Marcel prepara terreno para insistir con un pacto fiscal menos ambicioso y se fortalece opción de marzo de 2024

Fue una semana en que el pacto tributario terminó por enterrar sus ya mínimas posibilidades de avanzar en los plazos y en la forma como lo había planeado Hacienda originalmente. Tras el portazo de los empresarios a un alza de impuestos y una semana política marcada por las contraproducentes declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que exaltaron a la oposición y la polémica por el uso de los recursos públicos en el caso Minvu-RD, los meses de conversaciones para un pacto fiscal que se cerrara a fines de julio próximo quedaron atrás.

“Han planteado (los empresarios) que están dispuestos a conversar en temas de crecimiento, eficiencia del gasto público, productividad, pero de un modo u otro vamos a terminar discutiendo temas tributarios, porque es imposible pensar en estímulos para la inversión sin que se toque la tecla tributaria. Quizá vamos a recorrer un camino más largo, pero nuestra actitud es de seguir adelante para construir un pacto fiscal”, dijo el ministro Marcel esta semana, luego del rechazo del mundo empresarial a aumentar impuestos y romper con las tibias señales de acercamiento logradas durante los últimos meses en sus reuniones con el ministro y el propio Presidente Boric.

Las declaraciones del ministro trasuntan el interés del gobierno y del propio Presidente Boric de arremeter nuevamente y sin vacilaciones con el pacto fiscal, aunque de una manera menos ambiciosa que la idea original, comentan en el oficialismo. Esta estrategia también implica olvidarse de insistir con el proyecto en el corto plazo en el Senado, donde se enfrenta a la barrera de 2/3 de votos que no están disponibles si quiere ingresar la misma reforma ya rechazada, bajo la promesa de respetar un eventual y lejano consenso de cambios con la oposición y el mundo empresarial.

En lo que fue una inesperada y dura derrota política para Marcel, en marzo pasado la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar de la reforma, lo que impide al gobierno presentar un nuevo proyecto sino hasta marzo del 2024, un año después del primer fracaso.

De hecho, la propia ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se abrió esta semana a la posibilidad de insistir con el pacto tributario en marzo del próximo año, estrategia que gana terreno al interior del oficialismo.

“Vamos a insistir con todos los recursos que tenemos a disposición, tocando todas las puertas para un pacto fiscal... (de no lograr un acuerdo a fines de julio) todavía podemos insistir en marzo en la Cámara de Diputados, donde el quórum es más bajo y sabemos que hay muchos parlamentarios que sí esta vez tienen disposición a avanzar, a diferencia de la vez pasada, en una reforma tributaria”, afirmó la vocera de gobierno en declaraciones a la prensa este jueves.

Sin embargo, la estrategia de Marcel y el gobierno debe transitar por un camino lleno de complejidades y donde el contexto político y electoral será relevante a la hora de lograr nuevos consensos.

“Teniendo en cuenta el contexto político, la reforma tributaria tal como la concebía Hacienda ya murió. La única salida es avanzar en medidas antielusión y evasión, y eliminación de algunas exenciones. Dudo que haya agua en la piscina para más”, afirma categórico el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco, quien fue uno de los negociadores clave la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

En la misma línea, el socio Tax & Legal de KPMG y excoordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Alberto Cuevas, estima que a medida que avanzan las conversaciones las posibilidades de alcanzar acuerdos se hacen más complejas. “El margen para un acuerdo se va reduciendo y sería complejo que incluso ni siquiera se pueda avanzar en temas ampliamente compartidos como medidas adicionales para el control de la evasión y elusión. Ya hay indicios claros de que no se logrará concretar nada en el mes de julio, por lo que todo hace suponer que podría incluso postergarse la discusión. Se requiere mucho pragmatismo, mejorar las formas para no deteriorar las confianzas y avanzar en los temas en que haya acuerdo lo más rápido posible. De no ser así, no queda más que esperar un año para que el gobierno vuelva a presentar un proyecto que se tramite en la Cámara”, añade el abogado.

Un influyente parlamentario oficialista cree que el mundo empresarial estuvo en un principio firmemente de acuerdo en avanzar a un acuerdo transversal en materia tributaria, lo que daba soporte a la estrategia de Marcel de presionar a los parlamentarios de oposición a través de una base de acuerdo previa con el mundo privado. Sin embargo, los empresarios repentinamente y tras los cuestionamientos del mundo político de la centroderecha, cambiaron el tono, recuerda la misma fuente.

