El ministro de Hacienda ha enfrentado el desafío de establecer un presupuesto con dos objetivos: (i) hacer espacio en el gasto para avanzar en el programa de Gobierno, que de acuerdo a las cifras de campaña tiene un costo de US$ 14 mil millones; y (ii) cumplir con la meta autoimpuesta de reducir cada año el déficit estructural en 0,2 puntos de PIB.

Si bien todos los ministros de la cartera han estado sujetos a la tensión que implica cumplir la regla y satisfacer una serie de presiones de gasto, en esta ocasión hay algunos componentes que le agregan dificultades adicionales a la tarea.

Por una parte, los persistentes déficits fiscales que se vienen registrando desde 2013 han derivado en el largamente discutido incremento de la deuda pública, que este año se empinaría hasta casi alcanzar 25% del PIB.

Aunque en comparación internacional este es un nivel todavía saludable, la principal preocupación es la velocidad a la que se incrementaron las obligaciones del fisco en un período relativamente acotado.

Además, en los últimos meses ha avanzado la incertidumbre en torno al escenario internacional, especialmente para los emergentes. La evolución de variables, como el crecimiento global y el precio del cobre, dependerá críticamente de cómo se desarrolle el conflicto comercial.

Asimismo, el reciente deterioro de algunas economías de la región y otras emergentes podría afectar las condiciones financieras.

La propuesta de un crecimiento para el gasto de 3,2% fue una señal positiva, en tanto modera la velocidad a la que venía avanzando esta variable y está en línea con lo que estimamos compatible con el objetivo de reducción del déficit estructural.

Durante la primera etapa de la discusión presupuestaria ha surgido cierto debate en torno a los supuestos macroeconómicos. Aunque el crecimiento del PIB y el precio del cobre están en línea con las proyecciones del Banco Central, el supuesto de demanda interna (4,9%) parece optimista en el contexto de mayor incertidumbre. Pero esto no resultaría particularmente relevante, toda vez que la proyección de crecimiento de los ingresos para el próximo año (1,9%) no aparece como muy optimista.

Una duda que surge en la presentación de las cifras, es el tratamiento de las presiones de gasto. En la nueva proyección para este año presentada al Congreso, se señala que el gasto crecería 3,3% en 2018. Sin embargo, el Informe de las Finanzas Públicas indica que si se añaden las presiones, el gasto crecería 5,1% este año, por sobre lo proyectado en junio.

Por su parte, las cifras de déficit, tanto efectivo como estructural, proyectadas para el actual ejercicio (1,9% y 1,8% del PIB, respectivamente) se basan en la estimación de gasto que sí incluye las presiones.

Dado lo anterior, una lectura correcta del esfuerzo fiscal contemplado en el presupuesto implicaría comparar el monto contenido del proyecto de ley con la proyección que incluye dichas presiones.

En este caso, el crecimiento del gasto para el próximo año sería sustantivamente menor, en torno a 1,5%. Esta cifra sería la menor expansión del gasto desde 2003, dando una señal clara de consolidación fiscal. Sin embargo, tal estrategia requerirá un esfuerzo relevante de contención del gasto.