“Permisología” es un término que se ha implantado fuertemente en los últimos meses en la agenda política y empresarial, y que durante 2024 se expandirá con más fuerza. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el estudio de abogados Albagli Zaliasnik (az) sobre los más relevantes desafíos regulatorios en materia de sustentabilidad para este año en Chile.

“La sustentabilidad se transforma cada vez más en un factor clave de las estrategias del sector público y privado de nuestro país y es por eso que la normativa avanza cada vez con más fuerza”, indica el documento.

Con respecto a la permisología, lo que permite compatibilizar un desarrollo sustentable con la modernización y simplificación de los permisos a los que están sometidos los proyectos de inversión, Antonio Rubilar, director de Mercados Regulados de Albagli Zaliasnik (az), destaca que “es necesario cambiar la permisología por un verdadero desarrollo sustentable. Chile está hoy en el peor de los mundos posibles: mientras el desarrollo de proyectos de inversión en diferentes áreas de productividad es más necesario que nunca, estos están afectos a la desincentivadora cifra de 439 trámites (entre permisos sectoriales, autorizaciones ambientales, avisos, registros, entre otros)”.

En este contexto, mucha expectación generó el anuncio del gobierno del proyecto de ley de cambios en la permisología ambiental, que ingresó al Congreso el pasado 10 de enero. Rubilar destaca que “el proyecto tiene aciertos, pero resta por ver los aportes que se hagan a nivel del Congreso, para hacer más llevadera la tramitación de proyectos de inversión. Si después de aprobado el proyecto, una desalinizadora sigue requiriendo seis u ocho años de tramitación, es claro que es necesario profundizar aún más en la simplificación o actualización de la regulación. De salir bien, podría constituir la iniciativa de inversión más importante de la última década”.

Por otro lado, también ligado con la tramitación, el MOP anunció en noviembre pasado que estaba estudiando la posibilidad de concesionar proyectos que cuenten con la Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”) ya aprobada. Este anuncio se dio en un contexto de altos cuestionamientos a la permisología y de la menor cantidad de proyectos de concesiones adjudicados que hubo durante 2023.

También hay alta expectación porque este 2024 es el primer año de vigencia de la Ley de Delitos Económicos, que tipifica una serie de ilícitos medioambientales, que serán también delitos económicos dependiendo del cargo de la persona que los cometa y del contexto de su comisión. Esto tendrá implicancias a nivel de sanciones, pues podría significar pena de cárcel, además de otras sanciones accesorias. Al respecto, Rubilar afirma que “durante este año veremos la implementación de esta ley y cómo los tribunales aplican la normativa. Así, podremos corroborar si significó o no un avance en sustentabilidad y, en caso afirmativo, verificar los costos sociales y económicos de este avance”.

En igual sentido, 2024 es también el primer año de implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (“REP”) para envases y embalajes. El reporte apunta a que hay que estar atentos a la forma en que esta se ejecute, pues los objetivos de sustentabilidad del país dependen en gran medida del éxito de esta ley. Sobre todo, considerando las dificultades que ha tenido la implementación de sistemas de gestión. Asimismo, indica, esta ley es un verdadero test para la población, sobre la posibilidad de actuar cooperativamente para hacer de Chile un país ambientalmente sustentable.

Otro desafío regulatorio relacionado con la sustentabilidad, que realza el documento de Albagli Zaliasnik (az), es la capacidad del gobierno de implementar planes o programas para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Dentro de los objetivos trazados por el Ejecutivo está la descarbonización, concepto íntimamente relacionado con la promoción de proyectos de hidrógeno verde. El estudio aboga para que durante este año “haya grandes anuncios de proyectos o incluso megaproyectos de hidrógeno verde en nuestro país”.

También plantea que, en paralelo, está la desalinización, “industria sumamente urgente para la sustentabilidad y que Chile todavía no desarrolla de forma óptima, pese a todas sus ventajas comparativas”. Señala que los desafíos regulatorios que enfrenta el desarrollo de la desalinización no son pocos ni menos urgentes, y que van mucho más allá de las complejidades permisológicas.

Para Rubilar la regulación de la industria de desalinización es urgente, porque “todavía no existe una regulación específica aplicable a la desalinización propiamente tal, a los procedimientos de extracción de agua, ni tampoco sobre la forma de explotación comercial. Cabría esperar que tarde o temprano este tema salte a la palestra. Este podría ser el año en que ocurra, por la relevancia que han tenido los temas permisológicos, la necesidad de aumentar la inversión en Chile, así como por la natural relevancia que este tema debería tener en un país que atraviesa una crisis hídrica cuyo final no se avizora”.