El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los gremios de la Mesa del Sector Público para reajustar en 3,5% nominal los salarios del sector, además de otros beneficios -y cuyo proyecto de ley será enviado al Congreso la semana del 10 de diciembre-, tendrá un costo fiscal de unos US$1.800 millones, de acuerdo a las estimaciones de Libertad y Desarrollo.
De ese total un 55% de los recursos fiscales utilizados serían destinados al incremento de las remuneraciones mientras el 45% restante iría a los beneficios adicionales, señaló el instituto en un informe.
"Hay que destacar que, en esta década, la mayor parte de las veces no se ha llegado a acuerdo en la negociación, reflejando su elevada dificultad", indica el informe.
Asimismo el estudio afirma que "un reajuste superior a 3,5% no cuenta con ningún fundamento en mejora de productividad y éste es el mayor registrado desde el 2015".
En este sentido precisa que en la comparación con otras fuentes alternativas de medición de salarios del sector público, hay que tener presente las diferencias metodológicas que presentan los distintos indicadores, lo que impide una comparación directa. En particular, precisa, el índice de remuneraciones del sector público estimado por el INE tiene diferencias metodológicas importantes con las remuneraciones brutas promedio estimadas por la Dipres, por lo cual sus evoluciones no son comparables.
"Ahora, si se compara el reajuste anual de las remuneraciones del sector público aprobado cada año con el crecimiento de las remuneraciones brutas estimadas por la Dipres, se observa que efectivamente el reajuste anualmente pactado es inferior al crecimiento de las remuneraciones efectivamente pagadas", indicó.
Cabe recordar que la demanda inicial de la Mesa del Sector Público consideraba un aumento nominal de 8% lo que unicod a los otros beneficios solicitados inicialmente implicaban según las estimaciones de LyD mayor gasto por US$3.500 millones, del cual un 64% del costo total correspondía al reajuste de remuneraciones propiamente tal, mientras que el 36% restante correspondía al incremento de beneficios adicionales.
