A esta altura, más importante que el resultado del plebiscito, son las características del grupo que redacte la Constitución y cómo se abordarán los temas. Así lo asegura Manuel Orozco, analista que da seguimiento a la calificación soberana de Chile en S&P.
Valorando lo reglamentado y democrático del proceso en el cuan se adentra el país, destaca en entrevista con PULSO que los riesgos están balanceados. La pérdida de sostenibilidad fiscal podría derivar en una futura rebaja de la calificación, pero un gasto social que derive en una economía más rica podría implicar una mejora.
¿La calificación A+ y la perspectiva negativa es capaz de sostener que genera un proceso constitucional?
-Sí. De hecho, es esa incertidumbre, entre otras cosas, lo que nos llevó a pasar la perspectiva a negativa. Había una combinación de Covid y el estallido social, pero también estábamos incorporando en nuestro escenario el plebiscito. Particularmente, consideramos la incertidumbre sobre las presiones de gasto que pudiera tener Chile en el largo plazo y también la capacidad que pudiera tener el país para incrementar los ingresos y financiar estos gastos más elevados.
¿Esas estimaciones de gasto las hacen independiente del resultado en el plebiscito?
-Los eventos del año pasado son sobre temas muy generales, pero se pueden identificar mayores demandas por tener una mejor red social, lo que implica mayores presiones de gasto. Entonces el proceso constitucional es una manera de resolver eso, pero tampoco es la única. Desde una posición neutral sobre el resultado del plebiscito, ya se reconocían esas presiones en la revisión de abril.
¿Hace una diferencia en su análisis que el “Apruebo” gana con el 60% o con el 80%?
-No. Así como somos neutrales respecto al resultado de la votación, lo somos respecto al rango de aprobación. Aquí la pregunta es en qué medida las autoridades pueden crear las fuentes de ingresos para financiar estas mayores presiones de gasto.
¿Entonces este proceso no implica necesariamente un aumento de los riesgos a la baja?
-Los riesgos ya estaban de cierta manera incorporados. Seguiremos monitoreando cómo Chile propone financiar estos gastos y también va a ser importante ver cómo afectará o beneficiará la confianza del consumidor, inversionista, empresario y del futuro crecimiento económico.
¿La discusión sobre el modelo económico no lo percibe como un riesgo?
-Nuestra opinión es sobre calidad crediticia, es decir, cuál es la posibilidad, capacidad y voluntad de un emisor para hacer frente a sus obligaciones de deudas. No opinamos sobre un modelo económico en particular, sino respecto a cómo ayuda a la calidad crediticia.
¿Entonces el hito del plebiscito y un proceso constitucional no tienen la capacidad de cambiar la posición crediticia de Chile?
-Destacamos que es un proceso reglamentado y democrático, que pretende solucionar aspectos donde el modelo económico ha tenido rezagos. Lo consideramos importantes, sobre todo la elección de los constituyentes, porque es ahí donde tendremos una mejor idea de por dónde vienen las propuestas. Ahí podremos empezar a balancear las fortalezas y debilidades de los diferentes puntos.
Si es una constitución que termina poniendo en peligro la sustentabilidad fiscal y, además, resultan en un crecimiento bajo, se trataría de un escenario donde podríamos pensar una baja de calificación. Si no hay cambios mayores podemos pensar en una situación inestable y, por el contrario, sí garantiza la sostenibilidad fiscal y, además, a través del gasto social terminas mejorando ahorro, aspectos de consumo y terminas favoreciendo modelo económico más rico, esto también se podría traducir en mejoras de la calificación.
Lo más probable es que veamos algo balanceado, pero tiene potencial para los dos lados.
Se está discutiendo un segundo retiro del 10% de las AFP. ¿Qué visión tiene al respecto?
-Cuando el retiro salió aprobado se entendía que era una sola vez, en respuesta a la situación de contracción económica y toda la presión que esto ha puesto sobre los ingresos individuales. Ese 10% en el corto plazo contribuyó también a que el shock de la contracción se haya moderado, porque terminó siendo un incentivo de consumo. De esta manera, tuvo un impacto positivo en cuanto a la parte económica.
Pero estar pasando este tipo de reformas también desincentiva la inversión y merma la predictibilidad en las reglas del juego de los fondos de pensiones, que son un jugador institucional bien importante en los mercados financieros. Entonces ahí pesa la incertidumbre.
También es importante ver qué pasa con una reforma más estructural sobre los fondos de pensiones y si logran mejorar el sistema, que está caracterizado por dar bajas pensiones, lo que es parte de la problemática social que empezó desde octubre del año pasado.
