El miércoles 10 fue un día largo para la ministra de Medio Ambiente. El mismo día que se presentó el proyecto que reforma el sistema de evaluación ambiental, iniciativa esperaba por el sector privado, tuvo que asistir a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para explicar por qué se reunió con empresarios salmoneros en la casa del exalcalde y lobista Pablo Zalaquett.

“Actúe de buena fe para poder hacer bien mi trabajo. De tender puentes con un sector con el que había distancia, había tensiones importantes”, sostiene la ministra Maisa Rojas.

La secretaria de Estado aborda con Pulso Domingo los detalles de la propuesta que comenzará a discutirse el próximo martes en el Senado. Si bien el gobierno le pidió a los legisladores que se debatiera con celeridad, lo cierto es que la discusión será de largo aliento, y Rojas se da un margen amplio de tiempo: espera tener aprobado el proyecto durante esta administración.

Usted ha dicho en un par de ocasiones que se han propuesto varios intentos de proyectos de esta ley, pero que no han prosperado por distintos motivos. ¿Por qué este proyecto que se está presentando debería pasar y no correr la misma suerte que tuvieron los otros proyectos?

-Por el trabajo que hicimos previo en la elaboración del proyecto donde se conversó con todos los actores sociales para asegurarnos que fuese balanceado. Esta propuesta tiene como eje central dar certezas y disminuir plazos y tiempo de tramitación. Cuando digo certezas, es certeza para la sociedad en general. Esto incluye los titulares de los proyectos, pero también a otros actores de la sociedad.

¿Cuáles son los principales cambios que hace este proyecto en relación a la legislación actual?

-Se aumenta la certeza al hacer una evaluación que es más técnica. Es decir, se quitan los elementos políticos que son más discrecionales y se refuerza entonces lo técnico. ¿Cómo se hace esto? A través de aumentar la rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Lo segundo es que se reducen los plazos. Hay tres o cuatro elementos del proyecto que disminuyen plazos de manera importante. Uno de ellos es que las modificaciones a proyectos que ya cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental se podrán hacer vía una declaración jurada en lugar de una consulta de pertinencia. Otro cambio es a la tipología de ingresos. Hay una modificación que tiene un impacto muy significativo para los proyectos de energía renovable. El sector de energía es como el principal cliente del sistema. Casi la mitad de los proyectos que se tramitan en el sistema son del sector de energía. Así que esto va a tener un impacto bien importante. Entonces ahí, por el cambio que vamos a hacer en una tipología, van a ingresar solamente a los proyectos realmente grandes. Hay otro aspecto que tiene que ver con la reclamación. Hoy en día, es muy compleja y estamos haciendo una propuesta de una reclamación única y simplificada. El impacto que debería tener es que en la parte de la reclamación también debería haber una reducción de plazo, como del 50%.

¿Cuánto deberían reducirse los plazos para la aprobación de los proyectos de inversión?

-Nuestra estimación es que debería haber una disminución de aproximadamente un 30% en la tramitación de proyectos de inversión después de que este proyecto sea aprobado.

Ya hay algunas críticas, tanto de gremios empresariales como de expertos, que apuntan a que las modificaciones para la participación ciudadana podrían alargar los plazos de aprobación de los proyectos.

-Este proyecto cambia la participación ciudadana en dos aspectos. Uno, estamos proponiendo participación ciudadana temprana de manera voluntaria. Es decir, es un proceso que ocurre antes que ingresen los proyectos. Es un proceso que hoy en día los grandes proyectos lo tienen. Esto permite un relacionamiento con las comunidades, que tienen la posibilidad de incidir en el diseño del proyecto. Lo segundo que hace el proyecto de ley es simplificar y dar mayor acceso a la participación ciudadana en el caso de las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Lo que se hace ahí es que se elimina un requisito que hoy dificulta solicitar la participación ciudadana en la DIA, que consiste en acreditar la existencia de las denominadas “cargas ambientales”. Esto es importante porque la participación ciudadana puede contribuir a evitar la judicialización de los proyectos de inversión. Nuestra simulación es que esto debiera aumentar la participación para declaraciones de impacto ambiental desde un 15% a un 20%.

¿No impactará en los plazos de los proyectos?

-La participación temprana, como dice su nombre, es una participación en la cual la idea es que sí tengan una incidencia en el diseño mismo del proyecto. La evidencia muestra que debiera reducir conflictividad y reducir reclamaciones, judicialización y, por ello, también generar un impacto positivo en la tramitación total, pero eso es voluntario, por lo que no tiene ninguna incidencia en aumento de plazo.

¿Cualquier persona puede participar?

-No, la participación ciudadana es para los directamente afectados y esos son quienes viven en una comunidad específica donde está radicado proyecto.

¿Cómo se materializará la participación temprana? ¿Quién lleva ese registro?

-El Servicio de Evaluación Ambiental tiene un registro de facilitadores, porque la participación temprana alguien la tiene que registrar y hacer de mediador. Alguien facilita esa conversación y para eso va a haber un registro. Es la empresa la que contrata el facilitador.

¿Tiene algún plazo?

-Entre un año y un año y medio, que es lo que demora actualmente un proceso de relacionamiento temprano. Ese proceso se estandariza.

El proyecto busca fortalecer la evaluación técnica, eliminando instancias políticas como el Comité de Ministros, y por eso ahora la decisión administrativa sobre todas las reclamaciones quedará radicada en Dirección Ejecutiva del SEA, es decir, en un organismo unipersonal, lo que ha generado algunas críticas. ¿Por qué se decidió esa fórmula?

