Son dos los proyectos que preocupan al empresariado que quedaron ad portas de ser despachados del Congreso justo cuando se inició el receso legislativo, por lo que se espera una rápida tramitación cuando los parlamentarios retomen sus funciones en marzo. Se trata de la iniciativa que establece nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad de los agentes de mercado, y el proyecto pro consumidor.

Otras dos iniciativas que están pendientes pero parecen tener un camino más complejo de cara a su aprobación son la reforma previsional y el tercer retiro del 10%.

Y un quinto proyecto que agita las aguas, el que fija tasas de intercambio, aún no empieza a ser tramitado, pero ya genera altas expectativas e incertidumbre en un sector.

Estas son las iniciativas que quedaron pendientes en el Parlamento previo al receso legislativo, y que preocupan al empresariado:

La iniciativa que más preocupa a la banca, es el proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad de los agentes de mercado, el cual solo debe ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados para que sea despachado del Congreso.

Desde la industria señalan que hay un tema en particular que no los deja tranquilos, y que pasó desapercibido: la Comisión Mixta aprobó una proposición (indicación) de la oposición liderada por el diputado Giorgio Jackson (RD), sobre el “interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero, en los seguros de daños, personas, o de cualquier otro tipo, contratados con el objeto de resguardar los bienes dados en garantía, o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero”. Básicamente quiere decir que aquella entidad que otorga el crédito, tambien tiene interés y se beneficia de que exista un seguro

Además señala que “se considerará que los bancos e instituciones financieras que hubieren otorgado dichos créditos, tienen un interés asegurable sobre el pago de la deuda o los bienes dados en garantía”.

Desde la industria creen que es positivo que se haya rechazado la indicación del diputado Jackson que planteaba que la prima de los seguros fuera pagada en partes iguales por las personas y la banca, pero finalmente se dejó establecido en el proyecto que los bancos tienen un interés asegurable cuando se adquiere un seguro.

En la práctica eso significa que si un banco tiene interés asegurable, se beneficia del seguro que contrata una persona, por lo que advierten que hacia adelante podría generar incerteza, porque se podría judicializar este tema para que la banca pague una parte de la cuenta.

Antes de que se votara esa proposición, en la sesión de la Comisión Mixta del 20 de enero, el diputado Jackson argumentó: “Cuando se establecieron los seguros obligatorios, fue por instrucción del ente regulador, en ese entonces la Superintendencia si no me equivoco. Por lo tanto, en ese momento, se cargó 100% (el pago) a los clientes”.

Así, Jackson dijo que lo seguros “le hacen bien a todas las partes del sistema: le hace bien a clientes que antes no podían acceder a los créditos (...) Porque como los seguros disminuyen los riesgos, bajan las tasas y así hay clientes que pueden acceder. Pero también beneficia a los bancos, porque antes tenían un nivel de clientes mucho menores, y con la baja de tasas pueden captar mayores carteras de clientes”.

En ese sentido, el parlamentario afirmó que “lo que establecemos acá es que el interés asegurable como principio, puede servir para discusiones futuras. No tiene un impacto inmediato como lo tenía la indicación anterior (del pago compartido de seguros), pero sí genera un precedente que es importante para las discusiones que tengamos a futuro”.

En tanto, el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, argumentó: “Exactamente el punto de disputa es lo que dice el diputado Jackson, porque él dice que esto es un precedente, no solo remitido a este caso, sino que a todos los ámbitos donde aplican seguros. Yo creo que eso, desde ya, rompe con el tratamiento con que en nuestra jurisprudencia se ha dado esto”.

Al respecto, Briones continuó diciendo: “Me parece que es abrir una puerta gigantesca, sin tener los antecedentes detallados, a la vista, con todas las conversaciones, lo que por prudencia, me parece a mí, debiera sugerir no innovar en esta materia. Y si habrá que discutirlo más adelante en su mérito, con todos los invitados, juristas, y otros actores que están asociados a seguros, bienvenido, pero zanjarlo acá como parte de una de las tantas indicaciones de un proyecto largo, me parece problemático”.

