EL 9 de octubre pasado, Ximena Cousiño Prieto, esposa del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, ingresó al Sistema de Concesiones Marítimas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, una solicitud para regularizar una serie de instalaciones que tienen en su casa en el sector de Quillaico en el Lago Ranco. La idea -se lee en el documento- es "dar apoyo náutico a una propiedad privada, sin fines de lucro, haciendo uso de dos mejoras fiscales, consistentes en dos rampas y permitir el fondeo de amarre para embarcaciones menores". Tales instalaciones se habían construido hace más de diez años y nunca se habían inscrito. Existía, de acuerdo a la normativa, una ocupación ilegal desde el 1 de junio de 2008, y nunca habían tenido un problema. Pero hace un año, tal panorama cambió.

El 6 de febrero de 2019 se viralizó un video que mostraba a Pérez Cruz expulsando a tres mujeres de lo que llamó "su jardín", a orillas del lago. El empresario recibió críticas transversales por el hecho, incluidas autoridades. El Ministerio de Bienes Nacionales encargó un informe que estableció que el área donde se había producido el incidente era de uso público, y el presidente de Gasco -al igual que muchos otros propietarios- al parecer se enteró en ese momento que su propiedad no terminaba en el lago.

Y es que la ley es clara, aunque aparentemente desconocida: entre la línea de baja y alta marea (en el caso del mar) y de aguas mínimas y máximas (en el de lagos y ríos) es Bien Nacional de Uso Público o playa, no objeto de apropiación. Y entre la alta marea y 80 metros hacia la tierra es terreno fiscal. Sin embargo, en aquellos títulos de dominio en que señalan como deslinde el océano, la bahía, el mar o el lago, no se generan los 80 metros; el límite entonces es solo la alta marea, por lo que la orilla del lago no es "antejardín" de nadie. Aun más, el 20 de febrero de 2019 -a días de viralizado el video- la Capitanía de Puerto de Lago Ranco fiscalizó la propiedad de Pérez Cruz, puntualmente la situación de dos rampas que llegaban al agua. Ahí se percataron que, además, no tenía ningún permiso para poder construir. La ley exige que toda persona que quiera hacer cualquier tipo de construcción entre las aguas mínimas y máximas, debe contar con una concesión marítima que implica un arriendo mensual por tal autorización, lo que, de nuevo, muchos propietarios parecían desconocer.

Dado lo anterior, durante buena parte del año pasado la familia Pérez Cruz estuvo delineando los límites exactos para solicitar las autorizaciones correspondientes. En cinco páginas con el detalle de cada coordenada y deslinde, más fotos, planos, etc., describieron la solicitud. Así, recién a comienzos de octubre presentaron los documentos para obtener los permisos. Hoy, tal trámite aún no obtiene el visto bueno de la autoridad. Hace una semana, la Capitanía de Puerto estaba a la espera de nuevos antecedentes.

Producto de la ocupación ilegal por más de diez años, Pérez Cruz deberá pagar una multa. La normativa establece que una vez que se le otorgue la concesión marítima, como retribución tendrá que cancelar, en conjunto con la primera renta, la tarifa que corresponda al lapso de la ocupación ilegal con un máximo de cinco años. El monto -señalan desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas- aún no está determinado. Se fijará en el mismo decreto de otorgamiento.

El comienzo de 2019 no fue fácil para la familia Pérez Cruz. El episodio con las tres mujeres tuvo al empresario -caracterizado por su bajo perfil- en la palestra todo el verano. Y no fueron pocos los que lo cuestionaron duramente. Él catalogó lo sucedido como ataques "arteros", e incluso mandó un whatsapp a sus más cercanos, asegurando estar siendo funado y denostado "de manera grosera" en redes sociales. "Nada puedo hacer al respecto (...) Estoy muy tranquilo y pondré la otra mejilla", subrayó en esa ocasión.

