Tres ejes tendrá la propuesta que prepara la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), junto con la Asociación de AFP y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech). La idea es generar un texto con medidas concretas que será entregado en enero al gobierno y a los parlamentarios. “Queremos incidir en la toma de decisiones”, dice la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien, junto a la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, y el presidente de la Asech, Jorge Welch, lideran esta mesa de trabajo.

La iniciativa que comenzó el 8 de septiembre ya lleva 3 reuniones que son con una frecuencia quincenal, y en su mayoría por zoom. En este período ya han ido estructurando los principales temas que más le preocupan y cómo se irán decantando en propuesta concretas.

Así de manera preliminar, los ejes apuntarán a tener medidas para incentivar la formalización, para desincentivar la informalidad y cómo realizar una mejor fiscalización. A la vez esas tres áreas se subdividirán con propuesta para trabajadores y para empresarios. “Hay ciertas medidas que pueden llevar a la formalización de una empresa, pero no necesariamente eso llevará a que el trabajador esté formalizado, con cotizaciones al día”, señala Yazigi.

Susana Jiménez entrega otro ejemplo: “En un análisis preliminar hemos visto que hay un problema con las políticas sociales que favorecen al que no tiene ingresos y que si demuestra que tiene un poco más de ingresos pierden el beneficio de la política social. Eso es un defecto de los diseños de algunas políticas que se debe mejorar para incentivar la formalidad”.

Jorge Welch plantea que otra forma de informalidad que se debe combatir y por ende estará en las propuestas es el comercio informal. “La informalidad no solo desprotege al trabajador y su familia, sino que también representa una desventaja competitiva para todos aquellos pequeños empresarios que están haciendo las cosas respetando las leyes y que deben enfrentar competencia informal que les hace muy difícil prosperar. Queremos consensuar medidas y propuestas que busquen reducir al mínimo este grave problema de los trabajadores de nuestro país”.

El representante de los emprendedores apunta a que la mayor permisología tiene impacto en la informalidad: “Si la empresa se crea hoy empieza a funcionar entre 6 meses a un año y medio más, entonces cuando se tiene un sistema que funciona así, el empresario o emprendedor tiene dos opciones: dejar su negocio ante de comenzar o tiene que necesariamente comenzar de manera informal. Todo esto genera un ambiente tóxico que lleva a la informalidad”.

Jiménez suma argumentos: “Nos preocupa la informalidad, porque en general son trabajos más precarios, con brechas de ingresos, sin acceso a protección social, con vulnerabilidad, pero también genera efecto en el resto del comercio, porque es competencia desleal. Y hay menos recaudación porque no pagan impuestos”.

Yazigi profundiza en ese argumento y sostiene que principalmente son mujeres quienes se ven más afectadas por el cuidado a sus hijos o padres por lo que tienen que salir del mercado formal. Otro grupo son los jóvenes, y adultos mayores, y los inmigrantes también ha subido bastante la informalidad. Una explicación para aquello la entrega Welch, quien señala que la rigidez del mercado laboral afecta la formalización. “No puedes contratar a alguien por media jornada o jornadas parciales, lo que genera una barrera y es ahí donde se debería pensar en algunas modificaciones”.

Los representantes de esta mesa de trabajo concuerdan en que el objetivo es llegar con medidas concretas y no con un menú gigante de medidas que luego no quedan en nada. “No serán principios, sino que medidas concretas que se puedan concretar como política pública”, precisa Jiménez.

En ese contexto, acota que “si avanzamos en un país con más beneficios sociales, tenemos que tener conciencia que todos tenemos que colaborar en ello y no ser solo receptores. A medida que hay más derechos, eso implica que también hay más deberes por parte de los ciudadanos y todos somos responsables de eso”, puntualiza la vicepresidenta de la CPC.

Esta mesa está integrada también por David Bravo, director Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales; Fernando Arab, exsubsecretario de Trabajo; Carlos Boada abogado; María Teresa Vial presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago; Joseph Ramos, académico de la U. de Chile, Fernando Barraza, exdirector del SII; Cecilia Cifuentes académica de la U. Andes; Lucas Palacios, exministro de Economía y rector de Inacap; Hugo Cifuentes académico de la Universidad Católica; Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional y Manuel García-Huitrón, economista, secretario general de la mesa.

Actualmente, 2,5 millones de trabajadores son informales, lo que representa 26% del total de trabajadores. Alrededor de 1 millón 300 mil de los informales son cuenta propia, mientras que 1 millón son asalariados, es decir que cuentan con un empleador. De ese total, 1.307.113 son hombres y 1.099.104 son mujeres. Mientras que en las trabajadoras de casa particular aproximadamente el 50% está en la informalidad, lo que corresponde a alrededor de 148 mil mujeres.

Según datos de la CPC, los trabajadores informales no cotizan para el sistema de seguridad social (pensiones, salud, seguro de cesantía y de sobrevivencia). De acuerdo a datos entregados por la CPC, 10 años menos de cotización recorta las pensiones en un 25% o reduce en un cuarto la pensión que se podría haber logrado. En promedio, los hombres cotizan apenas 22 años durante su vida laboral y las mujeres 15 años.

De 40 años de vida laboral, los primeros 10 años de aporte generan un 37% del ahorro, los segundos 10 años un 27% del ahorro, los terceros un 21% del ahorro y los 10 últimos años el 15% del Ahorro. Esto se explica porque al cotizar más joven esos ahorros obtienen mayor rentabilidad, por el mayor tiempo que permanecen invertidos.