Los ejes y nudos de la reforma tributaria que se presentará a fines de mes

A solo 12 días de que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, revele el detalle del contenido del primer gran cambio estructural del nuevo gobierno, en los pasillos de Teatinos 120 ya tienen definido el diseño global de la ambiciosa reforma tributaria que pretende recaudar 4 puntos del PIB y que busca financiar la clave reforma de pensiones y buena parte del programa del Presidente Gabriel Boric.

Luego de dar a conocer el resultado de los diálogos tributarios junto al Mandatario ayer en La Moneda, el propio ministro Marcel adelantó algunos lineamientos y precisó que a partir del lunes comenzarán el trabajo prelegislativo junto a los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara.

“El paso formal que viene es el 30 de junio, en que se va a presentar la reforma tributaria en su conjunto, y a partir de la cual se van a ingresar proyectos al Congreso Nacional”, añadió Marcel, quien dio señales de los cuatro pilares en que se fundará la reforma impositiva.

El primer proyecto que se enviará al Congreso será el llamado “corazón de la reforma”, dado que representa cerca del 70% de los US$ 12 mil millones de los ingresos en régimen del cambio estructural en materia tributaria. El paquete incluye las medidas en contra de la evasión y elusión, y los cambios en materia de impuesto a la renta, al patrimonio y desintegración del sistema tributario. Según adelantó Marcel ayer, el proyecto ingresará inmediatamente al Congreso el 30 de junio, vía la Cámara de Diputados.

Cercanos a Hacienda detallan que un capítulo relevante de este proyecto será el fortalecimiento de las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) en materia de fiscalización y el perfeccionamiento de la norma antielusión. Clave serán el registro de beneficiarios finales, la aplicación de la norma tributaria por vía administrativa y no judicial, y la inclusión de la figura del denunciante anónimo en materias tributarias (“topo tributario”), al igual como hoy ocurre con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La misma fuente reconoce que los beneficios tributarios que hoy ostentan los Fondos de Inversión Privados (FIP) también serán tocados por el emblemático proyecto.

Paralelamente al primer paquete tributario, Hacienda enviará una indicación sustitutiva al proyecto de royalty minero que hoy se está tramitando en el Senado. En círculos oficialistas revelan que hay una decisión de aplicar un “acotado” impuesto ad valorem a la extracción para la gran minería, y otro en función del resultado de la empresa. Este último estaría más centrado en las pequeñas y medianas empresas del sector.

El mismo Marcel detalló ayer que tanto el proyecto sobre impuestos correctivos (verdes) y el de rentas regionales serán enviados solo después del plebiscito sobre la nueva propuesta constitucional del 4 de septiembre próximo, ya que mucho de su contenido depende de algunos lineamientos que integre la nueva carta fundamental.

El tema de las rentas regionales “está pendiente en Chile desde hace un buen tiempo y ahora se ve fortalecido por todo lo que ha sido la discusión constitucional”, afirmó el ministro de Hacienda. El proyecto integrará cambios en la forma en que se distribuyen las recaudaciones en las regiones y comunas, en el marco de las nuevas atribuciones que entrega la propuesta constituyente a esas zonas en materia de autonomía financiera.

En el oficialismo reconocen, a su vez, la complejidad política y técnica de llevar adelante el proyecto sobre tributos correctivos, ya que incluye una revisión del impuesto al diésel, entre otras medidas, lo que aparece como un “despropósito” en momentos de fuertes alzas en el precio de los combustibles. De hecho, en el equipo económico estiman que la iniciativa sería enviada sólo el próximo año y una vez tanteado el piso político para un cambio de esta índole.

“Hay algunos (proyectos) que van a requerir un trabajo mayor, especialmente aquellos que son más complejos, porque no tienen solamente un fin recaudatorio”, sino también un objetivo correctivo como los impuestos verdes o los impuestos ligados a la salud, reconoció ayer el ministro en La Moneda.

Sin embargo, confiesan fuentes de gobierno, Marcel trabaja sigilosamente en nuevas medidas tributarias para responder al complejo momento económico en materia de inversión y productividad. Las mismas fuentes oficialistas estiman que el economista de la Universidad de Cambridge evalúa integrar a la reforma que anunciará el 30 de junio incentivos tributarios para mejorar la productividad y reactivar la inversión. Durante la última cuenta pública en Valparaíso, el Presidente Boric prometió aumentar la estancada productividad nacional de manera de compensar los costos de compromisos sociales como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

En medio de las definiciones ya tomadas por Hacienda, en el mundo político se preparan para un trámite legislativo complejo y marcado por la crispación del debate constituyente y una economía vulnerable.

Tanto en el oficialismo como en la oposición coinciden en que esta primera etapa de debate tributario se centrará con fuerza en temas como el impuesto al patrimonio, la desintegración del sistema tributario y los cambios al royalty minero.

“Es fundamental llegar al 4% del PIB de recaudación a través de instrumentos que sean progresivos. Eso es como la esencia de esta reforma que necesita recaudar para poder financiar las demandas sociales y también los compromisos que están en el programa”, afirma el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, quien estima que el proyecto de royalty será un “foco de discusión”, debido a las posibles presiones que pueda ejercer la industria minera.

El integrante PC de la Comisión de Hacienda del Senado estima también que la desintegración del sistema generará fuertes disputas con la oposición. “Ahí tenemos una anomalía que entraba y hace más complejo el sistema tributario y permite distintos movimientos elusivos”, afirma Núñez.

Al respecto, el senador de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot, cree que es necesario evaluar el efecto de la desintegración del sistema impositivo en la carga tributaria final y su efecto sobre la inversión.

El parlamentario también repara en las dificultades para embarcarse en un impuesto a la riqueza o al patrimonio. “El gobierno está consciente de que el impuesto a la riqueza recauda poco. Sería muy malo volver a esto de que los ricos paguen más, y acentuar esa confrontación ideológica. Si se coloca el domicilio tributario fuera del país, entonces es fácil eludir o evitar el impuesto”, afirma el senador RN, quien califica de posible y positivo un eventual acuerdo político que involucre los proyectos de reforma tributaria y previsional que se discutirán en paralelo en el Congreso.

Para el senador PPD y también miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, es clave conocer el estudio que está realizando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), donde se comparará la carga tributaria de Chile con otros países.

“Entiendo que la desintegración del sistema tributario se haría básicamente para las empresas de mayor tamaño. La desintegración ayuda a la simplificación y a la fiscalización, lo que no necesariamente lleva a un aumento de la carga tributaria”, afirma el parlamentario PPD, quien anticipa que el proyecto de rentas regionales también podría generar un álgido debate político a futuro.

En la misma línea, el senador de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre, comparte que la desintegración del sistema tributario generará un fuerte debate y estima que existe terreno político para avanzar en el fin de algunas exenciones tributarias.

“Sabemos que el 1% más rico en nuestro país concentra el 27% de los ingresos y, por tanto, hay margen para que puedan aportar más y dar de esa manera sostenibilidad al gasto social, a los derechos sociales y a una sociedad más cohesionada”, concluye el senador oficialista.