Maduro se abre a participación mayoritaria de privados en el petróleo

Conversaciones con Repsol de España, Eni de Italia y Rosneft de Rusia, ya han sostenido funcionarios del gobierno de Venezuela con el afán de permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno. Así lo aseguró Bloomberg, citando fuentes cercanas al asunto, quienes afirmaron que la administración de Nicolás Maduro también busca con esta jugada reestructurar parte de la deuda de la estatal PDVSA, a cambio de activos.

A contracorriente de los monopolios estatales fomentados a lo largo de la era chavista, el plan surge en un momento complejo de la industria petrolera del país. La producción que a principios de 2017 superaba los 2.000.000 millones de barriles al día, en diciembre de año pasado había caído por debajo de los 700.000,

Lo anterior, agravado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, explican en buena parte el desplome de la actividad económica del país, que según las estimaciones del FMI se habría contraído 35% en 2019.

En este marco, un plan de esta naturaleza, que según la agencia de noticias financieras se encuentra en una etapa temprana, ofrecería un respiro al país con las reservas de crudo más grandes del mundo, No obstante, son las leyes aprobadas por el mismo chavismo las que establecen los cerrojos más relevantes para seguir adelante.

"Para que una empresa que ya está en el país quiera pasar de un 40% a un 50% o 60%, se requiere el cambio de la ley de hidrocarburos e inclusive cambios en la Constitución que ellos mismos aprobaron", indica Antero Alvarado, socio principal de Gas Energy Latin America. En efecto, si bien los privados han permanecido en la industria energética, solo en gas natural pueden los accionistas principales, no así en el petróleo.

En ese marco, Antero destaca que "si miras el planteamiento de la oposición y lo que quiere hacer el gobierno, se ve que están alineados, es lo mismo". En ese marco, el experto plantea que "tendría que haber una especie de negociación para ponerse de acuerdo, lo que creo que va a ser uno de los grandes temas de 2020".

En ese contexto, José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, señala a PULSO que en la oposición, a la cual pertenece, están "de acuerdo en que hay que abrir el sector manteniendo la propiedad estatal de los yacimientos". De hecho, asegura que están planteando esa idea desde 2013 y que "ahora el gobierno lo propone por desesperación y no por convicción".

Sin embargo, sostiene que "nadie va a venir a Venezuela si las reglas no están claras, porque ya ha habido malas experiencias. Entre 1996 y 1998 grandes compañías extranjeras invirtieron de más de US$30.000 millones en la faja petrolífera de Orinoco, pero fueron expropiadas en 2007". De hecho, se duda que más allá de las conversaciones, Repsol o Eni se animen a invertir y si bien ve más opciones con Rosneft, duda incluso del interés que puedan tener las petroleras chinas.

Su opinión es compartida por el economista venezolano Manuel Ramón Egaña. "Yo siempre he estado a favor de la privatización, sea Maduro u otro gobierno, pero ¿qué compañía va a confiar en un gobierno que ya les expropió cuando tenían participación?". Dado ese escenario, Egaña sostiene que "por más que la oposición vaya a estar a futuro a favor de privatizar la industria, no van a pasar una ley si le va a dar un respiro a Maduro".

De todas maneras, Antero considera que el gobierno puede desplegar una estrategia que no requiera un paso por el Congreso. "La otra alternativa es que PDVSA siga manteniendo el 60%, siendo el accionista mayoritario, pero cediendo el control operacional al socio B".