“La persona que busca no está disponible. Por favor, deje un mensaje”. Esto es lo único que hoy se oye desde el contestador automático de las oficinas de Sartor, el aproblemado grupo financiero fundado y presidido por el ingeniero comercial Pedro Pablo Larraín Mery. A mediados de abril, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra de la Administradora General de Fondos (AGF) Sartor, actualmente en liquidación, y ocho de sus máximos exdirectores y exejecutivos.

Fue un golpe que Larraín no esperaba, dicen en su entorno. Estaba preparando su defensa ante las primeras medidas del regulador -que considera desproporcionadas- cuando la CMF acentuó su ofensiva, acusando ahora a la propia AGF, a Larraín (presidente de la gestora) y su plana mayor; el gerente general, Juan Carlos Jorquera Salhus; el gerente de inversiones, Alfredo Harz Castro; y los directores Michael Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda (también socio), Miguel León Núñez, Mauro Valdés Raczynski y Rodrigo Bustamante García (también socio) de “no actuar con la debida diligencia para cautelar los fondos administrados” y “proporcionar información falsa al mercado”.

Eso fue lo que más le afectó. Especialmente, por las consecuencias que podría generar una acusación como ésa: desde multas hasta prohibiciones para operar. E incluso una arista penal. Pero sobre todo, por el golpe a la reputación y confianza, dos elementos sin los cuales es muy difícil poder operar en el negocio financiero.

Concentrado en defenderse, en salvar su nombre y lo que va quedando de su negocio, el empresario pasa los días rodeado de su familia. Trata de llevar una vida lo más normal posible, en medio de una situación que jamás imaginó en la ascendente carrera de Sartor, un grupo financiero que partió como una pequeña oficina de inversiones y que en menos de una década ya estaba instalado como uno de los jugadores relevantes del negocio de la deuda privada, aprovechando la reticencia de los bancos a prestar plata a clientes riesgosos. En el mercado hay quienes sostienen que si se suman los fondos regulados que Sartor administraba (US$ 360 millones), además del factoring y otros negocios financieros, el grupo que fundó Larraín llegó a manejar en sus mejores tiempos una cartera cercana a los US$ 740 millones.

Pedro Pablo Larraín hoy solo tiene tiempo para su defensa. Se excusó de hablar con Pulso, por encontrarse en ello. Los estudios Albagli Zaliasnik y Winter Etcheberry lo representan en su disputa con la CMF y en las denuncias que algunos exclientes ya comenzaron a llevar a tribunales.

El reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de la CMF de prohibir primero el ingreso de más aportantes a los fondos que administraba, en noviembre de 2024, y de revocar, un mes después, la autorización de existencia de la AGF, es el pilar de su defensa. Larraín considera que la decisión del regulador, además de desproporcionada, fue “infundada”. La CMF denunció que parte importante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF se usaban para financiar negocios donde participaban personas relacionadas a los directores y accionistas mayoritarios de la administradora, evidenciando conflictos de intereses, falta de análisis de riesgo adecuado y provisiones.

Para el empresario, eso hirió de muerte a Sartor, negocio al que le ha dedicado la mayor parte de su vida y en el que también se involucró parte de su familia. En la firma trabajaba su cónyuge, la sicóloga Ximena Carvallo, gerenta de personas del grupo y quien además es socia de Inversiones Quisis Ltda. que posee el 49,07% de las acciones de Asesorías e Inversiones Sartor, controladora de la AGF.

En el grupo también participaba el hermano de Pedro Pablo Larraín, Carlos, director de la AGF y de Danke SF SpA, un holding de empresas que a su vez controlaba al factoring Emprender Capital (eCapital), cuyos activos forman parte del fondo Sartor Leasing, hoy en liquidación. Carlos Larraín, actual CEO de la petrolera Aramco en Chile, vendió su participación en Danke SF SpA en diciembre del año pasado en $ 1 millón y según diversas fuentes consultadas ha buscado desmarcarse del caso, recalcando que a él solo lo une un lazo familiar con el dueño principal de Sartor.

Relaciones rotas

Hoy, PPL o PP como también lo llamaban en la oficina, está distanciado de algunos de sus socios, especialmente de Óscar Ebel, quien se autodenunció ante la Fiscalía Metropolitana Oriente a fines del año pasado, algo que en el mercado es visto como una acción de salvaguarda ante la eventualidad de que el Ministerio Público aplique la nueva Ley de Delitos Económicos que sanciona penalmente a directivos y empresas. Cercanos a Larraín dicen que aunque él ha intentado obtener una explicación de Ebel -la autodenuncia además contendría algunos errores graves- no ha encontrado respuesta. Siguen comunicados, pero él todavía no logra comprender esa acción de quien consideraba un cercano.

Con el gerente general corporativo de Sartor Finance Group, Carlos Ubeda, las relaciones también están rotas. Su desmarque no fue “en los mejores términos”, dicen quienes conocieron de su salida. Ubeda fue el hombre que en los primeros días del caso se dedicó a tratar de calmar a algunos de los clientes.

