El ministro de Hacienda, Mario Marcel, refutó cinco afirmaciones fiscales que están instaladas en el debate público y llamó a hablar con datos y cifras. En un seminario organizado por Banco de Chile y Banchile enumero esa cinco afirmaciones que a juicio de Marcel no son ciertas: el gobierno ha incumplido todas sus metas fiscales; que el Ministerio de Hacienda ha cometido errores sistemáticos en la proyección de ingresos; que el gasto público está disparado y la principal razón es el aumento de personal; que la deuda pública ha crecido como nunca; y que se ha dilapidado la reputación fiscal de Chile.1

“Lo que intenté hacer fue no centrar la discusión en torno a una persona en particular (…) por ejemplo, hay mucha gente que se sorprende y que piensa que efectivamente el gasto público está disparado. Pero las cifras, obviamente, no muestran eso. Lo mismo en el caso de la deuda”.

El secretario de Estado añadió que “con la actualización de las cuentas nacionales, ya quedamos en 41,7% del PIB. Y probablemente, con el tipo de cambio actual estemos en la parte más baja, del 41% del PIB. Así que yo creo que para lo que es la discusión pública si mantenemos una lógica de polarización en torno a los temas fiscales, eso no le hace bien al país, no les hace bien a las finanzas públicas, y no le va a hacer bien a nadie que quiera liderar el país en el proceso”.

Marcel alude a la motosierra de Milei por gasto público

Marcel relevó la importancia que tiene las finanzas públicas para el país y por ello, llamó a no buscar respuestas fáciles. “Las financias públicas conectan a la ciudadanía y la economía con el Estado. Las respuestas a las tensiones fiscales no pueden ser ni el voluntarismo, ni la motosierra, mientras el primero conduce a una agudización de las tensiones financiera la segunda pone en peligro a pacto social que subyace la estabilidad y voluntad de progreso del país”.

De esta manera alude a la política que está impulsando el presidente de Argentina, Javier Milei, quien tiene como doctrina la “motosierra” para recortar gasto público.

El ministro apuntó que “las financias públicas deben ser analizadas en su totalidad incluyendo ingresos, gastos y financiamiento, porque poner el acento solo en el gasto desconoce que el Estado chileno es más pequeño que el de países comparables, introduce un sesgo ideológico a la discusión y consolida una aproximación irresponsable a de la demanda por bienes y servicios públicos por la sociedad”.

Los espejismos de ajuste fiscal

Hacia el final de su presentación el ministro abordó lo que él llamó cinco “espejismos” que se han planteado como alternativas de ajuste fiscal, entre los cuales mencionó el congelar el empleo público; reducir los gastos en directorios y personal de confianza; recortar gastos de operación; recortar viáticos y horas extraordinarias; y cancelar programas mal evaluados.

En ese punto, Marcel explicó que las autoridades, personal de confianza en gabinetes y funciones críticas representan “sólo un 0,6% del empleo total en el gobierno central, por lo que el impacto en reducciones adicionales sobre el gasto sería muy reducido. Y en cuanto a bienes y servicios, el gasto operacional se ha restringido fuertemente en los últimos años, manteniéndose al nivel de 2019 excluyendo el Ministerio de Salud”.

Situación similar si se refiere a los programas públicos. “Hay más de 700 programas públicos que representan el 50% del presupuesto 2024. Pero de eso, solamente US$3 mil millones corresponden a gasto que no es rígido, que no tiene algún mandato legal. Por lo tanto, si queremos cambiar esto, tenemos que legislar y todo el sistema político tiene que hacerse parte de ese esfuerzo”, dijo el ministro. Todo eso, según el ministro le significarían un ahorro fiscal de US$316 millones.

En cambio planteó cinco propuestas para reducir el gasto que tendrían mejores resultados: la revisión del gasto, informe OCDE; reducción licencias sector privado (50% de brecha entre 2018-2024); nuevo sistema de financiamiento para la educación superior; agencia Políticas Públicas; y la mayor fiscalización a los políticas sociales para evitar el ahorro sería de US$1.540 millones.