La creciente llegada de población extranjera a Chile está tensionando la respuesta de las políticas públicas del país. Si en 2013 había 315.826, en 2017 subió a 839.428 y ahora se elevó a 1.628.223. Según las cifras de la encuesta Casen entre 2013 y 2022 la proporción de personas extranjeras aumentó significativamente de 1,8% a 8,2% del total de la población.

Junto con este aumento total de la población inmigrantes, también hubo un cambio en la composición en la última década. Antes del incremento del flujo migratorio, que comenzó en 2016, las personas de nacionalidad peruana representaban 40,1% de la población extranjera en Chile. Sin embargo, en 2022 la relevancia de este grupo se reduce a solamente el 13,7%. Esta contracción se explica principalmente por el aumento de la población venezolana la cual pasó de representar 2% en 2013, al 51,1% del total de la población extranjera residente en el territorio nacional en 2022.

En el caso de la población de Haití, hubo un incremento importante entre 2013 y 2017, pasando de representar un 2,6% del total al 11,7%, sin embargo, para 2022 se reduce a 6,4% del total de inmigrantes.

De acuerdo a un análisis realizado por José Acuña, investigador, y Andrés Hernando, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), esto se explica potencialmente, entre otros motivos, porque a partir de 2018 se empezó un proceso de regularización y modificación en la forma de obtención de las visas, sobre todo para haitianos y venezolanos. Eso sí, las visas especiales para esos dos países ya no se están entregando.

Debido a este explosivo aumento de población extranjera que recibió Chile, el OCEC-UDP en base a datos de la encuesta Casen 2022 analiza si las características de los extranjeros llegados al país varían según el momento de su llegada a Chile y se ven efectivamente cambios relevantes.

Lo primero que se analiza son las variables socioeconómicas, en las que se puede ver que los extranjeros que llegaron recientemente se encuentran en una peor situación respecto de aquellos que llevan más tiempo en Chile. Por ejemplo, si se analiza la prevalencia de pobreza de extranjeros según año de llegada, los que llegaron a partir de 2020 presentan un porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos muy superior respecto de personas que llegaron de antes.

Así, según el análisis, para los extranjeros que llegaron entre 2015 y 2019, la pobreza por ingresos es relativamente estable en torno al 9%. Sin embargo, para los que llegaron a Chile entre 2020 y 2022, las tasas de pobreza superan los dos dígitos llegando a 18,2% en el caso de los que llegaron en 2022.

Respecto a este punto, el informe argumenta que “este resultado podría estar asociado con el hecho de que la pobreza por ingresos tiene un importante componente coyuntural, es decir, que puede variar mucho de un año a otro. Además, las dificultades para acceder al mercado laboral formal, especialmente para los que llegaron recién, también puede explicar tasas de pobreza por ingresos más altas en ese grupo en particular”.

En cuanto a la pobreza multidimensional, que recoge aspectos que caracterizan la situación de carencia en los hogares, las diferencias son aún más pronunciadas según año de llegada al país. Para los extranjeros que llegaron entre 2015 y 2019, la prevalencia de pobreza multidimensional es relativamente homogénea, con tasas de 16,7% y 22,2%. Sin embargo, la situación para los llegados entre 2020 y 2022 es mucho peor. Para los que llegaron el 2020, el nivel de pobreza multidimensional es de 38,2%, mientras que para los que llegaron entre 2021 y 2022 esta cifra asciende 57,6% y 62%, respectivamente.

Otra de las variables que permite determinar cómo se ha ido deteriorando el poder adquisitivo de los inmigrantes en el país es revisando el acceso a la seguridad social, tanto en lo que se refiere a cotización en el sistema de salud como de pensiones.

En este caso, los resultados del análisis muestran que de los extranjeros que llegaron en 2020 o después, el 46,2% declara no pertenecer a ningún sistema de salud, a diferencia de los otros grupos de extranjeros que llegaron en años anteriores cuya prevalencia es mucho más baja: 4,5% en el caso de los que llegaron antes de 2015 y 6,3% para los que llegaron entre 2015 y 2019.

