A más de mes desde que estallara el lío de platas por el caso Democracia Viva, el centro de pensamiento Espacio Público realizó un estudio con una serie de recomendaciones para evitar el mal uso de los recursos públicos en este tipo de transferencias a privados y avanzar en la agenda de probidad que ha estado pendiente en los últimos años.
“Se busca contribuir a que, tal como lo ha hecho en el pasado, nuestro país pueda aprovechar la ventana de oportunidad abierta por los recientes escándalos, logrando materializar avances concretos en la construcción de una institucionalidad más íntegra, transparente, proba y eficiente”, sostiene el director del think tank, Eduardo Engel.
El estudio, al que accedió Pulso, también está suscrito por la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides, el director Alejandro Barros y el investigador Benjamín García.
“El objetivo es nutrir el debate público con información que permita evaluar la naturaleza del problema a resolver, evitando tanto la minimización del mismo como la implementación de medidas desproporcionadas que perjudiquen la eficiencia en la provisión de servicios públicos”, afirma Paula Benavides.
1. Registro único
El estudio propone avanzar en la construcción de un registro único de todas las instituciones privadas que reciban fondos públicos bajo el mecanismo de compras públicas (gastos en bienes y servicios), transferencias corrientes, transferencias de capital, entre otros.
Los investigadores precisan que en el corto plazo es necesario reformular el actual Registro de Colaboradores de forma que se incorpore la información necesaria para permitir el control ciudadano, incluyendo documentos corporativos de las instituciones privadas, su situación financiera y fuentes de financiamiento, entre otros.
Es necesario que “se establezcan mecanismos y sanciones que aseguren que la información disponible esté al día”, añade el documento.
2. Mayor regulación
En el texto también se recomienda avanzar hacia una regulación permanente y general de las transferencias que el Estado realiza a instituciones privadas.
“Dicha regulación debe contenerse en una ley marco que defina procedimientos, criterios y requisitos claros y de general aplicación para los concursos en que puedan participar los privados y para los convenios que estos celebren”, resalta el estudio de los integrantes de Espacio Público.
Recomienda, además, establecer reglas que regulen los conflictos de intereses de las instituciones privadas que pudieran recibir los recursos y de quienes ocupen sus cargos directivos.
“Un mecanismo que puede ser incorporado en la ley consiste en la obligación del funcionario público que aprueba la asignación, de firmar una declaración expresa de no tener conflictos de interés en la celebración del acto. Aunque los efectos jurídicos de dicha declaración son limitados, es esperable que este requisito adicional pueda modificar positivamente la conducta funcionaria en ciertos casos límite”, concluye el think tank.
3. Mejor control
El documento también incursiona en medidas que permitan una mayor transparencia y mejor control del uso de los recursos públicos asignados a las instituciones privadas.
Entre ellas propone que la información detallada sobre las transferencias del Estado a instituciones privadas deba ser incorporada al portal de Presupuesto Abierto, de manera de permitir la fiscalización ciudadana.
“La ley marco u otra normativa que regule las transferencias a instituciones privadas debe establecer las normas mínimas que deben contener los convenios en relación a la descripción de las actividades a realizar, los hitos de ejecución, los plazos de cumplimiento de estos y las normas sobre rendición de cuenta de los recursos”, precisa el estudio.
Asimismo, recomienda que el pago de los recursos públicos deba estar asociado al debido cumplimiento de los hitos de ejecución de las actividades encomendadas a las instituciones privadas. “El proceso de control debe incluir la emisión de informes públicos de cumplimiento por las instituciones privadas, los que deben ser aceptados digitalmente por el servicio u órgano público respectivo, de manera previa a la facturación y el pago”, plantea.
4. Leyes y transparencia 2.0
Según el informe de Espacio Público, es fundamental asegurar la transparencia de todo el proceso de inscripción, asignación y ejecución de recursos públicos por instituciones privadas. “En ese sentido, se debe acelerar la tramitación de la ley de transparencia 2.0 que contiene normas que mejorarán sustantivamente las obligaciones de transparencia de las instituciones privadas que reciben fondos públicos”, indica el documento, que también propone acelerar el proyecto que modifica la ley de compras públicas que se tramita en el Congreso.
Paralelamente, Espacio Público cree necesario exigir el cumplimiento efectivo de la obligación de envío mensual a la Dirección de Presupuestos de todas las nóminas de trabajadores y servidores a honorarios por parte de los órganos y servicios públicos, y municipalidades.
“La disponibilidad de dicha información, idealmente en un formato que permita su procesamiento, permitiría una mejor fiscalización de las contrataciones efectuadas por los órganos y servicios públicos, permitiendo detectar situaciones irregulares, tales como personas que ejerzan dobles funciones”, añade el documento.
Por último, el estudio propone la obligación de transparentar la información sobre los beneficiarios finales de las instituciones privadas que reciben fondos públicos y sobre sus principales fuentes de financiamiento. “Lo anterior debe ser considerado también para aquellas instituciones privadas que efectúen labores de incidencia pública”, finaliza el texto.
