"Más de 880 proyectos, en más de 70 países, atestiguan la experiencia y el nivel profesional de la compañía". Esa fue una de las frases que la empresa Hyundai, controladora del Consorcio Puente Chacao (CPC, que levanta la vía que unirá a la isla de Chiloé con el continente) incluyó en el comunicado que emitió el lunes, en que anunció la paralización de las obras del proyecto.
Esto, tras acusar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de incumplir compromisos contraídos, entre ellos, la compensación de los mayores costos asociados a cambios que se hicieron al proyecto, unos US$300 millones adicionales a la inversión prevista originalmente de US$700 millones.
Dos días después, tras las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien cuestionó a la empresa por anunciar a través de la prensa su decisión y no utilizar los mecanismos contractuales y legales para resolver la controversia, la compañía respondió: "Hyundai nunca necesitó emitir un comunicado de prensa de ningún proyecto, porque es su trabajo el que habla. Pero, atendido el trato descortés y abusivo que ha recibido, se siente en la necesidad de informar a los chilenos lo ocurrido con el proyecto Puente Chacao".
Sin embargo, la actual está lejos de ser la primera polémica en la que la transnacional se ha visto envuelta en sus operaciones en el mundo.
Este año, en Indonesia, Hyundai Engineering & Construction (HEC) fue investigada por sobornar a un político local, en medio de las protestas contra la construcción de una central a carbón. Según publicó en mayo Korea Times, Hyundai ofreció dineros al regente de Cirebon, ciudad donde está emplazado el proyecto, para "calmar a los residentes que protestaban en el área de la construcción" y proteger el sitio de las manifestaciones donde se construye la termoeléctrica de 1.000 MW, obras que comenzaron en 2016.
El regente de dicha localidad, Sunjaya Purwadisastra, fue juzgado por varias acusaciones de corrupción, incluido este caso, y sentenciado a prisión por su participación en el escándalo.
Cuatro años antes, en 2015 en Corea, la justicia de ese país confirmó una multa estatal a Hyundai Engineering & Construction por coludirse en un proyecto de restauración de ríos. En 2009, la Comisión de Libre Competencia (FTC, por sus siglas en inglés) multó por de 22 mil millones de wones (US$20 millones) a Hyundai E&C por coludirse con siete grandes constructores para ganar ofertas para el proyecto de renovación de los cuatro ríos en Corea del Sur. Las multas de los otras siete compañías fueron más altas.
Tras la sanción, las ocho empresas constructoras demandaron al organismo antimonopolio, negando su papel en la colusión. La batalla judicial se extendió por cinco años, hasta que la Corte Suprema de dicho país confirmó la sentencia. Según publicó la agencia Yonhap News, el fallo estableció que "si la competencia hubiera sido realmente justa, Hyundai E&C podría haber presentado ofertas más bajas". El mismo medio señaló que dicho proyecto estuvo durante mucho tiempo en el centro de la controversia producto de las acusaciones en torno a una construcción deficiente, daños ambientales irreversibles y licitaciones colusorias.
La matriz
Mayor fue el escándalo de corrupción en el que se vio relacionado el principal ejecutivo de la compañía hace más de 10 años. En 2006, un tribunal de Seúl ordenó la detención de Chung Mong-Koo, presidente del gigante surcoreano Hyundai Motor Group, acusado de desvío ilegal de fondos y soborno a funcionarios públicos. El alto directivo fue acusado, además, por la Fiscalía de Seúl de causar perjuicios millonario a la empresa. En el caso también se vieron implicados otros directivos de la compañía.
Según la acusación de la fiscalía, Chung habría empleado esos fondos ilegales para afianzar su control sobre el grupo y sobornar a funcionarios gubernamentales, a fin de reducir las deudas de las filiales del conglomerado empresarial y sacar adelante varios negocios de la construcción. Además, la Fiscalía acusó que Chung empleó parte de los dineros para campañas electorales en las elecciones presidenciales del 2002.
El presidente la compañía fue hallado culpable de los cargos y sentenciado a tres años de prisión por corrupción en 2007.
Unos meses después, Chung apeló y la sentencia a la que fue condenado fue suspendida. En 2008, el entonces Presidente de Corea del Sur, Lee Myung Bak le otorgó el pleno indulto, argumentando que era necesario para ayudar a revivir una economía en problemas.
