Luis Eduardo Thayer: “Queremos establecer un sistema donde un extranjero postule a una visa y, al mismo tiempo, a una oferta de empleo”

Asumió el 2 de abril a cargo del Servicio Nacional de Migraciones. Y desde ese momento, su foco ha estado puesto en avanzar en cómo ir regularizando a la población extranjera en el país. En su primera entrevista como director de la entidad, Luis Eduardo Thayer entrega detalles de lo que piensa desarrollar para ordenar el flujo migratorio, en especial, en lo relacionado con el mercado laboral. Además, menciona los cambios que están haciendo al interior del servicio para el proceso de expulsiones y anticipa que habrá cambios en la forma de contabilizar a los migrantes que viven en Chile.

A principios de mayo el gobierno decidió retirar un decreto de la Ley de Migraciones, el cual permitía que las solicitudes fueran gestionadas por el país de origen de la persona y solo en caso de razones humanitarias se podía tramitar desde Servicio Nacional de Migraciones. ¿Por qué se cambió el criterio?

-Ese decreto era uno que fijaba las subcategorías de visas temporales. Tenía desajustes con lo que señala la ley. La ley señala que las visas temporales se deben solicitar desde el extranjero, pero hay tres excepciones que el decreto original no las fijaba. Una es la excepción por motivos humanitarios, unificación familiar y que esté alineada con los objetivos de la política nacional de migración. El decreto no tenía eso. Además, tampoco incluía la visa para niños, niñas y adolescentes. El motivo por el cual se retiró fue para hacer operativo ese decreto con la nueva ley.

Desde la oposición acusan que podría incentivar el turismo laboral, ¿qué responde al respecto?

-No lo es. Lo plantean desde una caricatura. Las personas tienen que solicitar sus visas temporales desde el extranjero. Quienes ingresen con visa de turismo no pueden cambiar de categoría dentro del país y eso lo establece la ley. Ahora, si las personas cayeran en alguna de estas excepciones podrían postular. Eso está en la ley.

¿Cuál será la estrategia para la entrega de visas laborales?

-Estamos teniendo muchas conversaciones con el sector privado, con asociaciones gremiales importantes como, por ejemplo, Chile Transporte, Chile Alimentos. También tenemos una conversación abierta con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Consejo Minero. Lo que queremos hacer es establecer un sistema donde una persona desde el extranjero, que postule a una visa, pueda optar al mismo tiempo e idealmente en el mismo formulario a una oferta de empleo. Con eso resolvemos parte importante del orden del flujo migratorio y la necesidad del mercado de trabajo que hoy se encuentran con déficit de fuerza laboral.

¿Cómo se materializará este sistema?

-Estamos conversado con la Bolsa Nacional de Empleo en función de canalizar las ofertas de empleo que permitan habilitar una visa a partir de ese instrumento. Se trabaja en la fórmula para instalarlo en nuestra plataforma. Es una oferta concreta. Los trabajadores postularán a esa oferta de manera directa a través del portal que queremos implementar.

¿Tienen plazo para comenzar con este sistema?

-Estamos trabajando para implementarlo este año con algunos sectores estratégicos. Queremos partir con el sector agrícola, para luego ir ampliando a otros sectores.

¿Se buscará la regularidad migratoria de aquellas personas que están trabajando o pretenden trabajar en el país? ¿Qué categoría de visado se les entregará?

-Nos interesa buscar todas las fórmulas para que las personas estén regularizadas y reducir al mínimo posible la irregularidad. Para eso vamos a ocupar todos los instrumentos que nos entrega la ley. Nosotros como servicio tenemos un compromiso explícito en ese sentido. No vamos a promover la irregularidad. Nosotros llegamos al gobierno con una crisis de irregularidad que no conocíamos hasta ahora. No solo porque las personas están mucho tiempo en la tramitación de los documentos. Cuando asumimos, recibimos un servicio con 500 mil solicitudes en trámites, y que en la práctica están en un estado intermedio. Después tenemos la situación del ingreso clandestino, que ha sido muy alto. No vamos a hacer un proceso de regularización extraordinaria, porque no resiste el sistema, pero tenemos que, mediante la ley, buscar todos los mecanismos para que las personas no caigan en la irregularidad y en promover su acceso a la regularidad.

¿Se tiene pensado aumentar el porcentaje de trabajadores extranjeros por empresa que hoy tiene un máximo del 15% del total?

-Se trató de modificar en la nueva ley, pero se rechazó. Eso es un obstáculo, porque es un porcentaje muy bajo, y hay que decirlo así. Uno entiende que haya intención de proteger el empleo nacional, pero lo que estamos viendo hoy en día es un déficit de trabajadores en distintos sectores productivos.

