Marzo y los desafíos del gobierno para avanzar en la agenda legislativa económica pendiente

Desafiante y complejo. Así se anticipa que será marzo para la administración de Sebastián Piñera. Y no solo por los desafíos en materia política que tendrá que afrontar, sino por la agenda legislativa económica pendiente que deberán retomar las diferentes carteras.

Una de las metas del gobierno tras la vuelta del receso legislativo, es precisamente acelerar y sacar adelante la mayoría de los proyectos de ley con implicancias económicas que aún están pendientes, sobre todo aquellos que fueron presentados en medio del estallido social del pasado 18 de octubre.

Tras este episodio, la administración de Piñera, a dos años de haber asumido el poder y con disímiles avances en sus proyectos de ley enviados al Congreso, decidió dar un viraje en materia de políticas públicas e incorporar mayores grados de componente social en sus iniciativas legislativas. Así proyectos icónicos de su campaña como lo fueron la modernización tributaria o la reforma al sistema de pensiones, -cuestionados abiertamente por exautoridades- sufrieron cambios estructurales significativos, y ahora se presentan como una versión equidistante de lo que en principio se planteó.

"Marzo es una gran oportunidad para seguir avanzando en las iniciativas de la Agenda Social que están en sintonía con las necesidades de los ciudadanos. Nuestro llamado al Congreso es a seguir la senda del diálogo para atender a la brevedad posible las prioridades de los chilenos mediante respuestas concretas como la aprobación de estos proyectos", refirió el ministro de la Secretaría General de la Presidencia Felipe Ward sobre lo que se aproxima.

Son varios los desafíos pendientes. Por el lado del Ministerio de Economía, en marzo deberán ingresar los proyectos de ley enmarcados en la Agenda Antiabusos y de Protección al Consumidor, que, en concreto están dirigidos a aumentar las penas por colusión, potenciar la figura del denunciante anónimo y fortalecer el rol de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). A la par, deberá poner urgencia al proyecto que perfecciona la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y agilizar otras ocho iniciativas que lidera la cartera, porque solo aquel que acorta los tiempos de pago a proveedores de las empresas, conocido como ley de Pago a 30 días, logró convertirse en ley de la República.

Si bien el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, logró sacar adelante la ley corta de pensiones, aún tiene la tarea de convertir en ley el proyecto que reforma estructuralmente el sistema de pensiones vigente, que a la vuelta debería empezar a discutirse en el Senado.

Por el lado laboral, en tanto, deberá despejar su postura frente al proyecto del Partido Comunista que rebaja la jornada laboral ordinaria a 40 horas, que se encuentra en segundo trámite en el Senado. Además, debe buscar convertir en ley algunos de los proyectos emblemáticos de la hoja de ruta laboral del gobierno, como Sala Cuna Universal, Modernización de la Dirección del Trabajo y del Sence, e incluso el de protección al empleo y fortalecimiento al Seguro de Cesantía que aún no empieza a discutirse.

Desarrollo Social, en tanto, deberá sacar adelante el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado, y el Ministerio de Hacienda, tras el despacho de la reforma tributaria, deberá agilizar el de portabilidad financiera e introducir al Congreso el que crea un registro consolidado de la deuda, y, a la par, trabajar en el proyecto que crea un nuevo estatuto para el empleo público.

"Las primeras semanas de marzo ingresarán estos tres proyectos", fue el compromiso que se autoimpuso el ministro de Economía, Lucas Palacios, para que sean introducidos al Congreso las iniciativas enmarcadas en la agenda antiabusos y de protección al consumidor que anunció el Presidente Piñera en diciembre pasado. Esta agenda está compuesta por tres pilares fundamentales: el primero va dirigido a aumentar las penas para colusión; el segundo crea la figura del denunciante anónimo y, finalmente, el tercero busca fortalecer el rol de la Fiscalía Nacional Económica, que ingresarán de manera separada.

La reforma al sistema de pensiones actual será uno de los ejes claves de la agenda legislativa de este gobierno. Tras el estallido, la idea original del gobierno dio un giro radical y la propuesta aumenta el porcentaje de cotización adicional a 6%, y establece una mixtura entre el sistema de capitalización individual y un nuevo formato de ahorro colectivo. Así la cotización se dividirá en partes iguales: 3% irá a la cuenta individual, y 3% al ahorro colectivo. También incorpora un nuevo actor para el manejo de los fondos. La nueva propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y a partir de marzo debe analizarse en el Senado.

Los tiempos son cortos, y 40 horas sigue avanzando en su segundo trámite legislativo en el Senado. Ante esto el gobierno deberá definir qué hará frente a la escalada del proyecto comunista, si lo apadrinará vía indicación o persistirá en su idea de recurrir al Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el proyecto que establece el derecho universal a la Sala Cuna, se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado sin ningún avance legislativo.  En tanto, el proyecto de Protección al empleo y fortalecimiento del Seguro de Cesantía debería empezar a discutirse en marzo según los plazos autoimpuestos por Trabajo.

El proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado que lidera el Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte de la agenda social de Piñera en tiempos de crisis, se encuentra en su fase final de tramitación en el Congreso. Este proyecto establece un subsidio en torno a $59.200 al trabajador cuya remuneración bruta sea de hasta $380 mil, por lo que al recibir este aporte terminará recibiendo un monto líquido de $301 mil. Según las estimaciones de Desarrollo Social, el programa beneficiará a cerca de 670 mil trabajadores de bajos ingresos a nivel nacional.

La creación de un registro consolidado de la deuda es una de las tareas pendientes del gobierno y que fue retomada luego del 18 de octubre.

La iniciativa que lideran en conjunto los ministerios de Hacienda y de Economía apunta a la creación de un registro único en que el que se consolide toda la información financiera de las personas.  De acuerdo con el ministro de Economía, Lucas Palacios, la iniciativa que entraría al Congreso en marzo, busca hacer más expedita la identificación del estado monetario de una persona a la hora de solicitar un crédito ante una institución financiera.