Después de un año y tres meses de tramitación, la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley General de Bancos, y la iniciativa quedó lista para ser promulgada como Ley por el Ejecutivo. "Esta es la mayor modificación que se hace a la legislación bancaria en 30 años", dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
Pese a que tanto la industria como el oficialismo y reguladores valoraron la aprobación de la iniciativa, desde la banca también están expectantes, ya que aún hay varios puntos que quedan por definir.
"Esto permitirá a la industria en su conjunto poder adaptarse conforme a los plazos establecidos. Sin embargo, esta transformación plantea una serie de desafíos para la banca, por lo que estaremos atentos a las futuras normas que se vayan desarrollando en los ámbitos más técnicos de la Ley", dijo Emiliano Muratore, chief financial officer de Santander.
"Tan importante como la nueva Ley, es que se implemente apropiadamente a través de normativas y reglamentos, y particularmente en materia de capital se utilicen ponderadores y buffers que no generen desventajas competitivas para la banca local", dijeron desde Banco de Chile. Tras la fusión con la CMF, existirá un plazo de 18 meses para emitir la normativa requerida para implementar las nuevas exigencias.
En ese sentido, los nuevos requerimientos de capital y el establecimiento de ponderadores es justamente uno de los principales pasos a seguir. Los ponderadores, divididos en tres grandes grupos (riesgo operacional, riesgo de mercado y riesgo de crédito), deben ser fijados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y hay fechas y fórmulas fijadas para ir enterando el capital que deberá alcanzar toda la industria para 2024.
El tema no es menor
Actualmente los créditos comerciales y de consumo son considerados en un 100% para efectos del cálculo del patrimonio efectivo; sin embargo, bajo los estándares de Basilea éstos computan rangos muy menores. Esa diferencia podría llegar a US$1.000 millones.
Otro de los cambios que ocurrirá en los próximos doce meses es la integración de la SBIF a la CMF. "No solo tendrá el gran desafío de integrar las funciones y atribuciones de la actual SBIF, sino también deberá crear el marco necesario para encauzar todas las ventajas asociadas a la transformación digital de los servicios financieros", dijo el presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen.
Para el Fisco, la implementación de Basilea III podría tener un costo elevado. BancoEstado no cumple con las nuevas exigencias regulatorias por lo que es el Estado, como su accionista, el encargado de capitalizarla. La estimación es que el capital necesario sería de hasta US$2.260 millones.