Es su semana más intensa e importante desde que llegó a dirigir las arcas fiscales del país. Luego de largos meses de trabajo para definir el contenido definitivo de la reforma tributaria que da las espaldas financieras al ambicioso programa de gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reveló el cambio impositivo más profundo de los últimos 30 años.
La reforma tributaria no solo aspira a centrar buena parte del debate público en la segunda mitad de 2022, sino además promete convertirse en una prueba de fuego para el manejo político de la figura de gobierno mejor evaluada.
-La reforma se tramitará en medio la mayor espiral inflacionaria en décadas, un alza del récord del dólar, una recesión cercana y el ambiente político más caldeado de los últimos 30 años. ¿Por qué hacer una reforma de esta envergadura ahora?
Por dos razones. Un buen gobierno tiene que ser capaz de enfrentar la coyuntura, resolver problemas de corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en su programa y propuestas de largo plazo. Un gobierno no puede vivir solo en la coyuntura, porque estaría continuamente improvisando. En segundo lugar, es importante reducir la incertidumbre hoy en Chile, especialmente para los inversionistas. Es evidente que en los últimos dos o tres años ha aumentado mucho la incertidumbre por factores globales, locales y políticos. Postergar la decisión de avanzar en la reforma tributaria sería prolongar innecesariamente la incertidumbre sobre el futuro de los impuestos. En todo caso, el desfase que hay entre lo que es la discusión de esta reforma y el momento en que se comience a recaudar es suficientemente amplio como para superar el ciclo económico actual, los problemas ligados a la inflación o el menor crecimiento en el corto plazo.
-La inversión está muy deteriorada y parlamentarios han cuestionado “el pobre” estímulo a la inversión en la reforma. ¿Esta reforma es capaz de atenuar ese deterioro de la inversión?
El panorama para la inversión es bastante negativo y las proyecciones son de caída para este año y, probablemente, para el próximo año también si las cosas siguen como están. Esta reforma tributaria despeja algunas incertidumbres en este tema. Antes de presentar el proyecto, muchos imaginaban que al desintegrar el sistema tributario se separaba el impuesto a la renta de primera categoría del impuesto a la renta personal y, por lo tanto, esa renta personal por los dividendos retirados de la empresa iba a tributar en el global complementario con tasas marginales de hasta 40%. Si hubiera sido así, la combinación de tasa habría sido superior al 60% en términos de cargo sobre el costo del capital o sobre la inversión. La reforma que estamos proponiendo, al gravar las utilidades retiradas con un impuesto de tasa plana de 22%, despeja ese riesgo. Es posible que haya habido inversionistas que estaban postergando sus decisiones de inversión a la espera de esta definición. También tenemos una reducción de la tasa de primera categoría de 27% a 25% y, además, se está creando este incentivo a la inversión en productividad de las empresas. Todo eso son señales bastante positivas para la inversión.
-¿Entonces, la reforma no es una piedra de tope para la inversión?
Esta reforma no es una piedra de tope para la inversión. Al contrario, debería dar bastante tranquilidad a los inversionistas en cuanto a que podrán seguir obteniendo retornos razonables sobre los buenos proyectos de inversión.
-En cuanto a la evidente salida de capitales del país. ¿Esta reforma no estimula esa tendencia?
La salida de capitales es una respuesta a la incertidumbre, a percepciones de riesgos de cosas que podrían ocurrir en el país. Desde el momento en que muchas de esos temores se despejan con esta reforma, se podrá ponderar mejor ese tipo de decisiones. Con el nuevo régimen tributario propuesto, la conveniencia de sacar los capitales fuera de Chile, considerando la rentabilidad de inversiones e impuestos que tienen que pagarse en otros países, así como los costos financieros, tributarios y cambiarios que tiene trasladar esos capitales, es bastante limitada o injustificada.
Con esta reforma no se van a aplicar impuestos desproporcionados sobre esos capitales y, al mismo tiempo, va a contribuir a través del uso de los recursos generados a que haya más paz social, mayor bienestar en el país y menores tensiones económicas y políticas. Todo eso debiera hacer más atractivo mantenerse en el país. En los últimos días he recibido a varios inversionistas extranjeros que valoran las ventajas de nuestro país y las oportunidades que ofrece en términos de energías renovables, instituciones sólidas, etc. Sería lamentable que los inversionistas extranjeros tuvieran más visión que los locales.
-¿Por qué tiene efectos en una mayor estabilidad social y política a largo plazo?
El contenido de la reforma se ha preparado para cumplir con los principios de mayor justicia tributaria y también reciprocidad de parte del Estado frente a los contribuyentes, ambos temas surgidos en los diálogos sociales. Además, el destino de la recaudación que esperamos obtener de esta reforma tributaria apunta a ampliar derechos sociales, invertir en diversificación productiva, ciencia y tecnología, y en desarrollo regional. Todos esos son elementos que contribuyen a generar una economía más próspera y sostenible, con mayor bienestar en la población, donde la gente sienta que está participando de los beneficios de una reforma tributaria.
