Hace poco más de cuatro años se rebajó la Tasa Máxima Convencional (TMC) y los efectos adversos que entonces se advirtieron ya son evidentes.

En efecto, un reciente informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) cifró entre 205 mil y 275 mil el número de personas desbancarizadas en los últimos años, grupo de afectados que otras estimaciones sitúan incluso sobre los 300 mil.

¿Qué es lo que ocurrió a la luz de estos antecedentes? Con la intención de favorecer a un conjunto de clientes de la industria financiera se terminó fijando precios, lo que como era esperable generó escasez y terminó deteniendo la bancarización que venía desarrollando el país a lo largo de los últimos años. Lo que ocurrió en la práctica no es más que un ejercicio básico de economía, la fijación artificial de precios produce distorsiones que trastornan el normal funcionamiento de los mercados.

Aquí, las principales perjudicadas han sido las personas que han debido migrar al sistema informal de crédito, quedando fuera de la estructura diseñada para la protección del consumidor y, como ha consignado un reciente artículo en este medio, hoy están sometidos a tasas de interés de usura que les cobran prestamistas informales y que superan el 100% (pudiendo llegar al 480%).

Así las cosas, más allá de las buenas intenciones expresadas en el proyecto original, hoy resulta difícil sostener que con las medidas adoptadas hace cuatro años se ha asegurado un trato más justo a esas cerca de 275 mil personas.

Hace unas semanas los legisladores, en forma transversal, decidieron no revisar la TMC. Mientras algunos argumentaron que la medida beneficiaba a la clase media, otros aludían a que no era la causa única de la desbancarización.

Se dijo también que los bancos son parte interesada en el tema. Por supuesto que lo somos, pero no con la connotación negativa que se le podría presumir. A la banca le interesa este asunto, especialmente con el objetivo de que no prolifere la informalidad y que las personas puedan acceder a créditos en condiciones transparentes, justas y trazables, lejos de la usura.

En ningún país es un buen negocio el sobreendeudamiento de las familias y mucho menos que tantas de éstas tengan que acceder desprotegidas al mercado del crédito informal. Un país como Chile, que está comprometido con mejores niveles de crecimiento y desarrollo, necesita que el endeudamiento sea saludable, que permita a las personas pagar sus compromisos, sin tener la necesidad de postergar su calidad de vida presente.

Tal como lo advertimos hace cuatro años, la rebaja de la TMC no era la solución y hoy, lamentablemente, vemos que no estábamos equivocados y son muchos los que están experimentando los efectos que ha traído aparejada.

Al respecto, cabe puntualizar que así como no nos pareció razonable fijar precios hacia abajo, tampoco creemos que la solución sea subir la TMC y fijar precios hacia arriba. Lo que corresponde es abordar este tema en forma integral y realista, en donde disponer de completa y correcta información para evaluar riesgos es fundamental.

Desde nuestra perspectiva, el camino más efectivo para evitar los negativos efectos de una regulación equívoca pasa por fomentar la competencia, asegurar una regulación simétrica a todos los actores y crear las condiciones para que la oferta de créditos se haga a partir de una completa información de mercado, de modo de poder inferir los comportamientos de pago y definir precios en función del riesgo.

Hoy, buenos pagadores pueden estar sujetos a tasas de interés que no les corresponden, simplemente porque es imposible contar con toda su información crediticia. Si la banca pudiese verificar, con los resguardos que el legislador estime, cuánto debe una persona en todo el sistema y cómo ha sido su comportamiento de pago, quizás se habría podido evitar una regulación que ha producido lamentables costos.

Chile es un país que se ha propuesto avanzar de manera decidida en alcanzar las bases de un desarrollo integral, uno que ponga a disposición de sus ciudadanos oportunidades ciertas. Una política esencial, entonces, es cautelar que la ciudadanía no sea atrapada por falsas trampas de crecimiento, en que se le niegue el acceso a la formalidad y a un trato reglado.

Resulta relevante revisar estas políticas no solo desde una mirada sectorial. Se requiere en este caso ampliarla al conjunto de efectos que ha demostrado provocar la aplicación de la TMC y que escapan del prisma exclusivamente económico. Estamos ante un tema más extenso, que involucra, por un lado, la salud financiera del país y, por otro, el desarrollo social de las personas. No podemos calibrar un factor sin considerar de inmediato el otro.

Aún estamos a tiempo de hacerlo y así retomar el diálogo, alejados de cualquier trinchera, para calibrar de manera adecuada sus alcances en una visión prospectiva. No podemos seguir dilatando este tema, pues en esa conversación también deben incorporarse todas aquellas nuevas normas que al ser analizadas con mayor profundidad pueden también afectar las opciones de crédito con que hoy cuentan pymes y emprendedores. La respuesta debemos buscarla una vez más en la bancarización, la que Chile no debió descuidar.

En definitiva, es urgente reactivar el proyecto de consolidación de la información de deuda, lo que como han dicho las propias autoridades técnicas, redundará en una serie de beneficios, destacando entre ellos la reducción del perfil de riesgo de las personas al ser objeto de análisis de crédito bajo reglas claras y conocidas.