"O los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia", palabras de Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del área económica, en el contexto de los Pactos de la Moncloa en España, acuerdos que surgieron como respuesta ante la crisis económica de los años 70 y que se convirtieron en un paradigma mundial de diálogo y convivencia democrática entre todas las fuerzas políticas y los territorios en pugna. Algo similar se concretó en Chile el 15 de noviembre de 2019, con el "Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución", propósitos que se han visto empañados por la intransigencia y el sectarismo.

Resulta inquietante enfrentar un proceso de la magnitud que supone la creación de una nueva Constitución bajo este clima de improvisación y falta de certezas. De individualismo y racionalidad instrumental, que desinforma a la opinión pública, la que en su gran mayoría carece de la información y los elementos de juicio suficientes sobre temas que afectarán significativamente su vida cotidiana en el mediano y largo plazo.

Hay quienes insisten en una suerte de refundación del Estado, dejando en claro que de no concretarse bajo sus condiciones sufriremos las consecuencias, principalmente la violencia. Otros proponen reformar la Constitución, dentro del marco institucional vigente, procurando conciliar continuidad con cambio.

Introducir reformas y mejoras a la Constitución es siempre una opción válida en una sociedad democrática y resulta deseable abrirse a los cambios. Pero al mismo tiempo, es fundamental evaluar si esos cambios son necesarios o convenientes o, si bien, dado el momento que atraviesa Chile, resultan nocivos, apresurados o contrarios al bien común, sirviendo sólo los intereses de un sector de la ciudadanía.

En un contexto de evidente desconfianza, de ausencia de sentido colectivo, de falta de liderazgos políticos capaces de encausar las demandas ciudadanas y sin que haya sido posible restablecer el orden público - impidiendo desarrollar procesos transversalmente relevantes como la PSU - tanto los cambios como la inamovilidad constitucional, resultan riesgosos y contraproducentes.

El camino que se plantea como única vía posible es buscar el diálogo y el debate responsable, con altura de miras y sobre un diagnóstico serio, tanto sobre aspectos procedimentales como sobre elementos de fondo que tienen impacto directo en la estabilidad institucional y en el progreso económico. Más aun considerando la necesidad de asegurar una regulación que permita la implementación de políticas de gobiernos de tendencias disímiles, que reconozca y valore nuestra tradición, así como también la experiencia y gobernabilidad que han sido el sello de nuestro país por décadas y que son fruto del esfuerzo conjunto.

Han transcurrido casi tres meses desde el inicio de esta crisis. No hemos logrado la paz social y las referencias a los cambios constitucionales siguen siendo alusiones vacías, sin concreción, que más bien parecen eslóganes que solo sirven para atizar posturas radicalizadas. El clima de convivencia hostil dificulta los acuerdos que Chile necesita con urgencia y que debieran encontrar su fundamento y fuerza en la generosa voluntad de las fuerzas democráticas de avanzar en medio de discrepancias y hacerlo dejando de lado a los sectores que buscan imponer su agenda por medio de la violencia.