Respecto a las cotizaciones del sistema de pensiones, el 70,4% de los ocupados extranjeros que llegaron en 2020 o después no cotiza en este sistema, mientras que para los que llegaron antes de 201 la prevalencia es de 27,4% y entre 2015 y 2019 de 19,4%.

En los distintos análisis que se han hecho para caracterizar a los extranjeros en Chile está instalado que tienen, en general, un nivel educacional más alto que el de los nacionales. Si bien eso se mantiene, disminuye la brecha según el año de llegada de los inmigrantes.

La población chilena mayor de 18 años tiene un promedio de 11,9 años de educación, mientras que para los extranjeros llegados antes de 2015 los años de escolaridad era de 12,6, luego para el período 2015-2019 subió a 13,7 años, y para quienes llegaron a partir de 2020 esta baja a 12,7.

En el informe también se analiza si cuentan con educación superior completa. Acá se incluyen personas con educación técnico superior completa, educación profesional completa y educación de posgrado, completa o incompleta.

Para los chilenos el porcentaje es de 25,5%, en cambio, para los migrantes llegados antes de 2015 el porcentaje alcanza el 25,3%, entre 2015-2019 sube a 41,4% y luego vuelve a bajar para quienes llegaron desde 2020 a 27,1%.

Respecto a condiciones de hacinamiento, el análisis advierte un mismo patrón observado en las otras variables. “Las diferencias entre grupos es bastante marcada. Mientras más reciente fue la llegada a Chile aumentan las condiciones de hacinamiento”, dice el reporte. En ese sentido, se añade que para las personas que llegaron antes de 2015, el 13,8% viven en condiciones de hacinamiento. Por su parte, entre quienes llegaron entre 2015 y 2019, la cifra asciende a 21,7% y a 35,5%, para los que llegaron de 2020 en adelante. Para efectos de la comparación, entre los no migrantes, la tasa de hacinamiento llega al 5,7%.

“Las explicaciones para este fenómeno son bastante intuitivas: los grupos recién llegados tienen más problemas para encontrar una vivienda, acceder a arriendos o para pagarlos, y deben con mayor frecuencia recurrir a unidades compartidas entre múltiples hogares”, puntualizan en el documento.

Otra variable estudiada son los ingresos autónomos. Los extranjeros que llegaron en 2020 o después tienen un 38% menos de ingresos autónomos per cápita que los que llegaron antes de 2015 y es el único grupo que se sitúa por debajo del nivel de ingreso autónomo de los chilenos. Mientras que los ingresos autónomos de los que llegaron entre 2015 a 2019 son solo 13% menores que los que llegaron antes de 2015.

Hernando afirma que esta “ola” migratoria generará mayores presiones a las políticas públicas. “El que estén más expuestos en términos de pobreza por ingresos, pero sobre todo de pobreza multidimensional, implica un nivel de exposición y de vulnerabilidad muy importante que tensiona la capacidad de nuestros sistemas públicos y privados de protección”.

En su análisis menciona como un desafío de política pública el acceso a un número de identificación nacional, “dado que este es un instrumento necesario para acceder a todos los servicios básicos como salud y educación”. Dada esta situación, dice que “los recién llegados se ven muy afectados por la dificultad de acceder al sistema de identificación nacional”.

Asimismo, subraya que, si bien los nuevos migrantes son menos educados que aquellos que llegaron en la primera ola, aún son más educados que la población nativa. “El desafío es para los sistemas de homologación, facilitando mejores emparejamientos entre habilidades y oportunidades laborales de modo que la sociedad completa pueda beneficiarse de sus habilidades y capacidades”.

El hecho de que no exista una capacidad instalada de políticas públicas para hacer frente a esta nueva ola migratoria genera algunos riesgos y según Hernando, “algunos ya los estamos experimentando. Precarización, conflictos con la población local y rechazo. Estos problemas son multicausales y no tenemos buenas respuestas respecto a cómo ajustarlos”, puntualiza. Por ello, apunta que “es importante conectar a los actores que definen la política pública con los académicos que estudian este tipo de problemas y conocen las soluciones que se han ensayado en otras sociedades que han experimentado fenómenos migratorios como el que enfrenta hoy Chile y que es inédito para el país”.