Hace un año, Walmart Chile inauguró su centro de distribución El Peñón, ubicado en la comuna de San Bernardo, el cual representó la mayor inversión de la empresa fuera de Estados Unidos del grupo, por un total de US$180 millones. La infraestructura permitiría a la cadena de supermercados llevar sus productos a los consumidores de manera más eficiente.
Sin embargo, su construcción enfrentó el rechazo de algunos vecinos y autoridades, que cuestionaron durante toda la tramitación del permiso ambiental el impacto que el proyecto tendría en su entorno.
Pero el otorgamiento del permiso, la construcción y hasta la inauguración de la iniciativa no cesó las críticas de los opositores. Actualmente, en el Tribunal Ambiental de Santiago existen cuatro reclamaciones relacionadas con el centro de distribución de Walmart. Las causas abiertas, persiguen el mismo objetivo: impugnar las resoluciones que emitió el Comité de Ministros, que rechazó las reclamaciones interpuestas contra la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto y ratificó la decisión ambiental del 2016, que aprobó la realización del centro de distribución. En concreto, piden que se revoque la autorización para su ejecución.
La primera reclamación ingresó el año pasado al juzgado ambiental y fue presentada por vecinos que participaron del procedimiento de participación ciudadana. A inicios de este año se sumaron dos reclamaciones más, una de la Municipalidad de San Bernardo y otra de la Municipalidad de Calera de Tango. Y la semana pasada ingresó una nueva reclamación de vecinos de la Villa Lomas de Mirasur, ubicada frente al centro de distribución, y de otro grupo de Calera de Tango.
Precisamente, debido a la presentación de esta cuarta reclamación, es que se suspendió una audiencia que se tenía previsto realizar este jueves a las 10.00 horas. Esto, debido a que el tribunal las revisará como una sola causa. Fuentes conocedoras señalan que el tribunal podría citar a una nueva audiencia para fines de octubre o inicios de noviembre.
“Aspiramos a que sea un mejor vecino”, dice Diego Lillo, abogado que representa a observantes en el proceso de participación ciudadana. Es decir, “mejores medidas de mitigación de los impactos que produce el proyecto”.
Comenta que si se acoge alguna de las reclamaciones “lo que debería suceder es que el tribunal deje sin efecto la resolución de calificación ambiental para que en una nueva evaluación ambiental se repare en los defectos que se suscitan, que son bastante”. Por ejemplo, detalla, “en el caso de los vecinos de Lomas de Mirasur y Calera de Tango, el gran problema inicial es que la participación ciudadana fue muy mala; las campañas de información fueron muy malas, no se les incluyó en el área de influencia, sobretodo a Calera de Tango y después en la mitad del proceso, cuando ya pasó la participación ciudadana, se les incluye dentro del área de influencia, entonces todo eso es muy irregular”.
En caso de que el tribunal resolviera dejar sin efecto la RCA, Lillo explica que “eso significa que tendrían que suspender su operación hasta que sea evaluado nuevamente el proyecto”.
Al ser consultado, Walmart señaló que “el ingreso de este tipo de acciones no compromete el normal funcionamiento del centro de distribución El Peñón, en momentos que está jugando un papel clave desde el punto de vista logístico para asegurar el abastecimiento de nuestras tiendas”. Además, indicaron que desde el inicio del proyecto “Walmart Chile ha colaborado activamente con las autoridades pertinentes, proporcionando la información necesaria para reafirmar que en todo el proceso se ha actuado bajo los términos establecidos en la legislación ambiental vigente”.