-¿Con esta reforma tributaria se está dando el primer paso para hacer de Chile un Estado de Bienestar?
Tanto la reforma previsional como la reforma de la salud, que están dentro del programa de gobierno, son fundamentales para la construcción de un estado de bienestar moderno, capaz de proteger a las personas del costo económico de contingencias que se producen a lo largo de la vida. Hubo un tiempo en Chile en que se veía el Estado de Bienestar como una mala palabra. Pero con el correr del tiempo nos hemos ido dando cuenta todos los actores políticos y sociales que un Estado de Bienestar juega un papel no solamente en la economía sino también en la sociedad; contribuye que todos nos sintamos parte de algo común.
-La reforma de 2014 estuvo plagada de pugnas y de eslogans como los “poderosos de siempre”. ¿Cree necesario evitar llegar a ese lenguaje o crispación política?
El sistema tributario debería ser capaz de unir o de reflejar valores que son compartidos más que dividir a la sociedad. Es evidente que un sistema tributario más justo va a significar que haya gente que pague más impuestos que otra. Pero un pacto fiscal significa generar un sistema tributario que represente valores que compartimos como sociedad y que, más allá de los perfeccionamientos que se pueden hacer en el tiempo, sea capaz de ofrecer una base con la cual se pueda seguir trabajando para adelante. Es decir, dejar atrás esta etapa de cambios tan frecuentes y opuestos en el sistema tributario como hemos tenido en los últimos diez años. Por supuesto, un buen pacto fiscal también debe incluir compromisos respecto del uso eficiente y responsable de los recursos públicos y también tenemos propuestas en ese ámbito.
-¿Quién pagará esta reforma? ¿Está en condiciones de decir que la clase media no pagará esta reforma?
La clase media no solo no pagará esta reforma, sino que se va a beneficiar de la misma. Hay beneficios bastante directos, como es la posibilidad de descontar de la base tributaria el gasto en arriendo y los gastos en cuidados a niños, adultos mayores y discapacitados. Del lado del destino de los recursos, hay beneficios para la clase media también, como es la reforma de pensiones o la reducción de listas de espera en hospitales.
-El Presidente Boric habló de una “mejor distribución de la riqueza” con esta reforma. ¿Cuánto disminuirá la desigualdad con estos proyectos?
No cabe duda que va a reducir la desigualdad, dado que el aumento de impuestos está concentrado en los sectores de mayores recursos. Estamos en este momento terminando un estudio que lo va a cuantificar de manera más precisa. En paralelo, el Banco Mundial va a aplicar un modelo que ellos tienen para calcular efectos distributivos. En el curso de las primeras semanas de discusión vamos a tener estimaciones bien precisas al respecto.
-¿Qué está dispuesto a negociar en la tramitación en el Congreso? ¿Cuál es el corazón intransable de esta reforma?
Estamos disponibles a evaluar todas las propuestas que sean para mejorar lo que se ha propuesto, en la medida que se inscriban en la lógica de la reforma. Por eso nos hemos preocupado de explicar de antemano los objetivos que buscamos y los pilares en que se apoya. Hay cambios que tienen mayor proyección en el sentido de las implicancias que tienen para la estructura tributaria. Por ejemplo, el cambio en el impuesto a la renta apunta a salirse de esta dinámica de tensión permanente entre integración y desintegración. Lo que hace el régimen dual que se está proponiendo es que, en lugar de mirar verticalmente el sistema tributario y los ingresos, se los mire horizontalmente en términos de ingresos de las personas que tienen su origen en las rentas del capital o las rentas del trabajo. Ese es un cambio que genera una plataforma o una estructura a partir de la cual el sistema después puede seguir evolucionando, puede ir modificando tasas, puede ir incorporando más o menos renta en uno u otro cauce. Eso va a facilitar mucho las discusiones tributarias futuras.
-¿Hay un aumento en el costo laboral para las empresas en esta reforma?
Diría que no. En general, los impuestos a los ingresos personales no son muy fáciles de traspasarse a remuneraciones. Pero, además, dado que el aumento de impuestos a los ingresos del trabajo está concentrado en el 3% de mayores rentas, como profesionales calificados y cargos directivos, no es mucho lo que cambian los costos laborales.
-Usted habló de un efecto marginal del impuesto a los DFL2. ¿Cuánta gente tendría que tributar por este efecto? ¿Cómo evitar que ese impuesto se traspase al valor del arriendo y no afectar a los arrendatarios que no son parte de ese 3% más rico?
Lo primero que hay que tener claro es que los ingresos por arriendos en general están afectos al impuesto a la renta. Hay gente que no lo sabe o que no lo transparenta en las declaraciones de impuestos. Como la administración tributaria no tiene la información de este tema, como ocurre con otro tipo de transacciones, para incorporar en los borradores de las propuestas de declaración que hace a los contribuyentes, hay mucha subdeclaración.
