Los preparativos del gran empresariado, de la CUT y de las pymes para nueva reforma tributaria

En los preparativos para comenzar el inesperado proceso que se abrió para acordar una nueva reforma tributaria, tras el rechazo que tuvo en su idea de legislar el primer proyecto en la Cámara, se encuentran los gremios empresariales, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores. Sí, porque ellos son los que abrirán los fuegos de esta segunda etapa de los denominados por el gobierno como diálogos sociales, y donde su contraparte es el Ministerio de Hacienda.

Si bien todavía no tienen un día ni hora acordada, lo que sí está claro es que llegarán la próxima semana hasta Teatinos 120 para comenzar este trabajo.

Ahí los recibirá el designado secretario técnico de la instancia, y a la vez embajador de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Francisco Saffie, para dar inicio a este proceso que se extenderá hasta fines de abril.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en representación del gran empresariado, es uno de los actores que asistirá a tales encuentros para lograr plantear sus inquietudes y avanzar hacia un “pacto fiscal de largo plazo”. Eso es lo que espera el presidente de la multigremial, Ricardo Mewes. La estrategia que tienen prevista para esta primera ronda de conversaciones apunta a esperar a ver qué es lo que tiene pensado hacer el Ejecutivo, para luego plantear sus alternativas que trabajan con una comisión técnica. No obstante, hay algunos temas que ya tiene resuelto relevar, como el terminar con la informalidad, reducir la evasión del IVA que hoy se ubica en 19%; y otros que esperan que no vuelvan a estar en la mesa de discusión, como es el impuesto a los altos patrimonios.

Por ello, para esta primera reunión, el líder empresarial afirma que van dispuestos a escuchar lo que el Ejecutivo tiene pensado realizar, para luego analizarlo en la comisión tributaria de la CPC. “Primero veremos qué es lo que nos proponen, lo que se quiere recaudar y los instrumentos que se quieren utilizar para lograrlo. Luego nosotros continuamos con nuestro trabajo con los especialistas, para ver los efectos”, dice.

No obstante, para Mewes, lo clave es que en este debate se pueda generar un acuerdo para un sistema tributario que entregue certeza para un plazo de 10 a 12 años y así generar una suerte de “invariabilidad tributaria que permita a las empresas hacer las inversiones que correspondan y mejorar el crecimiento económico”.

Desde el empresariado plantean que uno de los focos que debe tener este nuevo proyecto es el combate a la evasión y el control de la informalidad. “Un solo ejemplo: el impacto fiscal del contrabando de cigarrillo es cercano a US$800 millones. Ahí hay recursos que nosotros queremos que se aborden para recuperarlos, y también el avanzar en la reducción de la evasión del IVA, que es de 19%. Todos esos elementos tenemos que abordarlos con el ministro”, indica Mewes.

Para el representante del máximo órgano empresarial, en estas conversaciones quieren también saber la magnitud de la carga tributaria con la cual quedará el país, considerando el total de los proyectos impositivos. Esto es incluido el royalty, los impuestos correctivos y las rentas regionales. A ello se suma “el 6% de cotización adicional que va dentro de la reforma previsional. porque eso tiene un costo adicional para la empresa”, puntualiza Mewes, quien agrega que “lo que nos importa es tener una mirada global de la recaudación que se busca lograr y el destino de esos recursos”.

Entre los dirigentes empresariales hay consenso en que el impuesto a los altos patrimonios y el que grava las utilidades retenidas no deberían mantenerse. “Esperamos que no se mantenga esa idea, porque tal como lo hemos planteado, ese impuesto afecta al ahorro y eso a la vez la inversión”, sostiene Mewes.

En cuanto a los plazos para tener zanjada esta discusión, el dirigente manifiesta que se tiene que avanzar “sin prisa, pero sin pausa. “Hay que bajar un poco la ansiedad, se deben discutir los aspectos técnicos con calma, y por eso el autoimponerse los plazos no es bueno”. No obstante, sí cree que es necesario que el proyecto esté aprobado este año. “No podemos postergarlo más, porque está el tema de las pensiones y ese es otro de los puntos en los cuales debemos avanzar en las conversaciones”, indica.

Otro tema que si bien no es algo que ellos estén proponiendo, pero que sí cree que debe ser sometido a discusión, es el ampliar la base de los contribuyentes que pagan el impuesto global complementario. Hoy en Chile el 75% del total de los contribuyentes está exentos de este gravamen. “Hay elementos que, para una discusión profunda, sacándole los temas ideológicos, podemos llegar a un buen pacto tributario de largo plazo”, añade Mewes.

Otro de los actores que ya preparan sus argumentos son los micro, pequeños y medianos empresarios. Para ellos, uno de los temas centrales será el que se les mantenga la tasa de impuesto de primera categoría en 10%. Está fue una medida que se adoptó para hacer frente a la crisis económica que provocó el Covid-19. Se trata de una rebaja transitoria del impuesto de primera categoría, con una tasa de 10% por las rentas obtenidas durante los años 2020, 2021 y 2022. Ese nivel de la tasa comenzará a subir este año, a 25%. Por eso afirman que es una de las primeras medidas que quieren abordar con Hacienda.

Héctor Sandoval, vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), plantea que el mantener una tasa diferenciada será una de las propuestas centrales que entregarán el día de la reunión. “Esperamos tener un diálogo fluido, pero real, porque ya hemos tenido varias reuniones y mesas técnicas, sin embargo, el gobierno hizo lo que tenía en el programa, sin escuchar al resto”, acusa el dirigente. Sandoval también dice que otro tema relevante es que el nuevo sistema tiene que “ser claro, entendible y sencillo de administrar”.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, sostiene que, “en general, queremos una tasa de impuesto de primera categoría del 10% permanente para las mipymes, y que las normas antielusión no impliquen la pérdida de beneficios tributarios logrados en la reforma de la Presidenta Bachelet”.

Gianina Figueroa, presidenta de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales de Micro, Pequeña, Mediana Empresa, (Unapyme), también señala que el mantener una tasa diferencia es una de las peticiones que presentarán. “El mantener una tasa de 10% por un período más largo es algo que se tiene que discutir, pero también el mejorar la participación de las pymes en el sistema de compras públicas”, afirma.

En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tienen fijada una reunión con el Presidente Gabriel Boric para el 23 de marzo. Así lo afirma su presidente, David Acuña. En esa instancia esperan abordar la agenda en general, no sólo la reforma tributaria, ya que esa temática se profundizará en los diálogos sociales. En la multisindical afirman que mantendrán como eje central la idea de que se graven en mayor medida las rentas del capital y no las del trabajo. “No queremos que la mayor carga tributaria esté concentrada en las personas, sino que en el capital”, manifiesta. Asimismo, dice que insistirán con que se debe mantener la idea de crear un impuesto al patrimonio, y que se avance en combatir la evasión y la elusión.

Luego de esta primera semana, los siguientes invitados serán las organizaciones sociales y los partidos políticos.