Lucas Palacios: “Vamos a presentar un veto sustitutivo a la norma que prohíbe los descuentos asociados a medios de pago”

El 10 de agosto el Congreso despachó el proyecto de ley que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, más conocido como ley proconsumidor.

Si bien el texto aborda varias temáticas como la ampliación de los meses de garantía de 3 a 6, mejoras en las condiciones de cambios o cancelación de pasajes aéreos, el derecho a retracto en compras electrónicas, clarifica el derecho del consumidor para optar por la devolución o reposición del bien si después de la reparación subsisten las deficiencias, entre otras materias, hubo una que centró el debate y las críticas de distintos sectores, incluidos el retail y las asociaciones de consumidores.

Se trata de una indicación ingresada por el diputado Karim Bianchi (independiente), y que es una norma que prohíbe entregar descuentos exclusivos asociados al uso de ciertas tarjetas de pago administradas por el proveedor o un relacionado afectando el acceso al crédito u ofertas de determinadas tiendas comerciales.

“Esta norma en particular no es buena ni para los consumidores ni para las pymes. Confunde dos conceptos que son fundamentales: uno es la tarjeta o los medios electrónicos como forma de pago, y otra la tarjeta como medio de financiamiento. Por ello las soluciones tienen que ser diferentes”, explica el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien anticipa que, debido a aquello, el gobierno ingresará un veto sustitutivo para cambiar esa norma por otra.

Si bien todavía no está definido cuándo se ingresará, el plazo expira el 9 de septiembre. “Este es un buen proyecto. Muy positivo y necesario para que tengamos una legislación de primer nivel mundial en el marco de los derechos de los consumidores y necesario para el país”, subraya el secretario de Estado.

El Congreso despachó la ley proconsumidor, pero salió con un artículo bastante criticado tanto por el retail como por las asociaciones de consumidores, que es aquel que prohíbe hacer promociones o descuentos por utilizar tarjetas no bancarias o algún medio de pago electrónico. ¿Cuál es la postura que tomará el gobierno sobre ese artículo?

-En primer lugar, esta es una ley miscelánea que presentó nuestro gobierno, que es muy positiva y necesaria para nuestro país. Se incorporan alrededor de 25 medidas que fortalecen los derechos de los consumidores. Esta es una legislación que avanza en equilibrar los derechos de los consumidores con quienes venden productos y servicios. Ahora, respecto a esta norma en particular que fue introducida por el diputado Bianchi que prohíbe los descuentos asociados a medios de pago, mediante indicación en la sala de la Cámara y que fue rechazada en ambas comisiones técnicas, vamos a presentar un veto sustitutivo, porque consideramos que es muy mala para los consumidores.

¿Eso significa que esa norma la reemplazarán por otra que ingresarán?

-Exactamente. Vamos a corregir aquellos elementos que están incorporando en esa norma, que son directamente contrarios a los que busca la ley, que es salvaguardar los derechos del consumidor. De hecho, hay muchas personas que utilizan como medio de pago las tarjetas de débito, crédito, medios electrónicos que, además, les permite acceder a ofertas. A su vez favorece a un montón de empresas, muchas de ellas pymes que pueden salir de su sobrestock o restaurantes que pueden hacer ofertas para poder llenar los espacios vacíos cuando hay menor demanda. Por lo tanto, esta norma, de quedar tal como está, es contraria a la reactivación económica de las pymes, cosa que nos preocupa doblemente.

Considerando que se debe ingresar una nueva norma, ¿cuáles serán los ejes o puntos centrales de los cambios que se presentarán en el veto sustitutivo? ¿Una mayor regulación?

-No puedo anticipar los detalles de la redacción de los cambios al artículo, porque tienen que conocerlo primero los parlamentarios. Sin embargo, va en la línea de que no afecte los derechos de los consumidores, ni en contra del uso de estos medios de pago que han ido creciendo en todo el mundo. Por lo tanto, si nosotros prohibiésemos, a través de una norma como la que está actualmente, el uso de las tarjetas como medios de pago y la aplicación de eventuales ofertas a través de estos medios, estaríamos retrocediendo en décadas desde el punto de vista tecnológico con respecto al uso de estos instrumentos.

Los impulsores de esta indicación afirman que con estas modificaciones se busca defender a las personas de “un abuso histórico del retail” que entusiasma a un consumidor con un descuento que se hace usando una tarjeta de crédito, por la cual cobra mantenciones e intereses. ¿Tiene sustento esta argumentación?

-Ese es un problema de información que tiene que ser clara al momento de que el consumidor suscribe o hace uso de esa tarjeta como medio de crédito. Está bien que la persona tenga toda la información para que libremente tome la decisión, pero no prohibir la tarjeta como medio de pago.

¿El veto, entonces, puede ir en esa dirección?

