Siempre existe la tentación de solucionar cualquier problema destinándole más recursos. Esta es una tentación que está presente en el sector privado y en el sector público, pero en este último es mayor ya que los recursos a los que normalmente se les echa mano son de terceros, es decir, de los contribuyentes.

La calidad de vida de la inmensa mayoría de los chilenos depende en gran medida en su experiencia diaria como usuarios de los servicios públicos de salud, seguridad, educación y transporte. Lamentablemente, en cada una de estas áreas los resultados no son los que nuestros compatriotas merecen.

Durante décadas hemos visto como a cada una de estas áreas se les han destinado enormes cantidades de recursos sin que los chilenos mejoren significativamente su calidad de vida y deban seguir enfrentándose todos los días a la inseguridad en sus barrios, a las listas de esperas y trato poco digno en salud, a un sistema de transporte que los priva de innumerables horas de descanso o de compartir con su familia y de una educación escolar que no prepara a sus hijos para empleos de mayor productividad y que sean fuente de esperanza de un futuro mejor.

Hay un factor común. En todas estas áreas el sector público es un gran proveedor de estos servicios y no ha puesto el énfasis en medir, evaluar y dar cuenta a todos los chilenos de la calidad de su gestión.

Todos recordamos innumerables anuncios hechos por distintos gobiernos de millonarias inversiones en hospitales, de grandes aumentos de dotación en carabineros y de importantes mejoras de sueldos a los profesores. Todo esto está muy bien y es necesario, sin embargo, igualmente importante y necesario es que el Estado de Chile asuma el compromiso de utilizar esos recursos en forma efectiva y eficiente para mejorarle la calidad de vida a los chilenos. Sin este compromiso no habrá nivel de impuestos que alcance para satisfacer el justo anhelo de vivir en paz y tranquilidad, de acceder a una atención de salud digna y oportuna, a una educación de calidad para nuestros hijos y a un sistema de transporte que no le reste horas innecesarias al descanso y a la vida familiar. El primer paso es contar con información transparente que permita contrastar la gestión de hospitales, consultorios y escuelas públicas, además de la de las policías y sistemas de transporte público.

Un cambio de esta naturaleza, sin duda traerá costos políticos que pueden ser importantes, ya que romperá un statu quo al que por décadas están acostumbrados los distintos actores involucrados. Sin embargo, evitar este costo solo significará no avanzar significativamente en mejorar la calidad de vida de la mayoría de los chilenos y de paso seguir aumentando la carga tributaria volviendo a nuestra economía menos competitiva y dificultando así el progreso de todos los chilenos.

Sembrar la semilla de un cambio cultural de envergadura que convierta al Estado de Chile en uno con una gestión transparente y eficiente que esté verdaderamente comprometida en mejorarle la calidad de vida a los millones de chilenos que día a día interactúan con los servicios provistos o financiados por el Estado, solo depende de la voluntad política del gobierno y podría ser su gran legado y el que permita convertirnos, por fin, en una sociedad verdaderamente desarrollada.