Matías Acevedo y normas sobre fundaciones en último Presupuesto: “Van más allá de lo que sugiere un proceso de descentralización”

Una serie de modificaciones se realizaron en el marco de la elaboración del Presupuesto de la Nación 2023, aprobado en 2022, en el que la Dirección de Presupuestos (Dipres), encabezada por Javiera Martínez, estableció nuevas normas respecto de las capacidades de los gobiernos regionales en cuanto a autonomía y en la ejecución de sus presupuestos.

Según consignó La Segunda este lunes, durante la tramitación del actual erario fiscal hubo tres novedades respecto de los recursos con los que cuentan los gobiernos regionales: primero, los recursos transferidos se entenderán como ejecutados; segundo, para recibir los recursos las fundaciones sin fines de lucro ya no requerirán de dos años de experiencia, y tercero, se abre la cancha para transferencias a fundaciones sin fines de lucro hacia nuevas actividades.

El exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, sostiene al respecto que “tenemos que avanzar en descentralización, pero no a cualquier costo”, y que el precio “que estamos pagando hoy ” por dichas medidas “es demasiado alto, tenemos que cuidar todos los pesos. En ese contexto, las normas con las cuales se aprobó el Presupuesto en 2022, van más allá de lo que sugiere un proceso de descentralización”.

¿Estas medidas implicaron una relajación de los controles de la Dipres?

-Aparentemente se relajaron criterios para elegir a las fundaciones y se eliminaron otros criterios de antigüedad. Además, se dio por ejecutado el gasto una vez que se asignaban los recursos. Es una muestra de que la ejecución se transformó en un fin en sí mismo. Cómo va a ser posible que se ejecute algo sólo transfiriéndolo a las cuentas corrientes. Se puede avanzar en descentralización, pero sin desconocer las capacidades de las regiones para poder ejecutar los recursos, y sin desconocer tampoco la responsabilidad que tiene cualquier autoridad de velar por el buen uso de los recursos públicos.

¿Qué mejoraría en esta materia?

-Para poner esto en contexto, estas medidas en particulares refieren a los gobiernos regionales, que históricamente han tenido problemas de ejecución, principalmente del gasto relacionado a la inversión. En los gobierno regionales hay mucha disparidad en las capacidades. Solamente como un ejemplo, en 2022 en promedio ejecutaron el 30% del presupuesto en un solo mes, diciembre. Y algunos incluso ejecutaron el 44%. Hay varios gobiernos regionales que no tienen la robustez institucional para administrar adecuadamente los recursos y, por lo tanto, para avanzar en entregar más atribuciones, lo cual parece un objetivo loable o deseable. El Ejecutivo debe corregir estas deficiencias.

¿Considera, entonces, que actualmente la Dipres no tiene un buen control respecto de estos gastos?

-Hoy es menos que antes. Este avance en descentralización, ha implicado que básicamente se crean programas presupuestarios iniciales para los gobiernos regionales, donde la Dipres, de alguna manera, pasa a ser un trámite administrativo y, aparentemente, no me consta, sin poder pronunciarse sobre el mérito de lo que se está haciendo, lo que me parece un error. Si el día de mañana llega un proyecto, cuyas características están por sobre los valores de mercado, la Dipres siempre tiene que guardarse el derecho a no aprobar esa modificación presupuestaria. De lo contrario, pasaría a ser un buzón de los gobiernos regionales, y creo que eso va en contra de su rol, que es velar por el buen uso de los recursos públicos.

Más allá del espíritu de las modificaciones, ¿estuvieron mal concebidas?

-Uno puede avanzar en descentralización, pero no se pueden relajar los controles, siempre se debe tener presente que parte de la responsabilidad, al ser parte de la administración del Presupuesto, es velar por el buen uso de los recursos. Si veo que me están pidiendo reasignaciones, sólo por el hecho de ejecutar el Presupuesto, o bien me están pidiendo decretos para asignar recursos a un proyecto que tiene valores muy superiores a los de mercado, tengo el legítimo derecho de parar ese proyecto. Y si eso tiene consecuencias administrativas, creo que es mejor advertirlo a ser parte de esta transferencia de recursos que estamos viendo hoy.

¿Cómo debiera ser el mecanismo para parar eso?

-Son los gobiernos regionales los primeros responsables en asignar los recursos a entidades que sean capaces de ejecutarlos. Pero podría ser una normativa más amplia de trasferencias, en la que las transferencias sean entregadas por concurso, que haya un control de las rendiciones, que las entidades tengan un mínimo de experiencia para poder participar. Con todo eso, hay una parte importante que podría estar más controlado. Ahora, acá hay otra arista, y son las personas. No se necesita un curso de la Contraloría para saber que no deben entregar recursos a la entidad o fundación donde trabajaste el mes anterior. Esos son problemas de selección de personas, tiene que haber un criterio mínimo de selección, y creo que acá ha sido el principal factor, no la regulación. Hay un reforma al empleo público en la que se debe trabajar.

¿Qué le ha parecido el rol de Javiera Martínez en la Dipres?

-Ser director de Presupuestos es uno de los trabajos más complejos que existe en el Estado, y cualquier evaluación debe ser hecha en ese contexto. Todavía lleva poco tiempo para hacer una evaluación, pero hay dos cosas donde veo errores, pero que también se han corregido. La primera, fue frenar el pago centralizado de facturas para proveedores pymes, que reducía el pago de 90 a menos de 30 días. Pero en este caso (de los traspasos a fundaciones), más que un error, tienen una oportunidad: bajar los criterios de la glosa no fue adecuado, y eso se debiera corregir en el Presupuesto 2024. Creo que tienen una oportunidad para hacer una buena reforma al sistema de transferencias.