Existe consenso en que la ley que creó al Fondo de Infraestructura (Foinsa), empresa pública que tiene como propósito potenciar la inversión en infraestructura mediante concesiones, impide su normal funcionamiento. Las voces que aluden que la actual normativa requiere modificaciones surgieron cuando apenas se constituía la empresa, e incluso el gobierno se manifestó partidario de introducir cambios a la ley. Sin embargo, hasta ahora poco se sabe hacia dónde apuntan esos ajustes.
Aunque estaba previsto para el segundo trimestre el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar la normativa, los movimientos al interior de la cartera de Obras Públicas -dado que el Fisco es el principal accionista de esta sociedad- paralizaron la hoja de ruta que se venía trabajando hace varios meses. Fuentes cercanas a Foinsa comentan que incluso, el proyecto estaba redactado cuando se produjo el cambio de gabinete, el que incorporaba los ajustes más urgentes.
Son cinco los puntos que se consensuaron para ser perfeccionados en una primera instancia, a través de una ley corta. El primero, dice relación con la exigencia, por mandato legal, que la empresa estatal tenga utilidades a partir del primer año. En este punto, el enfoque que se le quiere dar es que la firma busque una sostenibilidad financiera en el largo plazo. En la industria, se considera que la condición de ganancias anuales en cada ejercicio es "un peso muy fuerte para el directorio".
Otro aspecto que se busca modificar es el uso de prendas en el financiamiento de las concesiones, lo que quedó excluido en la actual normativa. Con esto, se busca aumentar la capacidad de financiamiento a las empresas. Conocedores del proyecto señalan que este punto es de suma importancia para que oferentes se presenten a las licitaciones.
Un tercer ajuste, dice relación con el aporte de bienes nacionales de uso público que el Fisco hará al Fondo. En este punto, eso sí, se trata de una precisión para hacer efectivo esto, porque hoy ningún bien nacional de uso público puede ser de propiedad de esta empresa. Se trata de una inconsistencia, señalan conocedores, que tiene que ser resuelta. La especificación es que los bienes nacionales de uso público sean otorgados bajo concesión al Fondo.
La actual ley de concesiones establece que se requiere la autorización del MOP cuando un concesionario, que está aún construyendo la obra, quiere hacer cambios a su estructura societaria en más del 50%. Sin embargo, el la ley que creó el Fondo, estableció 15%. Otros de los cambios apuntarían precisamente a igualar ambos porcentajes y quedarse con lo que indica la Ley de Concesiones.
Que la fijación de tarifas de una concesión, sea a través de un decreto supremo del Presidente de la República, también es algo que se revisará. En este caso, explican fuentes, lo que se busca es dar mayor fortaleza legal al concesionario en esta materia.
En concreto, estos últimos cambios apuntan a poner todo en el estatus de la actual Ley de Concesiones.
Avances
Son varias las tareas que ha estado realizando la empresa desde que se designó su directorio.
De hecho, hay al menos cuatro proyectos de infraestructura identificados que podrían ser parte de este Fondo y que están en la mira de la estatal.
Fuentes señalan que algunos de estos proyectos en estudio, podrían incluso avanzar en paralelo a la tramitación de la ley que se enviará al Congreso para realizar estas modificaciones. Esto, porque los aspectos que se corrigen no deberían encontrar resistencia en el Parlamento. Sin embargo, la nueva hoja de ruta de la compañía aún no está completamente clara tras la serie de cambios.
Desde el Ministerio de Obras Públicas han señalado que "desde su puesta en marcha (del Fondo) el ministerio ha estado avocado en subsanar aspectos de carácter normativo, particularmente de la Ley 21.082, que impiden el normal funcionamiento. Entre dichos aspectos, se puede mencionar la carencia de mecanismos que permitan el adecuado financiamiento de los proyectos".
