Más de 10 mil clientes del BCI recibirán devoluciones por cobros indebidos: entidad deberá desembolsar $7.200 millones

BCI

El acuerdo, al que se llegó tras la presentación de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) del Sernac, y que ya fue aprobado por la justicia, implica que 10.350 consumidores recibirán una devolución de su dinero que en promedio llega a $620 mil entre el 1 de julio de 2020 y el 18 de enero de 2023.


Tras un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) del Sernac, el Banco BCI deberá restituir a los consumidores que fueron afectados por cobros indebidos de parte de la entidad financiera por el concepto de gestiones de cobranza judicial, aplicados bajo la figura de supuestos “honorarios judiciales”.

El acuerdo, que ya fue aprobado por la justicia, implica que 10.350 consumidores que fueron perjudicados por estos cobros indebidos recibirán una devolución de su dinero que en promedio llega a $620 mil entre el 1 de julio de 2020 y el 18 de enero de 2023, lo que incluye intereses y reajustes. Esto implica un desembolso para la entidad financiera de más de $7.200 millones.

Esta gestión se inició luego de que el Sernac detectara, a través de una investigación, que BCI, BICE y Banco de Chile incluían en sus contratos una cláusula donde fijaban anticipadamente el monto de los “honorarios judiciales” y el deber del consumidor de pagarlos con ocasión de la cobranza judicial de los créditos y la celebración de los acuerdos extrajudiciales que les ponían término.

En BCI estos “honorarios” correspondían a un 15% del monto demandado, mientras que en Banco de Chile era entre 10% y 15% del total demandado, más gastos y/o costas judiciales. En el caso del Banco BICE, era el 10% de lo demandado, más los gastos y costas judiciales.

A juicio del Servicio, la inclusión de estas cláusulas y la aplicación de estos cobros no se ajustaban a lo que establece la Ley del Consumidor y atentaban en contra la buena fe, ya que no obedecen a parámetros objetivos y producían desequilibrio y perjuicio de los consumidores.

El Sernac además explicó que cuando se trata de cobranzas judiciales, los montos por concepto “honorarios judiciales” que deben pagar los consumidores a las empresas y que se pueden fijar una vez que concluye el juicio, deben ser establecidos por el juez y no arbitrariamente por las entidades financieras.

En el caso de la cobranza extrajudicial, la norma establece que las empresas sólo pueden cobrar la suma de dinero representativas del costo que ocasione las gestiones efectivamente realizadas, las que, en ningún caso, podrán exceder la escala progresiva de los porcentajes que establece la Ley del Consumidor.

Consumidores beneficiados

El acuerdo establece que BCI restituirá su dinero a todos aquellos consumidores a los que se les hubiere cobrado honorarios judiciales en el período que va desde el 1 de julio del año 2020 hasta la fecha de inicio de la etapa de implementación del acuerdo, lo que ocurrirá a partir del día 18 de enero de 2023.

En esencia, se trata de un grupo estimado de 10.350 personas, quienes recibirán un monto promedio de $620.131. Esto implica que la empresa deberá desembolsar $7.286.788.806.

Además, el acuerdo implica que la empresa deberá compensar por el costo del reclamo a todos los consumidores que acudieron al Sernac por este tema, entre el 1 de julio de 2020 y hasta el 28 de septiembre de este año, ambas fechas inclusive.

Asimismo, a través de este procedimiento, BCI se comprometió a modificar su conducta y no aplicar a futuro este tipo de cobros ilegales a través de la modificación del contrato de adhesión y anexos respectivos, e informando estos ajustes a los consumidores con contratos vigentes.

Modo de pago

El acuerdo establece que BCI deberá realizar una campaña de contactabilidad e información a los consumidores, que incluye correos electrónicos, mensajes de texto o carta a la dirección postal del beneficiario. Además de las comunicaciones individuales, el banco publicará en su sitio web la resolución que contiene el acuerdo alcanzado con el Servicio.

Una vez realizado el proceso de información, se procederá al pago del dinero. Los mecanismos establecidos para el pago del dinero serán los siguientes: si el consumidor beneficiado mantiene una deuda morosa (ya sea vencida o castigada), se descontará el monto de la restitución. Si quedara un monto a favor del consumidor beneficiario, le será transferido.

En segundo lugar, si el consumidor no tiene deuda morosa, BCI transferirá el monto que le corresponda, ya sea de restitución y/o compensación en alguna de las cuentas que el cliente mantenga con el banco. También, si la persona actualmente no tiene cuenta con Banco BCI, la entidad financiera se comunicará con el consumidor para solicitar los antecedentes y proceder al pago, a través de una transferencia electrónica. Por último, en caso que no sea posible realizar el pago a través de los mecanismos indicados anteriormente, la entidad financiera emitirá un vale vista electrónico para ser retirado por el beneficiario en cualquiera de las sucursales, informándole de esta situación a través de correo electrónico, SMS, mensajería instantánea o carta a la dirección postal.

Banco BICE y Banco de Chile

El primer acuerdo se alcanzó con el Banco BICE que, tras ser informado por parte el Sernac de estos hallazgos, a fines de noviembre de 2021, solicitó el inicio de un Procedimiento Voluntario Colectivo, presentando una propuesta de solución, comprometiéndose a restituir el dinero a los 28 consumidores afectados por un monto total de $12 millones aproximadamente, y a ajustar sus contratos de adhesión.

Además de BCI y del BICE, el organismo detectó que Banco de Chile aplicaba este tipo de cobros ilegales. No obstante, dicha entidad financiera no estuvo dispuesta a buscar una solución extrajudicial, por lo que fue demandada colectivamente en febrero de este año 2022. Actualmente, esta demanda se encuentra en tramitación en los tribunales de justicia.

Declaración de BCI

Por su parte, sobre el Procedimiento Voluntario Colectivo, BCI señaló mediante un comunicado que lo que originó este caso habría sido una diferencia entre las partes sobre la interpretación de una norma y que no se habría producido ninguna infracción.

A ello agregó que tomó el camino de este acuerdo en el entendido de que “siempre ha actuado de buena fe y es del mejor interés de los clientes llegar a una solución lo antes posible”.

“Los montos que serán devueltos corresponden exclusivamente a cargos por gastos de cobranzas judiciales en los que debió incurrir el banco en casos de clientes que incumplieron obligaciones pactadas entre las partes. Dichos clientes representan el 0,2% del total del banco y son una excepción, ya que, si una persona tiene problemas para ponerse al día financieramente, el banco analiza el caso para ofrecerle facilidades de pago, como prórrogas, nuevos plazos y rebaja de cuotas, que le permitan regularizar su situación”, afirmó la entidad.

Finalmente, aseguraron que los clientes contemplados en el PVC serán contactados por BCI para la devolución.

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