Hay mucha gente en nuestro país relacionada a la producción que dan nuestros campos, con historias de dulce y de agraz en relación con el negocio agrícola. En todos ellos, hay denominadores comunes.
El primero, consustancial al rubro, es el amor irrenunciable y sufrido a nuestra "Pachamama", citando la lengua quechua. El otro, es el notable crecimiento y eficiencia en la producción por hectárea, que eran impensados años atrás.
Esto se ha logrado no sólo por nuevas tecnologías, sino que, especialmente, gracias a la flexibilidad laboral. Ha sido esencial en épocas de cosecha que el productor agrícola pueda contratar mano de obra local, en forma temporal, la que hoy -en general- es bien pagada.
Como consecuencia, se ha obtenido también una mejora en el nivel de vida en nuestros campos y un menor interés para emigrar a las grandes ciudades.
El aumento demográfico mundial debiera ser otra de nuestras preocupaciones, porque lo producido por nuestra tierra será clave en la sustentabilidad alimenticia de nuestro país.
Chile no tiene la suerte de nuestro vecino de tener uno de los graneros más grandes del planeta. Nuestra gente ha debido trabajar fuerte para que, con una franja estrecha de territorio, se obtenga una de las mejores frutas y vinos del mundo.
Eso no ha sido obra de la suerte, y pienso que se debe al especial apego de la mayoría de los empresarios agrícolas que, a diferencia de otros negocios, trabajan con la camisa arremangada codo a codo con los temporeros para sacar adelante la siempre riesgosa producción anual.
Tal vez, sólo las personas ligadas al campo pueden entender plenamente mis palabras.
Lamentablemente, es posible que la mayoría de nuestros legisladores no conozcan bien el rubro, porque, a pesar de la razonada oposición de la SNA para su aplicación al agro, aprobaron un proyecto del 2015 que regula los contratos por obra o faena, con una aplicación gradual a tres años.
La nueva ley (Nº21.122) del 28 de noviembre y que regirá desde enero de 2019, tiene tres grandes pilares: el feriado anual (vacaciones); una indemnización por término de trabajo de dos y medio días de remuneración por cada mes, si el contrato tiene una duración mayor a la mensual; y, la presunción de la existencia de un contrato indefinido, si las diferentes tareas o etapas de un trabajo agrícola son objeto de dos o más contratos sucesivos.
No es que me oponga a una mejor regulación, buscando protecciones y evitando abusos o precariedades, como vacaciones dignas y cobertura de salud. Lo que me parece grave, es el afán político de aplicar viejos paradigmas o lógicas de otros trabajos, a temas que requieren una visión más especializada.
Temo que la falta de flexibilidad de estas normas pueda afectar la estacionalidad y transitoriedad de los trabajos en nuestros campos y sean, finalmente, perjudiciales para generar más y mejores empleos, por los mayores costos para el rubro.
Si esto ocurre, sólo será por el interés de los políticos de aparecer como "sobreprotectores", tal como el sacristán que, con tantos cuidados, terminó matando al señor cura.