Los fondos “endowment” crecen en Chile a la espera de una nueva normativa

En septiembre, los hijos de Eliodoro Matte Larraín constituyeron el mayor endowment nacional para dar vida a la Fundación MC. Los hermanos Eliodoro, Jorge y Pilar Matte Capdevilla reunieron US$ 100 millones; una cifra exorbitante si se considera que, según el estudio Filantropía Institucional en Chile del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales (Cefis) de la Universidad Adolfo Ibáñez, sólo el 27% de las fundaciones que tienen recursos propios manejan un endowment y en la mitad de ellos, los montos son menores a US$ 5 millones.

Los llamados fondos patrimoniales, reservas financieras de instituciones para financiar sus proyectos de largo plazo, se han expandido. Hoy, universidades y fundaciones aportan algunos ejemplos (ver recuadros), pese a que la normativa aún es engorrosa. Quienes han apostado por constituir un endowment han tardado años. Y muchos han quedado en el camino. “Tenemos una especie de vacío regulatorio. Al final no hay reglas tan claras que permitan impulsar la constitución de endowments ni incentivos como para ir fortaleciendo estos fondos”, explica la directora del Cefis, Magdalena Aninat. “La ley de donaciones no es adecuada, requiere modificaciones y simpleza, que se levanten una serie de restricciones”, complementa el vicerrector económico de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gutiérrez.

En enero, 16 centros de estudios -articulados por el Cefis- presentaron una propuesta de Ley Única de Donaciones al entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones. ¿La base? Eliminar el pago de impuestos por donar y simplificar el sistema.

Según relata Aninat, dentro de la iniciativa un punto importante eran los endowments. “No hay reglas claras ni incentivos con una mirada hacia las instituciones”, señala. Y ejemplifica: hoy existen excepciones que te eximen de pagar impuestos, pero dicen relación con proyectos, no con fortalecer a las organizaciones. “Cuando uno está pensando en problemas complejos como la educación o la pobreza, van más allá de un proyecto, y son las instituciones las que uno quiere que a la larga estén trabajando permanentemente, complementando la labor del Estado, entonces la mirada es muy miope”, explica.

El 2008, Francia facilitó la normativa para levantar fondos patrimoniales. A raíz de eso, entre ese año y 2019 se crearon 3.442 endowments. Para qué hablar de Estados Unidos: sólo el fondo de la universidad de Harvard tiene más de US$ 40.000 millones.

“Hoy se restringen mucho los montos que se pueden donar; hay cambios que se le pueden hacer a la ley para facilitar las donaciones y que haya aportes más significativos”, destaca el prorrector de gestión institucional de la Universidad Católica, Patricio Donoso. En enero, este último se reunió con el coordinador de Políticas Tributarias de Hacienda de ese entonces, Manuel Alcalde, para abordar esta materia. “El gobierno está preocupado y quiere agilizar el tema”, confidencia.

Según Aninat, el Ejecutivo planteó inicialmente que en marzo enviaría la nueva normativa. Hasta la fecha, no ha pasado nada. En Hacienda aseguraron que se está trabajando en ella, y que probablemente se ingresaría en abril, pero aún no lo ha hecho. Sería una modificación al proyecto de ley que se ingresó en 2014 sobre Ley Única de Donaciones. En el sector recuerdan eso. Y llaman a no repetir la experiencia del primer gobierno de Sebastián Piñera. Entró -cuenta Aninat- un proyecto prácticamente el último día de gobierno. Y nadie lo movió más.

Prácticamente tres años duró la campaña a través de la cual la Universidad Católica articuló su primer fondo endowment, destinado a desarrollo académico, investigación y becas. En 2019, la casa de estudios levantó, entre aportes concretos y comprometidos, US$ 33 millones. “Logramos superar la meta de US$ 30 millones propuesta inicialmente”, dice el prorrector de gestión institucional, Patricio Donoso. “Tras eso, el rector nos planteó el desafío de llegar a US$ 50 millones al 2023 y en eso estamos trabajando”.

Hoy, el endowment es administrado por un directorio creado para esos fines en el que participan cinco miembros externos -Juan Cuneo, Patricia Matte, Jorge Marín, Richard von Appen y Alfonso Swett Opazo-, y dos internos de la universidad: Patricio Donoso y la vicerrectora Económica, Loreto Massanés. Con cerca de 300 aportantes -mayoritariamente exalumnos-, hoy los dineros están invertidos y recién en 2022 se evaluará la posibilidad de comenzar a hacer retiros.

Hace unos ocho años, un grupo de diez empresarios decidió crear un instrumento que le diera una proyección a largo plazo al Centro de Estudios Públicos (CEP). En base a esa idea, se constituyó el primer endowment de la entidad, con US$ 50 millones de capital. Según explica el director del centro, Leonidas Montes, el instrumento que se maneja como una fundación aparte tiene como único fin darle un aporte anual al CEP. De hecho, de los $ 2.164 millones de ingresos que obtuvo la entidad en 2019, $ 614 millones fueron aportados por la llamada Fundación CEP, entidad que administra el fondo patrimonial. Es decir, prácticamente un 28%. El resto vino de otro tipo de donaciones, suscripciones y estudios. Todos los recursos, por normativa, eso sí, van a un fondo general. No hay divisiones por su origen.

Hoy, de los 24 miembros del consejo directivo, ocho son representantes de los aportantes al endowment.

El vicerrector económico de la U. de los Andes, Alejandro Gutiérrez, cuenta que desde su fundación -hace 32 años- la idea de constituir un endowment estuvo en el radar. Replicando lo desarrollado por universidades norteamericanas, la entidad -tras el trabajo de un grupo denominado la Asociación de Amigos- se convirtió en el primer establecimiento educacional local en tener un fondo patrimonial con enfoque a largo plazo. De hecho, armaron dos: uno para investigación y otro para becas. Gutiérrez señala que si bien inicialmente estos fueron administrados por el establecimiento -”Poníamos los dineros en depósitos a plazo, en UF, pero no los trabajábamos”, relata-, en 2010 tercerizaron su administración. Hoy el endowment es de US$ 20 millones, de los cuales la mitad está en manos de LarrainVial y la otra mitad, en Credicorp. De las 85.000 UF que se entregan en becas, 10.400 UF derivan del rendimiento de los fondos, un aporte que esperan sea creciente.

Si bien la Fundación Chile surgió de la mano de una especie de endowment en la década de los 70, en 2006 se empezó a constituir el fondo patrimonial que mantiene hoy. Ese año BHP entró a la propiedad y propuso crear un endowment donde el Estado pusiera el mismo monto que la minera. Y en dos etapas, aportaron cada parte US$ 20 millones, armando un fondo de US$ 40 millones que hoy administra Capital Advisor y está invertido en Moneda Asset Management y Credicorp. “Eso se licita cada cierto tiempo”, explica el gerente general de Fundación Chile, Marcos Kulka. Los intereses recibidos representan 10% de la operación. “Nos ayudan a fortalecer capacidades como capital humano”, subraya. Y la mirada es ambiciosa: “Estamos apuntando a hacerlo crecer mucho más, por lo menos, hasta US$ 100 millones, y poder ir usando un tercio de ese capital para ir restituyéndolo”. Destaca que la idea sería poder sacar unos US$ 30 millones de ese capital en los próximos tres o cuatro años.