El 2023 ha sido un año complejo en materia económica, pero menos malos de los que se esperaba en marzo, cuando las previsiones del consenso del mercado eran de -1,5%. Ahora, la economía se encamina a terminar con un crecimiento nulo. Para el próximo año las perspectivas apuntan a un rango de 1,25% a 2,25% y el Banco Central informó que el PIB tendencial para la próxima década se ubicará en 1,9%.

Dado este escenario, los gremios empresariales que integran la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) definen sus prioridades para el próximo año: la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ponen el foco en diversos temas, dominados por crecimiento, seguridad ciudadana y certeza jurídica. A esas prioridades se suman en las menciones el combate al comercio informal, competitividad tributaria, permisología, inclusión financiera, financiamiento para proyectos de construcción y una mayor infraestructura hídrica.

“El tema prioritario para Sofofa es recuperar el crecimiento, y para ello necesitamos avances concretos en tres temas: seguridad, certeza jurídica y competitividad tributaria. Estas son condiciones habilitantes para el crecimiento, que creemos debe ser la prioridad ineludible del gobierno”, enumera la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro.

Para la presidenta del gremio, “la seguridad es una de nuestras principales preocupaciones, y también lo es para la ciudadanía. Existen datos lamentables: los robos con violencia aumentaron un 13% y registramos más de 400 homicidios en el primer semestre. No es solo percepción. Además, una encuesta realizada a socios de Sofofa arrojó que el 64% ha sido víctima de algún delito en los últimos 6 meses. Cruzamos una línea roja en materia de seguridad y las autoridades deben actuar con urgencia, con respuestas enérgicas y efectivas”.

Otro tema que subraya es la certeza jurídica. “La permisología está ahogando a nuestra economía y se debe actuar rápido. Los dos proyectos que prepara el gobierno deben apuntar a la reducción de plazos, la agilización de tramitación y a otorgar un marco legal claro, estable y expedito que proporcione confianza a los inversionistas y empresarios”. Y pone también el acento en “en cuanto a la competitividad tributaria, tenemos una tasa de impuesto corporativo superior al promedio de la OCDE y en un mundo en que los capitales son móviles, debemos tener tasas atractivas para la inversión”. Navarro enfatiza que el foco 2024 debe estar en políticas que estimulen la inversión y la innovación. “El crecimiento debe ser el foco al momento de evaluar cualquier política pública. Chile debe acortar la brecha con las economías desarrolladas y para eso es imprescindible retomar niveles de crecimiento elevados y evitar celebrar cifras que denotan un claro estancamiento”.

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, la prioridad para 2024 es establecer una agenda de alianzas público-privadas robusta, tal “como la que hemos concretado con el subsecretario de Prevención del Delito”. Por ello, una de sus prioridades es la seguridad y por ello, dice, “creemos que el gobierno y el Congreso deben priorizar aquellos proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad, principal preocupación de los ciudadanos, en especial el que crea el Ministerio de Seguridad Pública; aquel que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado; el que crea la Fiscalía Supraterritorial especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad y también reactivar el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas”.

Como segundo eje prioritario menciona el combate del comercio ilegal. “Dada la situación desbordada del comercio ambulante en las principales comunas del país, urge la presentación de un proyecto de ley que modernice y perfeccione la actual Ley de Comercio Ilícito, para combatir con mayores herramientas este fenómeno, tanto por las municipalidades como por los organismos gubernamentales”, sostiene.

El tercer eje es el crecimiento: “Creemos que es relevante avanzar en el proceso de destrabar la burocracia, mal llamada permisología, que se encuentra directamente ligada al potencial de inversión y crecimiento, sobre todo de capitales extranjeros, y donde es vital agilizar los permisos sectoriales que en muchos casos tienen trabadas las inversiones del sector”.

La Asociación de Bancos (ABIF) pone como prioridad para 2024 el crecimiento económico, la seguridad y avanzar en inclusión financiera. “Es fundamental dar prioridad a estos temas con una mirada de largo plazo, fomentando políticas públicas que impulsen la inversión, el ahorro, y la formalización”. Según José Manuel Mena, presidente de la entidad, “en materia de inclusión financiera hemos avanzado rápidamente como país, gracias a una oferta cada vez más amplia de productos bancarios para las personas, alcanzando alrededor de 40 millones de cuentas disponibles, y que un 96% de los hogares tenga una”. Pero hay un pero: “Sin embargo, este crecimiento no ha conversado con la agenda legislativa”, agrega.

