Hasta 9,5 millones de dólares de multa (10 mil UTA) tendrán que pagar las empresas que incumplan las metas de recolección y valorización que exige la Ley de Reciclaje (REP) para la categoría “envases y embalajes” que comienza a regir el 16 de septiembre. Pero a tres meses de que se ponga en marcha la categoría más masiva de la legislación, sólo cerca de dos mil empresas están en algún “sistema de gestión”, que es la columna vertebral del proceso y que son financiados por las mismas firmas que producen o importan al menos 300 kilos anuales de envases y embalajes. El problema es que alrededor de 12 mil aún no se incorporan a este tipo de entidades. De no hacerlo, estarían incumpliendo la ley.
Pero para Tomás Saieg, jefe de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), este escenario es dinámico ya que se han ido sumando empresas a medida que se acerca la fecha del comienzo. “Tiene que haber un esfuerzo importante para que todas se sumen. Hay que verlo como un desafío”, señala. La fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente y se hará a partir de los informes de avance y finales que los sistemas de gestión comiencen a ingresar en 2024, a través de la plataforma Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC).
Existen metas domiciliarias y no domiciliarias y para lograr cumplirlas, no sólo los productores se verán involucrados, sino que también empresarios, consumidores y quienes gestionan los residuos, incluyendo a los recolectores de base.
El año 2022, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dio luz verde a tres Gransic (Gran Sistema de Gestión Colectivos): ReSimple, ProRep y GIRO. De ellos, dos han sido aprobados por el MMA y solamente uno para residuos domiciliarios: ReSimple (domiciliarios y no domiciliarios); ProRep (sólo no domiciliarios), y Giro espera la aprobación de su plan de gestión por el ministerio.
Isidro Pereda, gerente general de ReSimple, que tiene asociadas 1500 marcas y en cantidad de material abarcarán el 70% de los residuos domiciliarios del país y el 50% no domiciliario, ve complicado que falten tantas marcas en los sistemas de gestión. “Se puede recibir a las empresas rezagadas y no tener la posibilidad de cumplir sus metas. Al momento de recibirlos podrían estar complicados en tener las operaciones correspondientes para cumplir sus metas”, indica.
Si bien 14.500 empresas pueden parecer una cantidad importante que debe cumplir con la normativa, corresponden al 25% del total del mercado en términos de kilos. El resto está en un sistema de gestión. Pereda plantea la oportunidad de innovar. Por ejemplo, vender un producto sin envase o que este sea retornable, lo cual eximiría a la empresa del cumplimiento de la REP. ReSimple ya tiene instalada infraestructura de puntos limpios en gran parte del país y partirán con 12 comunas de recolección selectiva, más 20 comunas adicionales con puntos limpios.
Mientras GIRO espera la aprobación del MMA, su plan de recolección ya tiene acuerdos y contratos con municipios e instalación de puntos limpios, congrega a más de 170 empresas y su proyección es recolectar más de mil toneladas en tres comunas, abarcando más de 12 mil viviendas el primer año. Rodrigo Sagaceta, representante de GIRO, señala estar expectante para partir: “Hemos oficializado convenios con los municipios para poder licitar y financiar el reciclaje en esos territorios. En el primer año trabajaremos en Recoleta, Independencia y Peñalolén”.
Cabe señalar que la recolección de plásticos, cartones, papeles, vidrios y aluminios se puede hacer a través de los municipios o por contratos con empresas de recolección o recicladores bases directos, debidamente reguladas.
A juicio de Sagaceta, esta ley pone un incentivo a que empresas de reciclaje crezcan y vayan a territorios donde hoy no están por medio de licitaciones. Agrega que luego de esta puesta en marcha lo importante será trazar cómo se llevan los procesos y optimizar. “Tener los números de estas operaciones va a permitir que todos hagamos mejor nuestra labor, eficientar los costos, poder medir y cuantificar el alcance, que se pueda identificar el peso de la REP en sus presupuestos económicos anuales,” sostiene.
Sobre las inversiones y oportunidades de negocios que están surgiendo en la cadena de valor de la REP, Antonia Biggs, gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), considera que el primer año de la implementación de la REP será de ajustes: “Entender los procesos licitatorios, testeo de procesos, concientización de la ciudadanía que son el eslabón clave para poder recuperar las cantidades y volúmenes suficientes”. Agrega que es un primer paso, pero un paso claro: “La Ley Rep habla de entregar información, como por ejemplo facturas como medio de verificación, y esos son temas sensibles a los que también hay que hincar el diente”.
Para Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, el comienzo los tiene muy entusiasmados, pero con preocupación en algunos aspectos, como la forma de operar de los productores y los sistemas de gestión en las distintas comunas. Así como también en lo que se refiere “a la ejecución de los recursos y cómo se valoriza y vincula la labor e infraestructura que los municipios hemos financiado en materia de reciclaje”, dice. Además, considera que en este proceso no se le ha dado la relevancia e importancia que tienen los recicladores. “No puede ser que ellos queden al margen o sean incluidos sólo en un porcentaje menor”, señala.
De un universo de 60 mil recicladores, sólo hay alrededor de 2.500 con certificación de competencias laborales ante Chile Valora, elemento que les exige la ley. En general, realizan este oficio durante generaciones (sin previsión ni sueldo fijo) y con la exigencia de la normativa están quedando fuera de los programas y licitaciones. Alejandro Mena, secretario nacional de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (Anarch), cuenta que las certificaciones son costosas ($200 mil a $500 mil). “Es un tema de discriminación. No puede ser que a nosotros, que llevamos más de 40 años haciendo este trabajo, hoy nos saquen y nos vuelvan a reincorporar en este proceso, y por otro lado, para poder entrar en los procesos de contrato con los municipios y con ReSimple tenemos que tener cooperativas, que es otra dificultad que nos pusieron en el camino. Actualmente como Anarch tenemos 15 cooperativas y pretendemos llegar a 20″, manifiesta. Y agrega: “Lo que estamos pidiendo es flexibilidad, ya que nosotros estamos preparados logísticamente. Que exista un proceso de transición justa donde nuestros recicladores puedan incorporarse a la REP”.
La edil agrega que la ley abre una oportunidad para fortalecer los sistemas de reciclaje, pero si no se toman medidas de equidad, se pueden acentuar estas brechas. “Lo que se está viendo es que los sistemas de gestión están priorizando aquellos municipios que ya tienen desarrollados sistemas de reciclaje o que tienen la estructura y respaldo para implementarlos, dejando nuevamente de lado a aquellas comunas con menos recursos o en donde no han podido, generar programas de reciclaje”, indica Leitao.
