El Banco Central y en particular su presidente, Mario Marcel, analizó la polémica por la posible manipulación que habría sufrido el IPC de los meses de agosto y septiembre de 2018. El escenario para salir a fijar la posición del ente rector fue en el marco de la publicación del Informe de Estabilidad Financiera.

En este contexto, Marcel alzó la voz para pedir celeridad en la investigación que lleve a aclarar los hechos, pero también puso paños fríos. "Es bueno que se aclaren todos los temas planteados por las autoridades, pero tenemos que tener claro que la escala de este fenómeno es limitada, que están a nuestro alcance los medios para resolver los problemas institucionales que puedan estar detrás de esto, y en eso hay que concentrarse".

No obstante, el titular del ente rector subrayó que "nosotros somos uno de los actores más interesados en que el IPC sea una información fidedigna, confiable, y para eso descansamos en la información que nos entrega el INE. El BC no interviene en ninguna etapa de la producción de ese indicador. Para nosotros, por lo tanto, la confiabilidad del índice es de la mayor importancia, y por eso, también a nosotros nos parece especialmente grave la situación que se ha planteado".

En cuanto a la reajustabilidad de la UF, Marcel acotó que "hemos sido bastante claros en cuanto a que se hace por una vez, y no se puede volver a revisar. Es parte de las normas que están dentro de la ley orgánica del Banco Central, y que luego se ha traducido en acuerdos del consejo", agregó".

La arista penal

En el ámbito judicial, luego de enterarse a través de la prensa de la denuncia por la presunta manipulación del IPC -que presentó el 7 de mayo el director de Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Guillermo Pattillo-, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió ayer los antecedentes al Ministerio Público. Esto, con el objetivo de que el Comité Penal del CDE analice los antecedentes del caso y evaluar si se hace parte.

Este organismo es el encargado de defender los intereses del Fisco, por lo que podría ejercer una acción penal, tratándose de supuestos delitos informáticos de la Ley 19.223, cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores.

Según fuentes del caso, Felipe López Borges, el suspendido jefe del Departamento de Estadísticas del INE (ver perfil en página siguiente), fue citado a declarar en calidad de imputado el martes pasado por la fiscal Centro Norte Giovanna Herrera. En tanto, el lunes la persecutora realizó una serie de requerimientos de información.

Moderación

Hoy a las 10:00 horas, el director del INE, Guillermo Pattillo entregará su Cuenta Pública envuelto en esta polémica. Si bien en un principio la evaluación al interior del INE y del propio gobierno era positiva respecto a salir a denunciar una posible manipulación, con el paso de los días surgen voces más moderadas.

El propio exdirector del organismo, Juan Eduardo Coeymans, señaló a PULSO que "todavía no está claro cuál es el argumento para afirmar eso. Entonces, es clave despejar si hubo error estadístico o manipulación y no desacreditar con una sobrerreacción a toda la institución". Añadió además que "es difícil manipular el IPC. Hay filtros del departamento de precios, reuniones entre la dirección de operaciones y la subdirección técnica y varias personas analizan los datos, el sistema computacional del INE es un sistema cerrado, no es una planilla que esté circulando".

En tanto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, afirmó ayer que "hay que ver con cuidado todos los efectos que esto pueda provocar, pero tampoco hay que anticiparse. Hay que esperar el resultado final de la auditoría del INE".