El proyecto pro consumidor también está en su recta final, luego de que el Senado a fines del año pasado lo votara y despachara. Pero ahora tendrá que volver a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados antes de pasar por Sala para que finalmente sea despachado del Congreso.

Y esta iniciativa preocupa a la banca y el retail, ya que busca impedir descuentos asociados a un medio de pago específico.

Allí se señala que “el proveedor de productos o servicios financieros no podrá restringir o condicionar que la aplicación de descuentos adicionales al precio de los productos, se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor”.

Si bien esta indicación fue suprimida en la Comisión de Economía del Senado, luego se repuso en la Sala por el senador Carlos Bianchi. Anteriormente también había sido rechazada en la Comisión de Economía de la Cámara, pero fue aprobada en Sala por los diputados.

La reforma de pensiones es uno de los proyectos clave que busca sacar adelante el gobierno antes de que termine su mandato. La iniciativa lleva una larga tramitación y ahora está entrampada en el Senado, ya que no ha habido acuerdo entre la oposición y el oficialismo, principalmente respecto al destino de 6% de la cotización adicional con cargo al empleador.

Este proyecto preocupa a las AFP por varios temas, entre ellos, porque se ha planteado incorporar una indicación para que haya una separación de la industria, es decir, que las AFP solo se dediquen a rentabilizar los fondos previsionales, y que aparte exista un ente que se dedique a administrar las cuentas individuales, hacer la cobranza y el pago de pensiones.

Si bien este tema no está del todo zanjado, previo a que el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se fuera de la cartera, habían conversaciones avanzadas entre la oposición y el Ejecutivo respecto a ello.

Ya hay dos proyectos en el Congreso para un tercer retiro del 10% de las AFP. Y pese a que el gobierno se anotó un triunfo en el Tribunal Constitucional (TC) luego de que el pleno optó por acoger el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera para declarar inconstitucional un proyecto de este tipo; lo cierto es que desde las AFP no creen que la puerta esté 100% cerrada.

Así las cosas, el fantasma de los retiros sigue en la Cámara. Se piensa que estos proyectos podrían avanzar si vuelve a haber una presión social solicitando un tercer retiro del 10%, ya que esto podría generar que, tal como ocurrió la primera vez, el gobierno no acuda al TC para detenerlos.

A fines del año pasado el gobierno ingresó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que fija las tasas de intercambio de pago con tarjetas de crédito, débito y prepago.

Allí se establece que las obligaciones de pago de tasa de intercambio por transacciones nacionales con tarjetas de pago, entre emisores y operadores de tarjetas de pago, estarán sujetas a límites.

Estos límites por tipo de tarjeta serán determinados por un comité conformado por cuatro personas designadas por cuatros instituciones relacionadas con el sector: el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio de Hacienda.

Desde la industria de medios de pago advierten que será clave las tasas que fije este comité. Desde un sector advierten que no es lo óptimo fijar precios, pero creen que la iniciativa iría bien encaminada. Otros, como los e-commerce, creen que las tasas de intercambio que fijaron las marcas de tarjetas no han sido las indicadas, por lo que ven con buenos ojos esta iniciativa.

Y se espera que la tramitación de este proyecto sea rápida. Es más, desde la industria apuestan por una aprobación en el primer semestre de este año, y a lo más en cuatro o cinco meses, ya que la iniciativa establece que el comité podrá fijar las tasas en los primeros 15 meses desde la entrada en vigencia de la ley, por lo que estiman que no se puede dejar pasar más tiempo.

Este proyecto genera incertidumbre en algunas redes de adquirencia que ya anunciaron su lanzamiento para este año, pero que tienen todo programado para salir a operar con las actuales tasas que fijaron las marcas. En tanto, otros adquirentes que ya operan en el mercado, también están a la espera para conocer las nuevas reglas del juego.