Cercanos que tuvieron contacto con él señalan que, en un comienzo, la reacción fue replegarse. El video y las fotos de lo sucedido circulaban por todas las redes sociales, por lo que la exposición no era una alternativa. Sin embargo, indican que al poco andar Pérez Cruz retomó su rutina habitual. De hecho, estuvo presente en eventos organizados por la Corporación de Amigos de Lago Ranco, días después de los hechos, y asistió al Teatro El Lago -del cual es patrocinador- semanas después de lo sucedido.

Fuentes conocedoras de los hechos precisan que él siempre ha defendido su actuar, manifestando que la petición a abandonar el lugar a las tres visitantes fue en buenos términos, y que, por tanto, el nivel de las críticas fue excesiva. Y así lo ha repetido en varias ocasiones, porque -aseveran personas que han tenido contacto con él- no evade el tema... tampoco le incomoda. Lo habla de frente y tranquilo, indican. De todos modos, reconoce -según quienes han conversado con él- que fue un momento duro para su familia, aunque ha dicho que finalmente terminó en algo positivo, porque los unió mucho más.

En cuanto a su propiedad en Ranco, esta sigue tal cual en la zona aledaña a la orilla del lago, hasta donde se puede observar a simple vista. No se construyó un cerco, ni una división. Nada.

Hoy, su principal preocupación -confirman cercanos- es la situación del país. A su juicio, el Estado de derecho se ha visto vulnerado, y lo acaecido con él sería ejemplo de ello.

Lo sucedido con el empresario también salpicó a varios de sus vecinos en Ranco. El mismo 20 de febrero de 2019, la Capitanía de Puerto llegó a las instalaciones de otros particulares de la zona, como Fernando Santibáñez Carrasco y Pablo Hurtado Echeverría, según el detalle pedido por Transparencia. Ambas fiscalizaciones mostraron reparos. Y hoy, el primero de ellos está en proceso de regularización, mientras que el segundo determinó que las obras no utilizadas pasarán a mejora fiscal. Aconteció lo mismo con una decena de personas más solo en Ranco, ya que las fiscalizaciones se dispararon (ver nota secundaria).

Pese a las críticas de distintos sectores, en el mundo empresarial varios actores respaldan a Matías Pérez Cruz. De hecho, uno que lo conoce bien -pero que pide hablar en off the record- lo defiende: "Él cayó redondo con conceptos antiguos, muy generalizados, de que los ribereños tenían derechos más allá de lo que hoy se interpreta que establece la ley", sostiene. En general, fueron situaciones menores donde se vio emplazado directamente.

En ese sentido, conocido fue lo sucedido en el marco de una de las reuniones de Sofofa en octubre pasado. En la oportunidad, Matías Pérez Cruz, sin dar nombres, dijo estar molesto con lo que calificó como el oportunismo y la moralina con que había actuado un empresario al proponer por redes sociales un sueldo mínimo de $500.000 para los empleados de sus compañías, lo que se entendió aludía a lo anunciado por Andrónico Luksic. Sostuvo que él, de hecho, había llamado a su gerente general y este le había confirmado que nadie de su empresa ganaba menos de eso. Y añadió que no solo le preocupaba el sueldo, sino también el buen trato que debían recibir sus trabajadores. A renglón seguido, el gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, defendió la labor de Luksic. Dijo no compartir los dichos previos y subrayó, según un presente en el encuentro, que le parecería interesante saber si ese consejero aplicaba el buen trato solo en su hora laboral o también en su tiempo de descanso cuando echaba a las personas que ocupaban la playa aledaña a su casa. En su momento, tras ser contactado por ese episodio, Pérez Cruz aseguró escuetamente "no haber tenido un intercambio con nadie".

Es que para quienes lo frecuentan, el presidente de Gasco es muy fuerte. "No le entran balas", dice un conocido, por lo que a tales cosas no les da importancia. Tal es así, que en noviembre pasado, después del estallido social, asistió con toda su familia al Teatro Municipal a ver dos funciones de la ópera Fausto -una con reparto nacional y la otra con reparto internacional-. Llegó caminando, ante lo cual, otros asistentes le hicieron ver a lo que se exponía. Su respuesta fue directa y clara: "Estamos en un país libre y democrático", habría señalado, según las fuentes consultadas.

