María José Zaldívar: luces y sombras en un complejo período para Trabajo

Asumió la cartera de Trabajo en medio de la crisis social. Su perfil altamente técnico, pero con una historia familiar política -es hija del fallecido exsenador y exembajador Adolfo Zaldívar y sobrina del histórico DC Andrés Zaldívar-, era considerada una buena mezcla para sacar adelante de una vez por todas la reforma de pensiones, una de las demandas ciudadanas que se escuchó con fuerza en ese entonces.

Esa era su misión inicial. Sin embargo, meses después de haber asumido, la llegada del Covid-19 cambió por completo la agenda de María José Zaldívar. La reforma de pensiones se congeló y su gestión se centró netamente en atender la emergencia.

La Ley de Protección al Empleo es una de las políticas públicas que lideró junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. “¡Aprobada la Ley de Protección del Empleo! Quiero agradecer a los parlamentarios de todos los sectores, porque hoy tenemos una iniciativa más robusta y fuerte para proteger los empleos y remuneraciones de los trabajadores”, señaló a fines de marzo pasado, destacando la iniciativa.

Y ahora a modo de balance sostiene que “este fue un año difícil, con impactos muy profundos para muchas familias, por lo que más que hablar de logros, es importante decir que como gobierno hemos trabajado incansablemente y conseguido reducir el impacto de la crisis en un grupo considerable de personas a través de un conjunto de medidas integrales.

La Ley de Protección al Empleo logró que cerca de 600 mil trabajadores se acogieran en la etapa más crítica de la pandemia, manteniendo sus contratos vigentes y permitiéndoles recibir parte de sus ingresos con cargo al seguro de cesantía”.

Otra de las medidas que tuvo a su cargo fue el subsidio al empleo. Se anunció a fines de septiembre con un marco presupuestario de US$ 2.000 millones. Su meta es llegar a un millón de empleos, sin embargo, a tres meses de su entrada en vigencia solo hay 264.928, por lo que ya surgen las voces que piden flexibilizar los requisitos para un mayor uso de ese instrumento.

Esas dos medidas son calificadas por los economistas como “logros”.

Las deudas de su año se centran en el poco avance que tuvo la reforma de pensiones y los proyectos de retiro del 10% de los fondos de pensiones. En el primer caso si bien ella ha mostrado su disposición al diálogo y a llegar a acuerdo con la oposición y su propio bloque, lo cierto es que el resultado concreto es escaso.

“Es innegable que la emergencia nos ha obligado a mover nuestras prioridades. El proyecto de reforma a las pensiones ha sido y es nuestra primera prioridad, y lejos de estar estancado, hemos mantenido el diálogo con parlamentarios de gobierno y oposición durante toda la pandemia, con el único objetivo de lograr acordar los ejes claves en una materia que requiere el compromiso de todos”, afirma la secretaria de Estado.

Uno de los capítulos más complejos que tuvo que enfrentar la ministra fueron los proyectos del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Su argumento técnico no fue escuchado por la oposición, ni tampoco por su propio bloque.

“En lo que nosotros hemos fallado es dejar que se instalen ideas que son falsas. Nosotros no estamos protegiendo a las AFP, no estamos protegiendo a los poderosos, nosotros no estamos negando que los fondos sean de los trabajadores, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer el sistema de seguridad social, algo que hemos estado haciendo en los últimos años”, dijo en julio pasado a radio Duna.

El segundo retiro no fue menos complejo. Primero buscando persuadir a los parlamentarios de lo dañino que sería para las pensiones volver a sacar fondos, y luego cuando el gobierno presentó su propia iniciativa, salir a defenderlo. A diferencia del proyecto de la oposición, el gobierno fijó un tope de ingresos en $ 2,8 millones, el reintegro de los fondos y el pago de impuestos. Sin embargo, en la discusión quedó solo el último punto: el pago de impuestos para rentas sobre $ 1,5 millones.

Ese fue precisamente el punto más defendido por la secretaria de Estado. “Los tramos de ingresos bajos están exentos del pago. Además, la aplicación de este impuesto es progresiva”, argumentó en su minuto la ministra, en conversación con Pulso. P