El viernes, Enjoy tenía todo acordado para salir nuevamente a flote. Ese día se aprobaría un aumento de capital por US$150 millones que le permitiría paliar su débil situación financiera ante una crisis sanitaria que les impediría volver a operar en nadie sabe cuántos meses más. El jueves, sin embargo, algo cambió. Ese día, en reunión de directorio, se decidió iniciar un Procedimiento de Reorganización Judicial. La realidad financiera de la compañía -que opera 8 casinos en Chile, uno en Mendoza y un último en Uruguay-, los flujos esperados para los próximos meses y la situación de pago con los acreedores lo hacían urgente. Fuentes al tanto señalan que tras agotar todas las posibilidades, los controladores no tuvieron la certeza de si el monto a inyectar sería suficiente; había que seguir otro camino; uno que permitiera enfrentar la crisis y viabilizar una compañía líder en el mercado, con 45 años de historia y más de 6.000 trabajadores.

El anuncio de un mecanismo para evitar la quiebra vino a cerrar varios períodos de vicisitudes financieras. El holding fundado por la familia Martínez, hace ya cerca de siete años que arrastraba una precaria situación económica. Intentaron realizar un sinfín de cambios y mejoras, pero nada fue suficiente. Y cuando se veía la luz al final del túnel -2019 pintaba exitoso-, el estallido social y el Covid-19 dieron la estocada final. Cerraron el año con una pérdida por $ 27.707 millones -superior a los cerca de $25.000 millones del ejercicio previo- y una deuda financiera por $384 mil millones, donde $282 mil millones correspondían a bonos.

Caminando entre dificultades

A fines de 2012, el anuncio remeció a los mercados. Enjoy saltaba a las ligas mayores. Comunicaba la compra del reconocido hotel y casino Conrad de Punta del Este. Pagaría US$139,2 millones por tomar el control del complejo en Uruguay. En ese momento, la apuesta era segura: la demanda de Brasil y Argentina harían de la operación un éxito. “Esta adquisición fortalecerá la posición de Enjoy como el principal operador de casinos de América Latina”, decía el entonces gerente general, Javier Martínez. Sin embargo, el 2013 el panorama cambió. Mientras a mediados de ese año la firma tomaba el control de Conrad, tres meses antes comenzaba a regir la normativa que prohibía fumar en espacios públicos. Al poco andar, la ocupación de sus casinos en el país caía hasta un 28%. Ese año los ingresos bajaron un 14%; la nueva normativa golpeó fuerte a la industria. Y, en el intertanto, se reunían con los bonistas para modificar ciertos covenants. Al 31 de diciembre de 2013, la compañía mantenía una deuda financiera -según un reporte de Fitch- de $320 mil millones, cifra que en 2011 era de $188 mil millones, principalmente por el financiamiento de sus inversiones. “Fitch ve que el perfil de endeudamiento actual de la compañía presiona su flexibilidad financiera”, decía la clasificadora en esa oportunidad.

En ese contexto, se generó una reorganización completa del operador de casinos. Javier Martínez asumía la Vicepresidencia Ejecutiva; Gerardo Cood, llegaba a la gerencia Chile; y se creaba una del Atlántico. En paralelo, entraba Virtus Partner y en menos de un semestre el 10% del personal estaba fuera. En 2014 se respiraba un nuevo aire: los costos se habían reducido, y los ingresos retomaban su impulso. En 2015, las utilidades crecían más del 80%, y las ventas subían un 8,7%; pero los pasivos seguían al alza: ya iban en $475 mil millones -con ventas por $233 mil millones-, un 8,1% más que el año previo.

En 2016 diversificaron la oferta al comprar los primeros dos hoteles sin casino: el Villarrica Park Lake y el Hotel Puerto Varas. Además, capitalizaron a la compañía en $52.059 millones para fortalecer su capacidad financiera. Sin embargo, su razón de endeudamiento ya llegaba a las 4,17 veces, bastante más que las 2,96 veces de un año atrás.

En 2017, la extensa licitación de casinos municipales, sumado a la presión por ejercer la opción de compra por el 55% que les faltaba de Conrad, volvieron a mellar, no sólo sus finanzas, sino su valor en Bolsa que, en marzo de ese año, llegaba a su mínimo en doce meses -$45,01-, hoy está en $8,9. Ese año emitieron su primer bono internacional, por US$ 300 millones a cinco años.

En 2018, ya los Martínez optaron por dar un paso más definitivo. Ese año, el fondo Advent International adquirió el 35% de la propiedad, tras capitalizar a la firma con US$184 millones. En el mercado tal operación se leyó como un agotamiento de los recursos de los fundadores para sacar la compañía a flote. Ese año cerraron con una pérdida de $25.021 millones. En noviembre habían emitido un nuevo bono por UF 3 millones. El ejercicio cerraba con pasivos por $469 mil millones, aunque con una relación deuda financiera/Ebitda de 4,31 veces versus los 5,13 veces de 2017. Y con gran parte de los vencimientos en 2022.

