Cuando se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo primero que viene a la mente es la ONU, entidad que lidera esta iniciativa. Pero para que realmente se cumplan, en lo que se denomina la Agenda 2030, uno de los grandes protagonistas es el sector privado. Y es aquí donde surge la bisagra entre ambos mundos, denominada Pacto Global. A nivel local, quien encabeza esta entidad es Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile.

Esta red, desde su origen, se ha planteado como desafío rector, el colaborar con el mundo empresarial para alinear sus estrategias y operaciones con los Diez Principios universales sobre derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. A nivel global han apoyado a las empresas con algunos programas icónicos, como el de “Ambición Empresarial 1,5 °C”, que moviliza a las empresas para que avancen a la carbononeutralidad al 2050; o el TGE (Target Gender Equality), para que instauren políticas de equidad de género al interior de sus organizaciones. “En 2024, nuestros principales focos se centran en fortalecer la colaboración entre empresas y su cadena de valor. Además, nos enfocaremos en focos clave como equidad de género, cambio climático, agua, salario digno, derechos humanos y finanzas sostenibles”, señala Ducci.

¿Cree que las empresas están realmente cambiando su visión con respecto a la sustentabilidad?

-Las empresas socias de Pacto Global han demostrado su genuino interés por implementar los ODS en sus procesos y entienden que existe “un desde” para su crecimiento y aporte a la sociedad. Hoy existe también la presión de regulaciones más rigurosas y una demanda creciente de transparencia por parte de los grupos de interés. En este contexto, 2024 se perfila como un año determinante para la sostenibilidad en el ámbito empresarial, ya que deberán hacer negocios en un entorno económico complejo donde vemos que la región está sumida en una grave crisis económica y social. A pesar de esto, un grupo importante de líderes empresariales está siendo disruptivo, desplegando indicadores en sostenibilidad, enfocándose en la rendición de cuentas, fijando objetivos cuantificables, transformando el sistema financiero y desarrollando nuevos modelos de negocio.

¿Qué industrias son las más adelantadas al respecto?

-Aquellas en las cuales existe una mayor regulación y estándares exigidos a nivel internacional y nacional, como por ejemplo las empresas que cotizan en bolsa, rubros como la minería y la energía, que están fuertemente regulados y las multinacionales que tienen lineamientos desde sus casas matrices, mucho más exigentes. La industria minera, por ejemplo, se ha desafiado a innovar respecto al uso eficiente del agua, la generación de energía renovable, la gestión de residuos y la restauración de ecosistemas. El sector financiero ha incorporado progresivamente los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus decisiones de inversión y financiamiento, así como en sus prácticas de gestión de riesgos y transparencia. En la misma línea, subsectores como el de tecnología y energías renovables, se potencian como soluciones a modelos de negocio desactualizados.

¿Y los sectores más atrasados?

-Las pymes, que muchas veces no cuentan con recursos humanos y financieros para abordar la sostenibilidad y donde hay un mayor desconocimiento de la forma de implementarlo. Sectores como la agricultura, por ejemplo, clave para la economía y la seguridad alimentaria de Chile y el mundo, en general, está al debe. En algunos casos existe sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, sin gestión de agua en tiempos de crisis hídrica. En ocasiones, el uso indiscriminado de agroquímicos y la generación de gases de efecto invernadero son factores que perjudican el entorno y el ser humano. Aún hay una gran brecha entre la producción convencional y la producción sostenible, tanto en términos de superficie cultivada como de demanda y oferta de productos, lo que es un problema a nivel mundial.

¿Qué tipo de normativas actuales están siendo claves para que las empresas cambien sus acciones, e incluso modelo de negocio, hacia un desarrollo más sostenible?

-Un ejemplo concreto de esto es la institucionalidad que se plasmó en la Ley Marco Cambio Climático, que fija metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el país y los sectores productivos, así como medidas de adaptación y mitigación frente a los impactos del cambio climático.

A ello se suma, la Ley de Eficiencia Energética y la implementación de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor). Así mismo, la normativa de reportabilidad de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para las empresas que cotizan en bolsa; las certificaciones de productos y servicios sostenibles reconocidas internacionalmente, las leyes laborales y de derechos humanos, también influyen en las prácticas empresariales. Incluso la Ley de Humedales Urbanos, asigna un valor ambiental, social y cultural a esos espacios, regulando las actividades que puedan afectarlos negativamente.

¿Qué tipo de legislación aún falta para que mejorar la sustentabilidad en el sector privado?

-Se podría fortalecer la responsabilidad ambiental y social de las pequeñas y medianas empresas, mediante la implementación de incentivos adaptados a sus características, que promuevan prácticas sostenibles.

¿Cuál es su opinión con respecto a las modificaciones que promueven la disminución de la permisología?

-La disminución de la permisología no debería llevar a un debilitamiento de los estándares, sino crear la oportunidadpara mejorar la eficiencia y la agilidad, sin sacrificar la integridad y la búsqueda de la excelencia.