-Lo importante es que las personas libremente puedan tomar sus decisiones. Prohibir un medio de pago no impide que una persona deje de endeudarse. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que ocurre es que todos los instrumentos financieros que existen tienen que tener debidamente definido e informado cuáles son las tasas de interés, valor de cuotas, entre otras materias. Con esa información el consumidor debe tomar la decisión que más le convenga. Y con las tarjetas de medios de pago puede ser con o sin cuotas, con o sin interés.

¿Cuándo piensan ingresar el veto, considerando que el plazo es de 30 días desde que se aprobó la ley en el Congreso?

-Tenemos que estar dentro de ese plazo, pero todavía no hemos definido el día en que vamos a incorporar esa norma, pero será pronto.

¿Ven que tienen piso político para lograr el veto? ¿Lo han conversado con los parlamentarios?

Cuando se aprobó esa norma, e incluso antes que se aprobara, hubo muchos parlamentarios que se acercaron a hacernos ver que quizá tendríamos que buscar una fórmula para corregir ese artículo dado lo mala que estaba quedando y perjudicando a los consumidores y a los emprendedores.

Otro de los puntos que generó un grado de polémica es el hecho de que el Sernac podrá acceder a los datos personales de los consumidores. La crítica apunta a que esto debería estar normado por la nueva ley de datos personas. ¿Ese proyecto avanzará?

Eso no es así. Los datos personales que hace referencia la ley de protección al consumidor están restringidos solamente al acceso de aquellos datos que están asociados a la demanda del consumidor.

En el segundo trimestre la economía creció un 18,1%, su mayor alza desde que hay registro. Sin embargo, algunos economistas levantaron la alerta de que este mayor impulso está sustentado principalmente en el consumo y criticaron la extensión del IFE por el riesgo de sobrecalentamiento de la economía. ¿Qué análisis hace?

-La economía creció un 18,1%, es la cifra más alta desde que existe registro del Banco Central. Además, la composición de la cifra incorpora un 24,8% de alza en maquinarias y equipos, por lo que no es solo consumo, sino que también por inversión. A ello se suman las cifras de inversión extranjera que en el primer semestre crecieron un 66% en comparación con el primer semestre de 2020. Esto da cuenta de que Chile está siendo muy apetecido por inversionistas internacionales. Además, en nuestros registros en la oficina Grandes Proyectos Sustentables (GPS), hemos visto un incremento en el stock de proyectos desde el 31 de diciembre de 2020 hasta junio de este año del 5,7%. En ese contexto, la recuperación económica no está sostenida por el gasto en consumo doméstico, sino que también por una recuperación importante en la inversión.

¿Desestima, entonces, las críticas de los economistas sobre el sentido de oportunidad de extender el IFE universal hasta noviembre?

-Hemos ido habilitando distintas medidas de apoyo conforme se ha ido extendiendo la pandemia. Una incluye la inyección de liquidez por el lado de la demanda para los hogares que es el IFE, pero otra por el lado de la oferta entregando apoyo a las pymes. Eso nos permite una recuperación rápida y equilibrada de la economía. Estas ayudas deben hacerse con algún nivel de tiempo para que las personas tengan la tranquilidad para buscar empleos. Por ello, hemos trazado una ruta de transición para que entregarles tranquilidad a las familias, y de esa forma, a partir de diciembre, comenzar a retirar las ayudas del Estado para ir construyendo nuevamente los equilibrios fiscales que son tan necesarios para el país.

En la semana el Presidente Piñera anunció nuevas indicaciones para el proyecto del INE Autónomo, ¿ingresaron?

-Están firmadas e ingresarán en los próximos días. Le daremos urgencia nuevamente a la iniciativa. Ingresa a la Comisión de Hacienda del Senado donde está hoy el proyecto.

Una de ellas apunta a que el INE aplicará la metodología de medición de la pobreza por ingresos vigente, ¿será este organismo quien medirá esa variable ahora?

-Sí. El proyecto de ley abordaba la medición de la pobreza por parte del INE, sin embargo, era necesario precisar y mejorar ciertas materias. En ese sentido, se introducen especificaciones más bien técnicas, señalando que corresponde al INE aplicar la metodología de medición de la pobreza por ingresos vigente.

También se dijo que las indicaciones presentadas contemplan resolver la confusión respecto del rol del Consejo Estadístico Nacional que existe en el proyecto actual, ¿cuál era esa confusión?

-En el proyecto, tal como está hoy en el Congreso, se genera una confusión respecto del rol del Consejo Estadístico Nacional. Por un lado, lo incorpora en la estructura del Instituto Nacional Estadístico, pero por el otro, lo consideraba parte del Sistema Estadístico Nacional, como un organismo independiente. Es por lo anterior que se realizan modificaciones con el objeto de establecer con claridad dentro del Sistema Estadístico Nacional que el INE y el Consejo son un mismo organismo.