En ese sentido, los bancos enfatizan que la actual Ley de Fraudes “atenta con el objetivo de generar mayor inclusión financiera y ha terminado protegiendo conductas delictuales. Esto, a pesar de su objetivo inicial de proteger a los clientes y limitar su responsabilidad frente a eventos como extravíos, hurtos, robos o fraudes en medios de pago y transacciones electrónicas”. El sector dice que es “urgente de reformar en 2024″.

También dentro de sus prioridades fijan el rol del mercado de capitales. “Es necesario promover el ahorro de las personas y la inversión, a través de un fortalecimiento del rol de las instituciones, de mejorar la certeza jurídica y los tiempos de tramitación de permisos asociados, y corrijan distorsiones que se originan en los costos de financiamiento a plazo, por ejemplo, con el impuesto de timbres y estampillas”.

Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, es clave “reactivar la economía para impulsar el crecimiento, generar empleos y promover la estabilidad financiera que el país requiere”. Por ello, dice que “es hora de que este sea un tema prioritario para el gobierno, parlamentarios, sector público y privado”.

También argumenta que se requieren temas de seguridad y orden público: “Las bandas de crimen organizado se han desplazado a zonas rurales. Hemos sido testigos de robos muy violentos de maquinaria, insumos, equipos y ganado. A eso se suma la violencia en la Macrozona Sur, donde prácticamente a diario se registran atentados”.

Otro eje que menciona Walker es la necesidad “urgente de una inversión potente en infraestructura hídrica”. Específicamente, en “embalses grandes y medianos, desaladoras, trasvasije de agua, infiltración de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, riego tecnificado y telemetría”. Por ello, acota que “preocupa que la Ley de Riego, tal cual como quedó, limita la inversión en riego tecnificado a medianos agricultores, mientras en Europa se les subsidia el 40% a todos los agricultores”.

Un último tema que resalta es abordar la permisología: “La agricultura es una actividad esencial para Chile, con grandes oportunidades por la creciente demanda de alimentos tanto interna como internacional. Sin embargo, la burocracia extrema está ahogando la capacidad de invertir, innovar y emprender”.

Desde la minería, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, dice que las tres principales prioridades son seguridad y certeza jurídica, optimizar la “permisología” y potenciar la atracción de la inversión. “Con el cierre del proceso constitucional vemos una oportunidad para mejorar el clima económico, elemento crucial para incentivar la inversión e impulsar nuestra industria. Sin embargo, esto no es suficiente por sí solo. Se requiere gestión eficaz que respalde las declaraciones que hablan de crecimiento”.

Para Riesco, “es vital contar con un fuerte compromiso de toda la clase política para respaldar cambios y gestiones efectivas que faciliten los procesos de permisos para los proyectos de inversión, donde hoy la normativa y, sobre todo, la aplicación que de ella hacen algunas autoridades, se ha convertido en un obstáculo importante”.

Jorge Riesco menciona que “es clave que el gobierno pase de las palabras a la acción y contribuya a generar las condiciones para que los proyectos se puedan materializar. No basta solo con declarar que se quiere más crecimiento y que es importante más minería, se debe crear un entorno propicio para que los proyectos se desarrollen efectivamente”. Para la Sonami, “es clave que el gobierno pase de las palabras a la acción y contribuya a generar las condiciones para que los proyectos se puedan materializar. No basta solo con declarar que se quiere más crecimiento y que es importante más minería, se debe crear un entorno propicio para que los proyectos se desarrollen efectivamente”.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), su presidente, Juan Armando Vicuña, afirma que el primer punto prioritario “es dinamizar la economía y el empleo”. En ese sentido, dice que para “esto son necesarias algunas condiciones de borde -como erradicar la violencia y garantizar el orden público- e incentivar la inversión, partiendo por iniciativas que estén más a la mano”. Ahí dice, como ejemplo, que con “poner en marcha obras complementarias de las actuales concesiones, se activaría una inversión de US$6.000 millones y nuevos empleos”.

También sostiene que se debe contribuir a la sostenibilidad de las empresas del sector, por ello, añade que eso pasa porque “se normalicen las condiciones de acceso a financiamiento bancario y se empiece a generar el ambiente necesario para que se activen nuevas inversiones”.

Un tercer tema que menciona es la reducción de “la tramitología y al aumento de la certeza jurídica, lo que significa que seguiremos impulsando medidas administrativas y la rápida tramitación del proyecto de modernización de permisos sectoriales que ha comprometido el gobierno”.

En su diagnóstico también fija como prioridad “combatir el déficit habitacional y de infraestructura. Más de un millón de familias no tienen acceso a una vivienda adecuada y hay comunidades que todavía no tienen infraestructura básica, lo que se puede revertir con voluntad política y buena gestión”.