Advent hizo una reingeniería completa. De hecho, a mediados de 2019, el panorama pintaba más alentador. De la mano de una nueva administración, liderada por Rodrigo Larraín, la firma logró un crecimiento en su Ebitda Ajustado del 34% en el tercer trimestre, el más alto registrado en los últimos años. Y gozaba de planes ambiciosos. Según se lee en el escrito de Reorganización Concursal presentado el viernes ante el 8vo Juzgado Civil de Santiago por los abogados del Estudio Nelson Contador & Cia. -representantes del Enjoy-, en 2019, se inició un importante plan estratégico para revertir la caída en resultados que venía registrando la empresa y sentar las bases para su desarrollo sustentable. Se realizaron así cambios profundos en la compañía. Y se comenzó a trabajar en un modelo que combinaría una oferta físico-digital, con una operación en base a licencias de casino físicas combinadas con una oferta de juego online. Además, recientemente habían adquirido licencias por un plazo de 15 años, con proyectos de remodelación, renovación y mejoras en casinos tales como Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas; además de sumar las operaciones de Los Ángeles y San Antonio, e impulsar desembolsos en la operación de Punta del Este para potenciar el destino durante todo el año.

En eso estaban, pero el estallido social alteró todo el panorama. El cierre de la operación les generó un perjuicio de $7.556 millones en el Ebitda.

A pesar de ese complejo momento -se lee en el documento de once páginas presentado al 8vo Juzgado Civil- la compañía logró una recuperación de un 20% en los ingresos durante enero y febrero, y de 28% en el Ebitda ajustado, impulsado por Enjoy Punta del Este. “Estos resultados claramente indican que los cambios estructurales de la empresa han sido los correctos y que la compañía ha desarrollado un modelo de negocio con grandes oportunidades de crecimiento y rentabilidad”, relata el escrito.

Tras lo cual estalló la pandemia del coronavirus y el consiguiente cierre de todos los casinos del país desde el 18 de marzo; lo que se replicó también en Argentina y Uruguay. Y el flujo de visitas se fue a cero. En dicho contexto, se generó un comité de emergencia y un plan de contingencia, donde se implementó un control exhaustivo de gastos y egresos de caja, limitándolos a los estrictamente esenciales, paralizando todo tipo de inversiones, renegociando y suspendiendo contratos de suministros y servicios, ajustando dotaciones y acogiéndonos a las medidas provistas por la Ley de Protección al Empleo.

En paralelo -se lee en el documento-, la firma informó de la situación a sus accionistas y acreedores, solicitando a estos últimos la flexibilización de ciertas condiciones, apoyo financiero y provisión de liquidez adicional para superar esta coyuntura. De hecho, en diciembre ya habían aceptado una nueva modificación de covenants. “A pesar de encontrar en el mercado buena recepción y entendimiento de la situación, no ha sido posible hasta ahora alcanzar acuerdos que le permitan a la sociedad superar su coyuntura financiera que, en un contexto del cierre decretado de sus operaciones, se agrava semana a semana”, subraya el escrito.

Fuentes del sector precisan, además, que la Superintendencia de Casinos y la autoridad en general tampoco tomó decisiones con la celeridad que se requería. De hecho, Enjoy y la industria en general le solicitaron una prorroga -fuentes al tanto hablan de cinco años- de los plazos de vigencia de las actuales licencias municipales, varias de las cuales vencen el 2023 y cuyo proceso de licitación partiría en junio. Sin embargo, a la fecha la autoridad no había determinado nada, pese a mostrar la disposición de hacerlo. “En una industria como esta, con todas las operaciones cerradas desde hace semanas y cero ingreso de flujo, cada día que pasa es un daño más grande, por lo que urge la reacción de la autoridad cuanto antes”, puntualizan desde la industria.

En ese contexto, se había llamado a una junta de accionistas para capitalizar a la firma en US$150 millones. Pero todo quedó en nada. La falta de respuesta de la Superintendencia de Casinos -determinación vital para la liquidez de la compañía- más la reticencia de algunos acreedores para renegociar los términos de vencimiento de sus créditos y condiciones de pago, hicieron improcedente inyectar nuevos recursos, sin la debida información acerca de si serían suficientes, subraya el documento ingresado a la justicia. La compañía ya venía mal y amenazaba con decaer aún más si es que no se tenían ciertas certezas. “Con el objeto de aunar las voluntades de los acreedores para lograr una necesaria reestructuración de los pasivos” -dice el escrito-, se hacía necesario iniciar un Procedimiento de Reorganización Judicial, para resolver estructuralmente su situación financiera, y viabilizar el desarrollo de sus planes para que no vuelva a enfrentar nuevos años de crisis.P