Los principales cambios que permitieron que el proyecto de permisología avanzara en Comisión clave del Senado

Luego de una extensa jornada, la Comisión de Economía del Senado aprobó en particular el proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, más conocido como permisología. Con este respaldo, la iniciativa avanzará a la Comisión de Hacienda del Senado.

Pero para lograr que avanzara se firmó un protocolo de acuerdo entre la oposición y el gobierno. Entre los principales cambios introducidos en la Comisión de Economía del Senado están:

Se incorpora un nuevo mecanismo de fomento a la inversión. En él se reconoce la tramitación ágil de iniciativas de inversión estratégicas, conforme al cual, los ministros de Economía, Fomento y Turismo, de Hacienda, del Interior, de Desarrollo Social y de Medio Ambiente seleccionarán las iniciativas de inversión estratégicas que se sujetarán a la tramitación ágil de las autorizaciones sectoriales que les sean aplicables, de manera fundada y previa evaluación técnica de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.

La tramitación ágil implica la reducción de plazos para la obtención de permisos a la mitad y pasar a formar parte del catastro de proyectos de inversión a los que hará seguimiento dicha Oficina. Para seleccionar una iniciativa de inversión como estratégica, se deberá considerar el monto de la inversión, su impacto en el empleo, el aporte al desarrollo económico nacional, el beneficio para el desarrollo social y económico de las regiones y territorios del país y su población, la transferencia tecnológica asociada y la contribución a los objetivos ambientales definidos como prioritarios por el país.

Un segundo mecanismo de fomento a la inversión que se incorpora en el Título VIII nuevo es aquel que crea un régimen de estabilidad regulatoria aplicable a autorizaciones sectoriales vinculadas a iniciativas de inversión con Resolución de Calificación Ambiental favorable. Conforme a este régimen, no regirán las modificaciones a la normativa exigible a las iniciativas de inversión, públicas o privadas, que cumplan con los supuestos establecidos en la ley.

Esto quiere decir que dichos proyectos podrán solicitar que se les aplique la normativa vigente al momento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cumplidas las condiciones que establece la ley.

Se establece que la aplicación de las declaraciones juradas será la regla general y esta forma de regulación deberá preferirse por sobre un permiso o autorización cuando sea proporcional al riesgo involucrado en el proyecto. También se precisan los estatutos de responsabilidad administrativa y penal aplicables a las declaraciones juradas y avisos (denominadas en el proyecto de ley como Técnicas Habilitantes Alternativas o “THA”), estableciendo la revocación de las THA en los casos en que se incumpla la normativa sectorial y sanciones penales para quien hiciere uso malicioso de las mismas. Se sanciona penalmente a quien busque eludir la aplicación de una autorización, falseando u omitiendo información a la autoridad.

Se reconoce en el principio de simplificación administrativa que los órganos sectoriales no podrán exigir como requisito para el ingreso de una solicitud de autorización el haber obtenido previamente otras autorizaciones sectoriales, a menos que una ley establezca lo contrario. Ello permitirá que las iniciativas de inversión avancen paralelamente y en forma simultánea en la tramitación de sus permisos, sin alterar los requisitos para su otorgamiento. Se dispone expresamente que no podrán existir trámites secuenciales que afecten la eficiencia, optimización y el trabajo coordinado de la Administración.

Sin perjuicio del fortalecimiento de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, se aclara de manera expresa que la Oficina no podrá interferir en modo alguno en las atribuciones que corresponden exclusivamente a los órganos sectoriales referidas a la evaluación técnica en el otorgamiento o denegación de una autorización.

Adicionalmente, se modifica la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, para aplicar los más altos estándares en la declaración de intereses y patrimonio de las autoridades de la Oficina, previniendo al máximo los riesgos de captura y corrupción.

Se establece un procedimiento permanente y continuo de modernización de autorizaciones sectoriales y aplicación de declaraciones juradas y avisos (THA)

El objetivo es revisar el régimen de habilitación de proyectos o actividades para evaluar la posibilidad de eliminar o reemplazar autorizaciones por THA menos restrictivas, verificar que los requisitos sean estrictamente necesarios y detectar normas redundantes u obsoletas, así como analizar los procedimientos y flujos de tramitación con el fin de simplificarlos y permitir la tramitación paralela de autorizaciones.

Se fortalecen las funciones de la Oficina, agregando mayores atribuciones para observar el buen funcionamiento del Sistema, reportar el cumplimiento de los plazos por parte de los órganos sectoriales ante el Presidente de la República, jefes de servicio y Contraloría General de la República. Se intensifican los deberes de información sobre la implementación y rendimiento del Sistema al Congreso Nacional, entre otros.

Reformulan la integración y funcionamiento del Comité para las Autorizaciones Sectoriales e Inversión, estableciendo que estará integrado por el Subsecretario/a de Economía y Empresas de Menor Tamaño (quien lo presidirá), el Subsecretario/a de Hacienda y el Subsecretario/a del Interior. Este Comité contará con sesiones ampliadas, donde participarán con derecho a voz y voto las subsecretarías/os que tengan competencia en materias de AS o THA. Asimismo, cuando sea necesario tratar una materia en particular, de competencia de una o más subsecretarías, se convocará a Subcomités Especializados en los que participarán los subsecretarios/as y jefaturas de servicio con competencias sobre las materias objeto del respectivo subcomité.

Se establece el caso de los órganos regulados en esta ley, los convenios de desempeño de los jefes de servicio designados por Alta Dirección Pública, deberán contener metas asociadas al cumplimiento de los plazos de tramitación de las autorizaciones sectoriales de su competencia