¿Y se piensa hacer alguna modificación en el corto plazo?

-Si de nosotros dependiera, diría que sí, pero no hay una definición en ese sentido. Habría que modificar el Código del Trabajo. Cuando se discutió la ley se propuso aumentarlo al 40%, pero se cayó al final de la discusión. Habría sido muy bueno, porque en la práctica lo que ocurre es que se requiere un porcentaje mayor de trabajadores extranjeros, por falta de cobertura con los nacionales.

Uno de los temas complejos es el ingreso clandestino, especialmente en la zona norte del país, ¿cómo va el proceso de regularización allí?

-Hay más presencia del Estado, no solo en la frontera. Hay una presencia que incluye apoyo a las comunidades, inversión, desarrollo de sistema de albergues, articulación entre los distintos ministerios. Estamos trabajando como servicio con el Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Educación, en una mesa que coordina la Subsecretaría del Interior, que busca ordenar y resolver las situaciones específicas que se están dando en el norte. Hay un trabajo que se está haciendo de articulación. Es un proceso lento, pero se va avanzando. No se solucionará de un día para otro.

La otra cara de la moneda de la regularización es la deportación, ¿por qué se canceló el contrato con SKY para los vuelos de deportación?

-No se canceló. El contrato tenía una fecha que vencía el 20 de mayo. Era un contrato marco. No había transferencia de recursos si es que no se ejecutaban los vuelos. Era un convenio que tenía ciertas condiciones, tuvimos una conversación con SKY, pero nos cambiaron algunas condiciones del contrato, y eso no nos pareció.

¿Cómo lo están haciendo ahora?

-Lo que hacemos son contratos con agencias de viajes y ejecutamos las expulsiones de manera individual en vuelos comerciales. Si bien encarece un poco el costo, facilita la gestión de expulsión. Por otro lado, estamos conversando con el Ministerio de Defensa para implementar vuelos a través de la Fach. Eso nos permitirá ahorrar lo que se encarece el costo del otro sistema. No queremos estar sujetos en un tema tan importante, a la discrecionalidad de una línea aérea que nos puede cambiar las condiciones. Preferimos trabajar de manera más autónoma y las expulsiones las estamos ejecutando. Actualmente están en proceso 180 personas y se está chequeando la documentación. En abril se ejecutaron 88 expulsiones, y en marzo, en torno a 200. Ya hemos comprado para las próximas dos a tres semanas entre 30 a 40 pasajes. Es un flujo que se mueve permanentemente. Los vuelos comerciales permiten sólo dos personas por vuelo y sus respectivas escoltas.

¿Cómo va el proceso de entrega de visado de refugiados? ¿Ha habido retrasos, especialmente por el caso de los ciudadanos ucranianos?

-Nuestro sistema de solicitud, evaluación y otorgamiento de visas para refugiados tiene un estándar internacional. Recibimos también esa visa con hartos problemas de atasco, pero lo estamos resolviendo. La mayoría de los solicitantes son ciudadanos colombianos, venezolanos. Han llegado últimamente solicitud de personas ucranianas, que vienen de una situación compleja por la guerra. Nos hemos reunido con una agrupación de familias chilenas-ucranianas y estamos tramitando esas solicitudes. Están programadas las entrevistas para junio, lo estamos priorizando. Son en torno a 60 personas, 11 familias aproximadamente.

Desde hace dos años, el INE junto al Servicio comenzaron a entregar la cifra de población extranjera en Chile, y hoy la cifra oficial es casi 1,5 millones. ¿Cuándo se entregará el nuevo número de inmigrantes?

-Estamos revisando la metodología, porque queremos incluir en esa estimación de población extranjera a los que están de manera irregular y así transparentar la cifra. No podemos seguir escondiendo la cabeza como un avestruz en términos de la migración irregular. Estamos trabajando con el INE y con otros actores para ir afinando esta metodología.

¿Cuándo se entregará esa información?

-No tenemos una fecha todavía, pero sí podemos decir que estamos acelerando el trabajo porque nos interesa tener esa información. Lo más probable es que suba la cifra, pero porque se contabilizará a los irregulares más que por el hecho de que hayan ingresado más migrantes. Necesitamos saber cuántas personas extranjeras viven en Chile. El formato que tiene la PDI es un buen dato, pero no la única cifra que podemos tener.

¿Fue una falencia de la administración anterior no contabilizar a los irregulares?

-Metodológicamente sí, lo ideal es tener estimaciones que incluyan a la migración irregular como lo hacen los países desarrollados. Es importante ir avanzando en esa dirección.