Molestos. Así están en la industria pesquera luego de que a pesar de lo inicialmente anunciado, el Gobierno decidiera no aplicar ninguna acción frente a la denominada Ley de la jibia, la cual ya había sido descrita por el Ejecutivo como inconstitucional y que a pesar de ello, en los próximos días será promulgada.
En ese sentido, uno de los que ha liderado las críticas en la denominada "Guerra de la jibia", es uno de los propietarios y director de PacificBlue, Mark Stengel, quien se refirió al accionar del Gobierno, luego de que el miércoles anunciara que no ingresaría un veto aditivo a la Ley, para sumar como arte de pesca a la potera y la línea de mano, el cerco (técnica que no puede ser usada por la industria y sus barcos).
"Considero que es muy grave que se generen leyes en Chile que busquen ordenar un sector productivo que trabaja sobre recursos naturales muy sensibles, en base sólo a consideraciones ideológicas y políticas, alejadas totalmente del sustento técnico", dijo Stenguel, añadiendo que "en el trabajo legislativo nunca se dio espacio para conocer las opiniones técnicas o científicas, incluso el Parlamento obvió consultar al Comité de Manejo de la Jibia para tomar decisiones pasando por encima de sus atribuciones".
"Estamos muy preocupados por lo que se viene para nuestro sector, pues la animadversión y ánimo castigador hacia la pesca industrial es realmente grave", añadió.
Asimismo, el empresario reclacó que fue el mismo Gobierno quien indicó en reiteradas ocasiones que el proyecto de Ley era inconstitucional, pues, a su parecer, el Congreso estaba en la práctica reemplazando las atribuciones del Gobierno y de la Subsecretaria de Pesca.
"Sin embargo, tras las presiones y ultimátum de violencia por parte del mundo artesanal, giró completamente su opinión, y en un acto sin precedentes en Chile, el Presidente firmará una Ley que es inconstitucional. La Ley de la Jibia lesiona a la industria pesquera por presiones políticas y sociales que el Gobierno no supo soportar. Nos parece igual de grave que el Gobierno, en vez de proteger el empleo formal que la industria genera, ofrezca plataformas sociales para aplacar los efectos de una ley que esta administración sabe será muy perjudicial. Este es un conflicto artificial que se instaló en la zona por parlamentarios que ni siquiera representan a la región", aseveró.
Stenguel también indicó que este "lamentable proyecto", va en contra de las fuentes laborales de la industria y precarizará la formalidad de estos empleos.
"No entendemos cómo una ley que fue rechazada por sus efectos en el gobierno anterior, que además lesiona la certeza jurídica, y carece de toda consistencia técnica y daña irremediablemente a la actividad pesquera industrial, que es una actividad economía importante en la Región del Biobío, logra ser aprobada en el Parlamento, y avalada por el Gobierno. Habríamos esperado una intervención más temprana de la autoridad en la discusión de este proyecto inconstitucional", aseveró.
Junto con lo anterior, volvió a criticar al ministro de Economía, José Ramón Valente, señalando que rara vez se apersonó al Congreso por este tema.
"Al subsecretario le fue varias veces prohibido el ingreso al Hemiciclo, en un hecho inédito. El resultado ya lo conocemos, y se abrió una puerta muy peligrosa para la inversión en Chile, pues es el Gobierno el mandatado a liderar las leyes que deben dar un grado de estabilidad a los sectores económicos en el país, y no el Parlamento".
Con todo, señaló que lo que viene ahora es evaluar los caminos jurídicos que se abren y de esta manera hacer valer nuestros derechos por el impacto que esta ley tendrá en la actividad y en la Región del Biobío, que además podría sentar un precedente para otros sectores productivos como el Código de Aguas, las telecomunicaciones o la minería.
"Chile es una potencia pesquera, y nos preocupa la imagen del país en el exterior. Esto afectara sin duda la visión que muchos inversionistas tienen sobre el país", concretó.