-En la institucionalidad actual hay dos instancias políticas. Una es la Comisión de Evaluación Ambiental, que está compuesta por seremis, que son autoridades políticas de la región, y el otro es el Comité de Ministros, que son autoridades políticas. Entonces, dar mayor certeza, consagrando la rectoría técnica del SEA, requiere de eliminar estos dos aspectos políticos. La solución que nosotros estamos proponiendo es que consagremos esa decisión técnica en el Servicio de Evaluación Ambiental y por ello le vamos a dar la tarea al director o directora regional del SEA para entregar la calificación, función que hoy en día ya es bastante cercana a lo que realiza.

Algunos expertos creen que es cuestionable si efectivamente se logra eliminar el criterio político en la decisión de las reclamaciones, ya que la dirección ejecutiva del SEA será designada por el gobierno de turno.

-Hemos escuchado dudas respecto de cómo se puede asegurar que esta autoridad sea técnica, de cómo puede hacer bien su trabajo, que siendo una autoridad unipersonal está el peligro de que sea presionado. Nosotros pensamos que no lo hay. No obstante, el proyecto de ley ingresa al debate en el Congreso y es ahí donde se van a dar este tipo de discusiones. Eso es lo que corresponde. Si hay cosas que haya que mejorar en el Congreso, así debería ocurrir.

¿En la discusión se podrían abrir a buscar otras alternativas como, por ejemplo, que sea una comisión técnica la que decida?

-Es una discusión que se va a dar en el Congreso. Si hay mejores ideas que nos convenzan nosotros estamos obviamente que muy abiertos y dispuestos a dar esa conversación y a encontrar la mejor solución que nos deje tranquilos a todos.

Desde Greenpeace Chile han señalado que algunas autorizaciones que tienen que hacer algunos organismos del Estado serían reemplazadas por declaraciones juradas de las empresas, y que sería una especie de “chipe libre a las industrias”…

-No, definitivamente no. Lo que ocurre es que la declaración jurada es un nuevo instrumento que permitirá que, una vez que un proyecto cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y se quieres hacer una modificación a tu proyecto, vas a poder declarar ese cambio en vez de la consulta de pertinencia. Una consulta de pertinencia puede durar en promedio unos 118 días.

¿Cuándo comienza la discusión propiamente tal en el Congreso?

-Ya estamos citados para el día martes a la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Y si bien no ha dicho cuál es el plazo que le gustaría tener aprobado este proyecto, ¿tiene una meta para tener la nueva institucionalidad lista?

-Yo diría dos cosas. El Presidente Boric pidió que los parlamentarios no se volvieran demasiado creativos. Demos una buena discusión democrática, mejoremos lo que hay que mejorar, pero sin ponernos demasiado creativos. El ministro Marcel dijo que, tal como nosotros cumplimos con el sentido de urgencia de que esto sea parte del pacto fiscal, también esperamos que el Congreso legisle con ese mismo sentido de urgencia. Espero que tengamos una buena tramitación.

¿Aprobado en 2024?

-No, no creo. Es un proyecto complejo. Recordemos que los otros proyectos ni siquiera avanzaron nada. Yo voy a ser más conservadora y espero tenerlo aprobado dentro de nuestra administración.

Han pasado un par de semanas desde que se conocieron las reuniones que tuvieron ministros del gobierno con empresarios y el tema ha generado bastante ruido político. ¿Qué autocrítica hace? ¿Fue un error el haber asistido a estas reuniones?

-Yo lo he dicho bastante claramente. Actué de buena fe. Recibí una invitación para conversar con un rubro industrial con el que las relaciones habían estado tensas en 2022. Recordemos que el año pasado fue la última etapa de discusión en el parlamento del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En ese momento, el Ejecutivo ingresó una indicación en la comisión mixta para no permitir nuevas concesiones en áreas protegidas. Hubo protestas y en general había una crítica al gobierno, pero al Ministerio de Medio Ambiente en particular, señalándose de que yo era una persona poco dialogante, principalmente, porque vengo de un mundo que es de la academia y que no tengo estos nexos. Ese es el contexto.

¿Pero la forma de concretar estas reuniones no fue la correcta?

-Es que yo la decisión la tomé en un contexto, y eso es la que acabo de explicar. Actué de buena fe para poder hacer bien mi trabajo. De tender puentes con un sector con el que había distancia, había tensiones importantes. En particular el tema con la salmonicultura, y yo, como ministra, tengo que lograr que las políticas públicas avancen y, por lo tanto, dado que existía esta distancia, era necesario tender estos puentes, y por eso aceptamos esta invitación.

¿Ahora estas reuniones quedarán todas bajo lobby?

-Entiendo perfectamente, por eso estamos acá, de que este tema ha generado una preocupación importante. Por ello, tal como lo dije en la Comisión de Medio Ambiente, la decisión que nosotros tomamos es que de aquí en adelante se van a registrar todas las reuniones, aunque no sean de lobby. Esto porque entendemos que es importante avanzar en transparencia. Recordemos que el ministerio tiene una norma de participación y, de hecho, la estamos revisando para ajustarla al acuerdo de Escazú. Por lo tanto, me parece que esa es la instancia en la cual vamos a movernos, asegurando que esto se haga correctamente.

¿Cree que la crítica se ha centrado más en usted y el ministro de Economía, Nicolás Grau, considerando que fueron más ministros de las reuniones?

-Fuimos citados a la Comisión de Medio Ambiente y ningún otro ministro ha sido citado aún, no sé si lo van a hacer, pero yo, repito, actué de buena fe. Estoy haciendo mi trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente. Ingresamos dos proyectos de ley esta semana. Se aprobó, después de trece años de tramitación, el Servicio de Biodiversidad. Estamos fortaleciendo la institución ambiental en el país.