Son días agitados para la ministra de Minería, Marcela Hernando. En medio de los posibles cambios a la regulación de la industria minera gatillados por el proceso constituyente, la médico cirujano y exdiputada trabaja intensamente en la gruesa tarea de levantar desde cero una Empresa Nacional del Litio y entregar certidumbres al mundo minero sobre la transición legal que significará una eventual nueva Carta Fundamental.
“A partir de ahora, este gobierno y el que venga va a tener el tremendo desafío de adaptar la normativa que se deriva de esta posible nueva Constitución”, afirma la militante radical.
¿Cuál será su sello como ministra de Minería de este gobierno?
El sello será concordante con el mandato del Presidente Gabriel Boric, que es establecer un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer las cosas, que se traduce en trabajo en equipo y no solo entre los ministerios o con los distintos poderes, sino que también con la ciudadanía. Pondremos el enfoque en la minería artesanal y la pequeña minería, porque a ellos les hace falta muchísimo más apoyo por parte del Estado. Generaremos una minería dialogante con las comunidades y sostenible, es decir, reduciendo las emisiones de CO2 y el impacto ambiental que genera. Seremos fundamentales para una transición a energías limpias, con el objetivo de mitigar los efectos producidos por la emergencia climática y entre otras cosas, seremos el ministerio que cree la Empresa Nacional del Litio. En la misma idea de tener un trabajo en equipo es que instalamos una mesa con distintas instituciones del Estado (Ministerio de Hacienda, Cochilco, Sernageomin, Aduanas y el SII) para coordinar la identificación de los minerales que acompañan el concentrado de cobre, de manera de cobrar los impuestos que corresponden, o mejor dicho, obtener una retribución justa a nuestras riquezas. El Estado antes había hecho estos esfuerzos, pero de forma disgregada. Ahora estamos trabajando en conjunto para fortalecer la capacidad de laboratorios que nos permitan identificar la diversidad de minerales que existen en los concentrados.
¿Qué le parece que la regulación de la gran minería haya quedado fuera de la Constitución?
Primero destacaría que, por primera vez, en la Constitución aparece la pequeña minería de una manera potente, esa es una tremenda señal para nuestro sector. Segundo, con lo redactado en el borrador, pasaríamos a formar parte de lo que es habitual en el tratamiento que los países mineros le dan a la legislación del área. Usted recordará que los aspectos mineros en la Constitución del 80 eran una particularidad respecto a la legislación mundial.
¿Es anómalo como está planteado en la actual Constitución?
Nosotros somos una particularidad en el concierto mundial y desde afuera ven estos cambios a la minería como un ‘ponerse al día’ respecto de lo que se hace en otros países. Quiero decir que, en estos dos meses y medio en el cargo, hemos tenido la visita de al menos 11 embajadores, dos organismos internacionales y cinco empresas extranjeras, y ninguno de ellos ha manifestado un rechazo respecto a los cambios en la Constitución en esta materia. De hecho, todo lo contrario, todos estos actores han confirmado su interés o el de sus representados en continuar y desarrollar aún más la inversión extranjera en Chile.
Eso habla de que ellos están familiarizados con estos otros regímenes que están en el resto del mundo y que para ellos es algo natural. También asumen con admiración que como país seamos capaces de procesar nuestras diferencias sociales y políticas a través de la institucionalidad.
Sin embargo, en la Constitución no quedó nada en términos de regulación minera.
Sí, y va a tener que ser legislado. Hay que destacar que la Convención Constitucional, en la misma línea del carácter dialogante que ha tenido, solicitó insumos técnicos a poderes constituidos y, por nuestra parte, sugerimos que para aplicar las nuevas normas constitucionales que modifiquen la industria minera, exista un proceso transitorio, ya que se requeriría de distintas leyes para regular diversos aspectos técnicos y jurídicos para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, antes de la dictación de dichas leyes es necesario mantener la vigencia de la normativa actual para permitir una transición ordenada y gradual. Esperamos que los insumos que presentamos sean considerados.
Los privados hablaron de que la gran minería quedó desprotegida...
No creo. Estamos dando un salto a una nueva legislación más moderna, porque la actual estaba obsoleta. Este tipo de legislación no suele aparecer en el rango constitucional, para ello existen otras normas, por ejemplo, el Código Minero.
Esa nueva legislación más moderna se tiene que generar en los próximos años...
Sí, y va a ser una tarea nuestra como Ejecutivo también. A partir de ahora, este gobierno y el que venga va a tener el tremendo desafío de adaptar la normativa que se deriva de esta posible nueva Constitución. Por nuestra parte, convocaremos a los distintos actores del sector para un diálogo prelegislativo.
¿Usted era partidaria de la nacionalización de la minería?
La nacionalización, entendida como la necesidad, la facultad o el deseo de nacionalizar las empresas, no fue aprobada. Respecto de la propiedad de los minerales, de los metales y de las riquezas del país, eso quedó establecido prácticamente de la misma manera como está en la actual Constitución, que proviene del artículo que incorporó el Congreso Pleno para la nacionalización del cobre en 1971. Entonces, ahí no hay mucha modificación.
