizado el cierre de 53 oficinas, y no ha permitido que se cierren 32 sucursales. Lidera las solicitudes Colmena con 25, pero Cruz Blanca encabeza el listado de peticiones aceptadas por el regulador, con 15 cierres desde inicios de 2020 (ver gráfico).

La Superintendencia afirma que” la decisión de efectuar el cierre definitivo de las sucursales por parte de las isapres, se realizó considerando la situación actual de cada una de ellas”. Y detalla que entre las razones más relevantes, está el incremento exponencial de las atenciones en forma remota producto de la pandemia, así como la “necesidad de ajustar los costos a raíz del enorme incremento de prestaciones ocurridas durante el 2021 y lo que va del 2022″, y la “imposibilidad de ajustar los precios de los planes durante dos años consecutivos y los gastos imprevistos que han tenido que enfrentar las isapres desde el año 2020″.

Pero también se han producido despidos masivos. Según números que ha entregado Banmédica al Poder Judicial, entre agosto y diciembre de 2021 desvinculó a cerca de 500 personas, principalmente agentes de ventas.

De acuerdo a cifras que entregó Cruz Blanca al Poder Judicial, en enero de 2020 tenía una dotación total de 2.195 personas. En junio de 2021 eran 1.872 trabajadores. Pero según contabiliza la Federación de sindicatos de isapres y otros afines (FEISAF), en Cruz Blanca se han sumado más despidos este año, por lo que en total calculan que se habría desvinculado a cerca de mil personas desde que inició la pandemia, cuestión que se habría concentrado en los primeros meses de este año. Entre marzo y abril Consalud despidió a cerca de 170 personas, aunque la dotación total no habría bajado porque han seguido contratando nuevos ejecutivos. Ello, para hacer “una reorientación de segmentos de la oferta comercial”, según señalan.

En Nueva Masvida registraban 1.713 colaboradores en abril de 2019, y al cierre de junio de 2022 son 1.054, principalmente por una reducción de fuerza de ventas.

Lo cierto es que en su mayoría los controladores que tienen isapres, también tienen aseguradoras. Y en un contexto donde estas empresas estiman que la nueva Constitución y el gobierno prometen acabar con las isapres, así como por la situación financiera que atraviesa el sector, la industria no ve muchos incentivos por conseguir nuevos afiliados, por lo que ahora están dando más visibilidad a los seguros de salud y fortaleciendo ese segmento, preparando el escenario por si las isapres se acaban, señalan fuentes conocedoras.

En ese sentido, también hay dos isapres, que han tomado una medida que nunca antes se había visto en la industria: están pidiendo a la totalidad de sus fuerzas de ventas que se tomen vacaciones obligatorias por 15 días, amparándose en el artículo 76 del Código del Trabajo. Ello, por varios motivos. Primero, porque durante la pandemia se acumularon muchas vacaciones, lo que también implica hacer provisiones, por lo que esta medida les ayudaría a hacer liquidez. En el caso de Colmena las vacaciones de los vendedores iniciarán el lunes. Y en Banmédica en septiembre. Eso sí, las sucursales son un tema distinto, por lo que permanecen abiertas.

En Colmena también dijeron a sus trabajadores que esto se produce porque esa semana varios tienen a sus hijos de vacaciones, argumentaron que es un mes de bajas ventas de planes dadas las vacaciones, y que julio es el mes de mayor costo técnico.

Los trabajadores están molestos. La presidenta de FEISAF, Elizabeth Soto, dice que el escenario actual al interior de las isapres “ha provocado que los trabajadores nos encontremos en el más absoluto vilo, en que los organismos del Estado han sido ineficaces para controlar a estas instituciones, especialmente con la situación que atraviesa el país de la reforma constitucional, donde los más de 5 mil trabajadores que nos encontramos en las isapres, están sufriendo despidos masivos, cesantía, restricciones arbitrarias de ingresos de afiliados y la medida por parte de la empresa de imponer obligatoriamente feriado colectivo a toda la fuerza de ventas, lo que provoca un clima de inestabilidad y vulnerabilidad de todos los trabajadores de las isapres, afectando a estos y sus familias”.