En el caso de los arriendos de los DFL2, éste venía con una enorme cantidad de exenciones tributarias, partiendo por la tradicional exención de contribuciones de bienes raíces. A eso se le agrega un montón de otras exenciones, incluyendo la del impuesto a la renta por arrendamiento de esas propiedades. En la reforma del 2014, y luego en las medidas que se tomaron para financiar la PGU (Pensión Garantizada Universal), los beneficios tributarios para las viviendas DFL2 en general se redujeron. En particular, en la reforma para financiar la PGU quedaron beneficios tributarios solo para un máximo de dos propiedades DFL2. Dentro de esos beneficios estaban los arriendos.
Lo que se plantea en la reforma actual es terminar de eliminar la exención de impuesto de la renta para el arrendador de propiedades DFL2. En ese sentido, el efecto es marginal, porque ya se ha venido acotando bastante el DFL2. El tema es que al destacarse tanto mediáticamente este cambio en materia de arrendamiento, se genera la idea implícita de que no se paga impuestos por las rentas por arrendamiento y eso no es así.
-¿Cuánto es el efecto entonces?
El problema para la cuantificación es que se tiene que saber no solamente quienes tienen propiedades DFL2, sino quiénes tienen dos propiedades de este tipo de manera de cuantificar el efecto que tiene en el margen. En general, el mercado de arriendos es un mercado donde existe muy poca información pública, lo que lo hace un poco más difícil de cuantificar.
Respecto del riesgo de traspaso de precios a los arrendatarios, la nueva medida afecta a solo aquellas dos propiedades que podrían estar usando esa exención en particular, si es que están arrendadas. Sin embargo, el beneficio tributario al arrendatario, en términos de poder rebajar de la base del impuesto a la renta el gasto en arriendo, es mucho más importante y significativo, porque le da esa posibilidad a todos los contribuyentes del impuesto a la renta por el valor de su arriendo hasta $450 mil mensuales. Esto no quiere decir, por ejemplo, que un arriendo de $600 mil ya no se va a poder rebajar de la base del impuesto a la renta, sino que se va a rebajar $450 mil de esos $600 mil. Ese es un beneficio mucho mayor que cualquier efecto secundario lateral que pudiera tener el cambio en materia de DFL2. Esto debería alentar que los arrendatarios se mantengan al día, de tal modo que con que se evite un solo mes de mora del arrendatario se compensaría cualquier impuesto adicional que se deba pagar por la eliminación de la exención para los DFL2.
-¿Lo compensa sobradamente?
Claro, por supuesto.
-Adicionalmente, la medida se transforma en un mecanismo antielusivo y un incentivo a transparentar este mercado de los arriendos…
La formalidad en materia de arriendos es algo positivo no solamente para la fiscalización tributaria, sino también para la transparencia del mercado de arriendo. A muchos nos ha tocado buscar un arriendo y no siempre se sabe si es el precio exigido es caro o barato. Cuando no existe mucha información pública es más difícil saberlo.
-¿Cuándo espera que esté aprobado el corazón de la reforma y el proyecto de royalty minero?
Son dos canales distintos. En el caso del royalty ya hay un proyecto que está en el Senado y lo que va a hacer el Ejecutivo es presentar indicaciones a ese proyecto. Esa iniciativa ya está en segundo trámite y es un proyecto más simple que las reformas del impuesto a la renta y las medidas para reducir la evasión y la elusión. Por lo tanto, pareciera que ese proyecto debería tener un trámite más rápido.
En el caso del proyecto sobre impuesto a la renta y reducción de la evasión y la elusión, va a ser más complejo, mucho más extenso, pero esperamos es que tenga un avance muy sustantivo de aquí a que comience la discusión presupuestaria en octubre.
-Las mineras han salido a cuestionar la propuesta de royalty y su componente ad valorem. ¿Es un desincentivo a la inversión?
Nos preocupamos de calcular el retorno del capital con el royalty. La manera que está estructurada por el peso relativo que tiene el componente que se aplica sobre el margen operacional frente al componente ad valorem hace que la rentabilidad después de impuestos de cualquier minera siga siendo bastante positiva, con rentabilidades sobre el 15%. Las oportunidades para invertir en minería en Chile van a seguir siendo muy buenas.
-La reforma tributaria de 2014 fue modificada inmediatamente luego de ser aprobada. ¿Cómo lograr que esta reforma perdure en el tiempo?
Esta es una reforma que trata de generar una estructura tributaria que sea capaz de perdurar en el tiempo, que no impida necesariamente que haya modificaciones en el futuro, pero que esas modificaciones se hagan con una base que sea relativamente estable. En todo caso, vamos a buscar los acuerdos más amplios posibles para esta reforma. Construir acuerdos amplios en materia tributaria tiene que ver no solo con convencer, sino también con escuchar.