¿Cuál es su opinión del gran empresariado minero?
Tengo una muy buena relación con la mayoría de las agrupaciones del gran empresariado y me parece que son absolutamente necesarias. Hoy requerimos hacer cambios y reformas sociales profundas y nada de eso sería posible si no existe diálogo ni inversión en nuestro país.
¿Cómo está viendo a Codelco en materia de inversión y endeudamiento?
Me preocupa que, en su momento, cuando se decidió que se iban a realizar una serie de proyectos estructurales que eran vitales para seguir manteniendo a Codelco como uno de nuestros principales pilares económicos, se haya definido una estrategia de endeudamiento y no de capitalización. Se ha conversado a nivel de directorio sobre hasta cuándo Codelco solo entrega utilidades y en qué momento se le permite usar parte de esas utilidades también en capitalización de la empresa. Para evitar que aumente la deuda se necesita que sean financiados con retención de utilidades o alguna otra vía acordada con los ministerios de Hacienda y Minería. Sólo así Codelco podrá seguir siendo una empresa competitiva.
¿Usted es partidaria de esa opción?
En principio sí, pero yo creo que es una evaluación que depende del momento económico.
El desafío del litio
¿En qué etapa va la creación de la Empresa Nacional del Litio?
El Presidente Boric ha señalado que esto va a ser uno de los hitos del gobierno y eso lo transforma en un mandato para mí. Existen varios caminos y los estamos evaluando. Llevamos dos meses de funcionamiento de una mesa interministerial y se está trabajando en el levantamiento de información e identificación de brechas en materia de gobernanza de salares y litio. De manera paralela, estamos trabajando con el área de litio y salares -que creamos en el Ministerio de Minería- en coordinación con los ministerios de Economía y de Ciencia y Tecnología, la posibilidad de partir desde ya con la instalación de un Instituto de Litio y Salares ya sea en Antofagasta o Atacama.
Con relación a la Empresa Nacional del Litio, estamos conformando un grupo especializado que tendrá como misión definir cuál es el mejor diseño. Esperamos tener la propuesta de la institucionalidad de esta empresa y el modelo de negocios en el que va a operar antes de fin de año.
¿Usted es más partidaria de que haya participación de privados o que sea enteramente estatal?
Si queremos agregarle valor al litio, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos existentes en el sector empresarial y el aporte que puede hacer, consideramos necesario contemplar dentro de las opciones la asociación público-privada.
Estamos abiertos a que la Empresa Nacional del Litio pueda tener participación privada, pero donde el Estado sea el accionista principal y los privados participen minoritariamente.
A propósito de la polémica licitación del litio de enero pasado que hoy está judicializado y de la cual el conglomerado del actual gobierno fue muy crítico, ¿cuál es la decisión que van a tomar respecto de este proceso? ¿Volverán a licitar?
Hay varios procesos que están en tribunales y estamos expectantes sobre lo que ocurra con ellos. Hemos conversado con las dos empresas que se lo habían adjudicado y nos parece que esa licitación fue dañina también para el sector. Esperamos que esto se resuelva desde el punto de vista jurídico-legal. Nuestro camino no es hacer licitaciones en las que no se sabe dónde, geográficamente, se van a aplicar los derechos.
¿Esa licitación no es válida para ustedes, entonces?
Consideramos que estuvo mal hecha, porque, por ejemplo, entrega derechos sin saber dónde están localizados. Es decir, una licitación igual a esa no la vamos a hacer. Pero, insisto, esperaremos a ver qué dicta la justicia.
¿Cuál es la vía, entonces?
Eso está dentro de lo que estamos trabajando en materia de gobernanza de la Empresa Nacional del Litio. Hoy hay una complejidad respecto de las concesiones que están otorgadas y no otorgadas, las anteriores a la legislación de 1979 y las posteriores, y eso genera una dificultad enorme. Entonces, es necesario conciliar todas aquellas normativas antes de decidir licitar. Creemos también que no existe una justa retribución por la riqueza que se está exportando y se están desaprovechando oportunidades importantes para el país.
Las alternativas del royalty
¿Está decidido retomar el proyecto de royalty que hoy está en el Congreso?
Hay varias alternativas que se están considerando. Nuestra misión es aportar insumos al Ministerio de Hacienda para que evalúe, dentro de la reforma tributaria, cómo aterrizar un royalty. Una alternativa es tomar el proyecto que está en el Senado, aunque es probable que existan discrepancias cuando vuelva a la cámara de origen (Cámara de Diputados y Diputadas) y se pueda retrasar la discusión en una comisión mixta. Un segundo camino es que, dentro de la reforma tributaria, se contemplen algunos artículos respecto de los tributos mineros como carga impositiva y/o como royalty. Otra alternativa es que se presente un proyecto nuevo que se tramite como mensaje y que sea muy similar a lo ya avanzado en el Parlamento.
¿Está incluido el litio en el royalty que se pretende cobrar?
En este minuto no está siendo visto el tema del royalty al litio. Las evaluaciones que hemos hecho es que es muy complejo, ya que el litio es una industria que no está madura.
