El anuncio finalmente llegó este martes. En medio de la construcción de un proyecto inmobiliario en marcha en la comuna de Huechuraba el Ministerio de Hacienda, el de Vivienda, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) anunciaron que al fin se afinaron los detalles para el proyecto de ley que busca reducir los dividendos propuesto por los gremios.

La iniciativa que busca reactivar el mercado inmobiliario sobre todo en lo que respecta a viviendas nuevas ingresó este miércoles a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde iniciará su primer trámite legislativo, en la Comisión de Hacienda, pero ya de regreso del receso de febrero.

“De los plazos, por supuesto, se encargan en el Congreso Nacional. Lo que esperamos es que, como nos ha ocurrido en otras oportunidades que hemos propuesto medidas de incentivo a los créditos hipotecarios, hemos logrado aprobarlo con bastante celeridad. Tenemos la dificultad que tenemos el receso de verano en el Parlamento, pero vamos a trata de avanzar lo más rápido posible”, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel, cuando anunció el proyecto.

Según el escrito presentado este miércoles, hay dos principales antecedentes por los que se impulsa la ley. En primer lugar, la situación financiera de las personas y familias de nuestro país, afirmando que “el sueño de la casa propia se ha vuelto inalcanzable (...) Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, una familia de ingresos promedio debe ahorrar más de 11 años para comprar una propiedad. En 2003, el periodo de ahorro era de solo 4 años. En otras palabras, en los últimos 20 años, el acceso a la vivienda se ha postergado dramáticamente, casi triplicándose el periodo de ahorro”, sostiene.

En segundo lugar, la situación del sector construcción e inmobiliario, que actualmente tiene “el mayor stock de viviendas de los últimos 30 años, teniendo en cuenta que la alta carga financiera y sobreendeudamiento de las personas y familias les dificulta la adquisición de una vivienda”, se lee en el proyecto.

Pese a las medidas, la industria sigue en crisis, “siendo la falta de ahorro una barrera de entrada, otra parte relevante del problema es el alto valor de los dividendos, que termina por excluir a otro tanto de la población. Esto último se explica, principalmente, por las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios”, dice el documento.

En primer lugar, propone un subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Se otorgarán 50.000 beneficios e incluye una cuota prioritaria de un 10% de los subsidios para la compra de primeras viviendas que complementa el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu, para viviendas que no superen las 3.000 UF.

El subsidio será de hasta sesenta puntos base (60pb) destinado a compraventas celebradas desde el 1 enero del 2025. No podrá otorgarse el subsidio a créditos hipotecarios que sean novados. Sólo se podrá solicitar financiamientos hasta 12 meses después de la fecha de publicación de esta ley.

Como ejemplo, el ministro de Hacienda expuso ayer: “Si se les da una vivienda de 4.000 UF, el dividendo sería de alrededor de $775.000 pesos y bajaría a $677.000, es decir, una baja cercana a los $90.000 mensuales (...) Corresponde a una tasa de interés que todavía nos vamos a demorar mucho para llegar a ver en el mercado”, sentenció.

En segundo lugar introduce cambios en la ley que creó en Fondo de Garantías Especiales (Fogaes). Entre estos se renueva el Fogaes Construcción hasta el 31 de diciembre de 2025; y se crea un nuevo programa de apoyo (al alero del fondo) a la vivienda enfocado en las unidades nuevas que se entregarán en conjunto al subsidio.

Además se crea un nuevo programa de garantías para la recuperación productiva regional para atender el rezago que ha experimentado particularmente la Región del Biobío, aunque podría extenderse a otras. Esto, para empresas cuyas ventas anuales sean superiores a 25 mil UF, pero inferior a 1.000.000 UF.

Por último, también introduce modificaciones a le ley que establece normas sobre el arriendo de viviendas con promesa de compraventa. En concreto, se busca eliminar la obligatoriedad de abrir una cuenta de ahorro para el arrendamiento con promesa de compraventa.

El jefe de la billetera fiscal informó que para estas medidas se comprometerán cerca de US$280 millones brutos. El 70% de este costo se compensaría a través del IVA y otros impuestos.