Las fórmulas son distintas, pero según el gobierno, la actual tiene iguales o mejores resultados. El esquema de pagos al Estado en la licitación del litio actualmente en curso es distinta de la establecida en 2017 y 2018 para Albemarle y SQM, los mayores productores de litio en Chile, ambos con operaciones en el Salar de Atacama.

Mientras las dos compañías -los mayores operadores de litio del mundo, con participaciones globales de 19% para SQM y 22% para Albemarle- pagan como renta al Fisco un porcentaje variable de sus ventas de litio, asociado al precio internacional, la licitación establece una modalidad similar a la que opera hoy en el impuesto específico a la minería: un porcentaje, también variable, pero sobre el resultado operacional de las compañías.

La figura jurídica de la cesión de derechos estatales también es distinta. Mientras SQM y Albemarle arriendan un conjunto de pertenencias de Corfo durante períodos de largo plazo -hasta 2030 en el caso de SQM; hasta 2044 en el de la estadounidense-; la licitación actual otorga contratos especiales para la operación de yacimientos de litio, con una duración de 29 años. En este último caso, los nuevos entrantes deberán prospectar pertenencias y obtener permisos para poder operar, para lo cual tienen nueve años de plazo. Pero en ambos casos, los operadores tienen cuotas máximas y no pueden extraer más mineral del autorizado.

¿Cuáles son esas cuotas? Para SQM, 349 mil toneladas de litio metálico equivalente (el que permitiría producir 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio, la unidad de referencia global); para Albemarle, 246 mil toneladas; y en la actual licitación, 400 mil toneladas divididas en cinco cuotas.

SQM y Albemarle pagaban hasta antes de las modificaciones de contrato de 2017 y 2018 tasas del 6,8% de las ventas. El fuerte crecimiento de la demanda mundial -por el uso del litio en baterías y autos eléctricos- disparó el precio y llevó al gobierno de la época a negociar nuevas tasas, pero para nuevos derechos. Y las tasas de arrendamiento subieron.

Por ejemplo, SQM tenía desde 1993 una cuota disponible de 180 mil toneladas, pero al ritmo de producción aquellas se extinguirían en 2022. Corfo, para mantener a Chile como un proveedor global de litio, entregó otras 349 mil toneladas a SQM, pero con otra renta para el Estado. Para ello se estableció una tabla que comienza en 6,8%, pero cuyos cargos marginales suben hasta 40% si el precio del litio superaba los US$ 10 mil por tonelada métrica (ver infografía). Ese esquema replicó lo que poco antes la Corfo dirigida por Eduardo Bitrán había establecido para Albemarle al otorgarle 246 mil toneladas hasta 2044. Las cuentas del gobierno, entonces, eran jugosas: a los precios proyectados del litio, el contrato de SQM permitiría recaudar al Estado unos US$ 8.300 millones al 2030. En ambos casos, las tasas de renta por arrendamiento operaban sobre un mismo concepto: un porcentaje del precio efectivamente pagado a SQM o Albemarle por clientes finales no relacionados.

La licitación actual establece algo distinto, según el decreto supremo que fue publicado el 13 de octubre pasado: un pago específico asociado a la utilidad operacional, el que sube según aumente el margen obtenido por cada empresa. Con ello, las tasas marginales crecen desde un 7% hasta un 36,5%. La tasa efectiva, con ello, se movería entre el 7% y el 16% del resultado operacional y no ya de las ventas, como en el caso de SQM y Albemarle. Este esquema replica la fórmula empleada en el royalty a la minería, que establece también cobros marginales según renta operacional, los que van desde el 5% al 34,5%. Ello deja una tasa efectiva promedio de impuestos de entre 5% y 14%. A estos royalties se suman, sin embargo, la tasa de impuesto corporativo de 27% y la tasa final de retiro de utilidades. La gran minería del cobre estima que, con esas cifras, la tasa tributaria total del sector en Chile se acerca al 44%.

¿Qué esquema es mejor: el de SQM y Albemarle o el de la actual licitación del litio? En el gobierno dicen que en los derechos en licitación “el Estado capturará más del 50% del valor de los proyectos y en el caso de SQM y Albemarle el Estado recibe entre el 45% y el 50%, dependiendo del nivel de precio”. Esa afirmación es puesta en cuestión por analistas que estiman que si el precio de largo plazo fuese, por ejemplo, US$ 14 mil por tonelada, la renta de SQM y Albemarle superaría lo que pagarían los nuevos adjudicatarios. Si la licitación, que el gobierno electo pide postergar, se adjudica.

En el proceso actual compiten cinco empresas: la china DyB, un fabricante global de buses eléctricos, SQM y Albemarle, y dos empresas del grupo de Francisco Javier Errázuriz. El viernes 14 se cumple, según las bases, el plazo para que el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, adjudique las cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. Como máximo, un adjudicatario podrá solo conseguir dos cuotas. Y hasta ahora, las mejores ofertas pertenecen a DyB y una de las empresas de Errázuriz, cada una en torno a US$ 60 millones por una cuota. Albemarle ofreció lo mismo, pero por dos. Y SQM ofertó el valor más bajo y por ello podría quedar fuera de las adjudicaciones.

La diferencia de ambos “royalties” es justificada por especialistas que creen que estos tributos especiales funcionan mejor sobre la base de la renta operacional porque reconocen las diferencias de costos de las distintas compañías que compiten en un mismo mercado. La misma tarifa para SQM y Albemarle se justificaría, así, porque ambas firmas operan en el Salar de Atacama, un lugar que los costos más bajos a nivel mundial. Pero aquello difícilmente se repita en otros salares donde, probablemente, puedan poner sus ojos las empresas que están compitiendo hoy por los nuevos derechos. “Son realidades muy diferentes, ya que se trata de proyectos que recién entrarán en etapa de exploración y con escalas mucho menores”, dicen en el gobierno para justificar la diferencia de tasas.