“En su dura declaración de esta semana en contra de la tributaria influyó con fuerza el estallido del caso de las platas de Revolución Democrática en Antofagasta. Luego de eso endurecieron el tono”, reconoce un personero oficialista de estrecha relación con el mundo privado.

Un importante asesor empresarial añade que las inesperadas declaraciones de Marcel sobre el débil financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) aprobado en la etapa final del gobierno de Sebastián Piñera y las “amenazas” de un nuevo estallido social de no aprobarse las reforma, cambiaron el semblante en la oposición.

“No sólo hubo una equivocación de Marcel al tratar de usar a los empresarios para presionar a los parlamentarios de derecha, sino también sus declaraciones sobre la falta de financiamiento de la PGU fue muy violenta, en términos políticos. Si a eso se suma el mal uso de las platas públicas, el contexto es malo para avanzar en la reforma”, añade un parlamentario opositor.

Otro congresista de derecha cree que el único espacio que le queda al gobierno es insistir con una nueva propuesta menos ambiciosa a partir de marzo del 2024, basada en la lucha contra la evasión y la elusión, y eventualmente, eliminación de exenciones.

“Dado que lo más probable es que una reforma previsional entre en vigencia en enero de 2025 si se logran los acuerdos, el gobierno tendría el tiempo para presentar una reforma tributaria en marzo de 2024 que apuntara a financiar la PGU contenida en el proyecto previsional”, reflexiona el mismo parlamentario opositor.

En el mundo oficialista insisten en que no se debe claudicar en buscar acuerdos con la oposición en materia tributaria y que incluya también la modernización del Estado.

“Admitiendo que hubo un giro por parte del empresariado, hay que seguir conversando en torno a cómo financiar bienes públicos. Creemos en un pacto fiscal que no sólo se reduzca a lo tributario, sino también a la modernización de Estado y la mejor gestión de los recursos públicos, donde los casos de Vitacura y Antofagasta nos muestran que hay harto que hacer todavía. Pero no hay que cerrar la puerta, ya que esta no es una reforma para el gobierno, sino para los chilenos. Cuando uno no tiene mayoría, hay que conversar, sentarse a conversar y volver a conversar y sacar esto adelante. Así ha avanzado Chile”, sostiene el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD).

El diputado PS Jaime Naranjo también insiste en seguir dialogando para avanzar en una reforma tributaria, de manera de despejar las incertidumbres que afectan la inversión y el crecimiento, donde también incluye el proceso constituyente y las materias de seguridad interna.

“Mientras más tiempo pase, mayor es el clima de incertezas y poco ambiente para invertir. Esta es una mesa de tres patas y no puede quedar coja. Por eso si no es este año, habrá que insistir el próximo. Esta reforma tributaria no es sólo para este gobierno, sino también para los próximos. Hay que mirarla en el largo plazo. La deuda social que no se alcance a pagar con este gobierno será tarea del próximo también. De ahí que si el ambiente político y empresarial no es favorable habrá que insistir”, afirma el diputado Naranjo, quien cuestiona el cambio de actitud del empresariado en las conversaciones con el gobierno.

De hecho, estima un cercano a Hacienda, Marcel y el gobierno deben seguir destacando las bondades de la reforma y también el rito de conversaciones con diferentes sectores hasta fines de julio, tal como lo encomendó el Presidente Boric, de manera de aminorar los costos políticos del fracaso de las negociaciones.

En la centroderecha no sólo miran con más cautela la posibilidad de avanzar en la reforma tributaria tal como está propuesta por Hacienda, sino también destacan la necesidad de privilegiar medidas procrecimiento que saquen al país del estancamiento.

“Pacto fiscal significa poner distintas posibilidades sobre la mesa: mejor gasto público, ahorros, menor evasión, revisar mayor rendimiento permanente por contratos de litio, más exigencias de aportes de empresas públicas, agilizar trámites de aprobación de proyectos de inversión para dinamizar la economía. Opciones hay, no todo puede ser subir los impuestos, menos aún en momentos de estancamiento económico, alto endeudamiento de empresas y personas, y pérdida de empleos formales”, sentencia el senador RN, José García Ruminot.

Más drástico es el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. “El tema de fondo de cuáles son las prioridades económicas, y el gobierno ha planteado que es subir los impuestos una y otra vez. Nosotros pensamos que la prioridad económica es volver a reactivar Chile, el empleo, la inversión”, concluye el senador UDI.