Un balance bastante crítico del sistema tradicional de evaluación de los programas públicos evidenció el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), que recopiló los resultados de las 148 políticas revisadas por paneles de expertos convocados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la modalidad de EPG (Evaluación de Programas Gubernamentales).
De ese total evaluado entre 2011 y 2020, un 61% o sea 90 programas fueron catalogados como Insuficientes, y sólo un 5% o 7 programas cayeron bajo la categoría de Bueno. El resto fue declarado como Suficiente.
Y si a este compendio se le agregan los recursos involucrados, la conclusión dista de ser positiva, ya que a los 90 programas declarados como Insuficientes se destinó el 66% de los recursos incluidos en la evaluación de la década, equivalente a US$6.641 millones. El sistema de evaluación contempla que un panel externo revise cómo funcionan los programas administrativamente y en terreno identificando cuatro aspectos macro: diseño, implementación, eficiencia y resultado.
“Si se mira en detalle, casi ningún programa tiene evaluado todos los aspectos. Uno esperaría que se evaluaran en términos de si dio el resultado esperado, para saber si sirvió o no, y menos de la mitad tiene este componente, porque muchas veces se implementan sin criterios para evaluar. Cuando uno hace clases inmediatamente incorpora en el programa el tipo de evaluación, y uno pensaría que cuando se implementa un programa el diseño debiera contemplar cómo se evaluará al final”, recalca la economista senior de LyD, Macarena García.
En total, los 148 programas evaluados en diez años suman US$10.100 millones, lo que no obstante es un porcentaje menor respecto del total que contempla el Presupuesto de cada año, que ni siquiera llega al 5%. Es así como en 2012 los programas evaluados representaron sólo un 0,3% del erario, mientras que en 2020, cuando representó un porcentaje mayor, llegó al 4,9%.
“Ante una debilitada sostenibilidad fiscal en un contexto de crisis social y económica, la eficiencia en el uso de los recursos públicos pasa a ser una imperiosa necesidad. Las evaluaciones deben ser una fuente importante de información para la toma de decisiones en el marco del presupuesto 2021”, indica el estudio, manifestando que el sistema debe perfeccionarse y generar un vínculo entre las evaluaciones y la continuidad del programa.
Por otro lado, García valoró la última evaluación informada por el gobierno en que la Dipres con el ministerio de Desarrollo Social pusieron la lupa sobre 687 programas sociales y no sociales, cuyos resultados concretos deberían conocerse en el marco de esta discusión presupuestaria.
“Llama la atención que no se haya hecho antes, ojalá se institucionalice y no dependa de quienes están en los ministerios. Ahora esta evaluación no es lo mismos que los EPG, ya que la Dipres evalúa con el respectivo servicio, pero no llega a la puesta en práctica para ver si está funcionando o no, sino que es una evaluación de escritorio”, remarcó.
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