En mejores términos quedaron las relaciones con otro socio, Rodrigo Bustamante, quien desde febrero preside Andes Capital, una firma de inversiones continuadora de Sartor Capital Wealth Management SpA.

Desde que partió el caso, Larraín ha debido dar numerosas explicaciones, elegir lugares no tan expuestos al público para reunirse a tomar un café y ha sentido en carne propia el alejamiento de algunos amigos y cercanos con quienes venía haciendo negocios hace años. Una de las características que tenía Sartor -el sello de su fundador- era cultivar relaciones largas con sus clientes, muchas pymes, de regiones o con fortunas medianas o nuevas. A varios, él mismo los fue a captar a sus lugares de origen, los “descubrió” para ofrecerle negocios.

Por eso, en su pelea con la CMF sus abogados hablan de que el regulador generó la “muerte y extinción jurídica de la compañía” y que la autoridad no habría medido el impacto de las decisiones tomadas.

Hace algunas semanas, Larraín celebró que la Corte Suprema declarara finalmente admisible una querella suya en contra de exinversionistas de Sartor, quienes lo demandaron el 8 de febrero por los delitos de estafa, apropiación indebida y negociación incompatible. En su querella por “denuncia calumniosa”, el empresario los llamó “meros prestamistas que hoy pretenden aprovechar el revuelo mediático del, así llamado, caso Sartor para hacerse pasar por inversionistas”. En ese escrito, queda en evidencia que la firma pagaba tasas bien atractivas para financiar sus negocios: entre 0,7% y 1,1% mensual, harto más que un depósito a plazo en la banca.

También consideró positivo para sus intereses el reclamo de algunos exaportantes de los fondos de Sartor a la actuación de la CMF.

Volver a empezar

Refugiado en su fe -es católico, devoto de la Virgen de Guadalupe- sus cercanos dicen que está confiado en que “al final la verdad se impondrá”, aunque sabe que la gravedad de las acusaciones de la CMF y la multiplicidad de flancos abiertos son una cruz con la que tendrá que cargar por muchos años. Se está haciendo a la idea de tener que “volver a empezar”, según personas que hablaron con Pulso. Lo describieron como de buen ánimo, tranquilo -pero con paso acelerado-, impecable como siempre y con el teléfono en mano.

¿Cómo se iba a imaginar él que acabaría así su proyecto al que le dio el nombre de “sastre”, porque su idea era hacer negocios a la medida de sus clientes? Fundó Sartor Finance Group en 2012 y en 2016 creó la hoy cuestionada AGF. Ahí estaba el trabajo de toda una vida, como deslizó a fines de febrero, cuando cumplió los 46 y los conmemoró en su casa de Vitacura, rodeado únicamente de sus más cercanos. Su familia, especialmente su padre, Carlos Larraín Corsen, ha sido su principal soporte, incluso en lo económico, ante las restricciones generadas por el caso, aseguran en su entorno, aunque hay quienes afirman que ha podido sostenerse sin problemas.

No obstante, en los tribunales laborales, extrabajadores de Emprender Capital Servicios Financieros, una de las empresas del grupo Sartor, dan cuenta de que en enero pasado, cuando fueron despedidos, solo les pagaron el 50% del finiquito, ya que la otra alternativa era esperar la liquidación o quiebra de la empresa. Los relatos coinciden en que Ximena Carvallo les comunicó que los recursos provenían de platas prestadas por su suegro.

Escarmiento

Larraín ha dicho a sus cercanos que él considera que la CMF busca escarmentar al mercado con Sartor. En noviembre del año pasado, cuando todo partió, el principal reclamo del regulador era que su modelo de negocios se basaba en operaciones con personas vinculadas a sus controladores. Lo repitió esta semana a DF el vicepresidente de la CMF, Augusto Iglesias: “La CMF no cuestiona per se las operaciones con partes relacionadas, sino que al modelo de negocios de Sartor”.

Pero el daño ya estaba hecho. El golpe patrimonial fue brutal, porque los activos que tuvieron que vender para responder a los clientes se colocaron a precios bajos. Las fuentes de financiamiento también se cerraron o quedaron supeditadas a nuevas y mejores garantías, que después se tornaron imposibles de constituir, especialmente cuando a principios de enero BCI Corredores de Bolsa acudió a los tribunales pidiendo declarar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la matriz de Sartor AGF por una deuda de $ 5.724 millones.

Larraín se ha quejado de que, por si fuera poco, ni siquiera ha podido subir a su exoficina a retirar algunas pertenencias personales, porque el interventor, Ricardo Budinich, no se lo habría permitido, pese a su ofrecimiento de entrar acompañado de un veedor o un guardia. Allí aún mantiene varios recuerdos como fotos familiares, parte de su colección de darumas (muñecos japoneses) y elementos religiosos. Son días difíciles para el sastre.