El año lo cerró, como es tradición, entregando el 17 de diciembre el premio Pablo Pérez Zañartu, en honor a su padre. En la oportunidad, el reconocimiento recayó en la Corporación La Esperanza, ligada a Jaime Orpis.P

EL llamado caso Pérez Cruz no solo repercutió en la vida de su protagonista. Durante 2019, fueron cientos las ocupaciones ilegales -es decir, sin concesión marítima- detectadas en la zona. Según detalla el subsecretario para las FF.AA., Alfonso Vargas, la Capitanía de Puerto de Lago Ranco realizó 58 fiscalizaciones de concesiones marítimas -un 20% más que hace un año-, lo que permitió controlar 16 concesiones marítimas vigentes y constatar la existencia de 118 ocupaciones ilegales en el borde del lago, encontrándose actualmente en proceso de notificación para iniciar su regularización. "La Capitanía de Puerto de Lago Ranco durante el año 2019 y en lo que va del 2020 ha realizado una intensa campaña en busca de la regularización de ocupaciones ilegales en su jurisdicción", señala. Y añade: "A la fecha se ha iniciado el proceso de regularización en 19 casos de ocupaciones ilegales y no se registran sanciones ni multas".

Y las fiscalizaciones no han sido las únicas que se han incrementado. Bienes Nacionales revela que si en enero de 2018 los reclamos por problemas de acceso a playas de lagos en La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos eran solo 8, en 2019 estos subieron a 31, y en 2020 alcanzaron los 52. "Mucha gente que antes creía que un terreno colindaba con el lago, hoy tiene conciencia que las playas son de todos", dice el ministro de la cartera, Julio Isamit.

Tal visión se condice con lo que plantea el alcalde de Lago Ranco, Miguel Meza: "Tras ese episodio las denuncias crecieron de una manera considerable", subraya. Y agrega que en octubre armaron una mesa de borde costero, encabezada por el gobernador de la provincia de Ranco, Alonso Pérez de Arce, con el municipio de Futrono, La Unión y Ranco, además de los servicios. Y si bien Meza critica la ausencia de los alcaldes de las otras comunas en todas las reuniones que se han hecho, precisa que ya se definió el desarrollo de una ordenanza de uso lacustre que -entre otras cosas- les permitirá notificar a los propietarios respecto a la instalación irregular de cercos.

Aún más. En septiembre del año pasado el Ministerio de Bienes Nacionales firmó un convenio con la Universidad de Chile. ¿La finalidad? Determinar, por primera vez, la ribera de 78 lagos de Chile. A raíz del caso Pérez Cruz, el titular de ese entonces, Felipe Ward, se había comprometido a trabajar a fin de proyectar, en todo el borde costero, un límite claro entre la playa y la propiedad privada. Y así fue. En diciembre, tal reporte estuvo listo.

Isamit cuenta que mediante imágenes satelitales se pudieron determinar las líneas del nivel mínimo y máximo de las aguas de cada lago, y así identificar las playas existentes en la orilla de cada uno de estos. "Hemos avanzado sustancialmente en proyectar los límites entre las playas de los 78 lagos navegables de Chile, y la propiedad privada", enfatiza. Y agrega: "A lo largo de todo el país hemos dispuesto de fiscalizadores apoyados por drones, que se han desplegado en terreno para garantizar el derecho de libre acceso a las playas y proveernos de información necesaria para tal fin". De hecho, se determinaron 16 lagos prioritarios que son los más demandados por la ciudadanía, entre los que justamente está Ranco, además de Vichuquén, Budi, Colico, Caburga, Villarrica, Huilipilún, Riñihue, Todos Los Santos, Puyehue, Calafquén, Llanquihue, Panguipulli, Pirihueico, Elizalde y General Carrera. Isamit explica que así, cualquier privado puede acercarse si tiene dudas con el límite de su propiedad. Hasta ahora, sin embargo, ninguno ha presentado tal inquietud.